Dos parcelas abandonadas resaltan entre gigantescos cultivos de limón y plátano en Apatzingán, México. Sus dueños alistaban la tierra para sembrar, pero prefirieron irse cuando el crimen organizado llegó a extorsionarlos.
En este municipio agrícola del estado de Michoacán (oeste), como en otros muchos de México, los criminales actúan como verdaderas fuerzas del mercado al imponer cuotas a productores e intermediarios, que golpean el bolsillo de millones de consumidores.
La amenaza es tal que los cargamentos de limón salen escoltados por la policía hacia diferentes lugares del país, observó la AFP durante un recorrido por la zona. La situación ha disparado los precios. Pese al aumento de la producción nacional y a que la inflación se desaceleró hasta 4,44 % en septiembre, el precio de la fruta subió 58,5 % en el último año, según el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).
“Está por las nubes, compro nada más la cantidad que voy a ocupar en la semana, cuatro o cinco piezas y no más”, dice Gabriela Jacobo, ama de casa de 53 años, en Morelia, capital de Michoacán, a solo dos horas por carretera de Apatzingán. El sacrificio es mayúsculo en un país donde el limón reina en su gastronomía.
La escalada se siente en Ciudad de México, que suele ver lejana la violencia del narco y recibe producción de varias regiones. El precio se duplicó a casi 4,5 dólares por kilo en agosto. “No es por un tema de oferta”, sino por las extorsiones, explica Juan Carlos Anaya, analista de la consultora GCMA, que monitorea el sector.
Tan extenso como Costa Rica, Michoacán está asolado por el cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) - principal mafia mexicana - y grupos como Los Viagras y La Familia Michoacana, que además de las rutas del narcotráfico se pelean el “cobro de piso” o extorsión. Los productores deben dar el equivalente a 11 centavos de dólar por cada kilo que venden a las empacadoras. Parecería irrisorio, pero la región puede producir diariamente unas 900 toneladas del fruto.
“Ellos (los criminales) tenían sus broncas y a uno lo dejaban trabajar. Ahora es ‘no te dejo ni trabajar’”, comenta un productor de Apatzingán bajo anonimato por temor a represalias. El azote se extiende a cultivadores de tomate, plátano y mango, así como a transportistas y distribuidores. “Le ponen precio a todo”, añade este empresario oculto entre árboles de limón y bajo un sol abrasador.
La extorsión y el robo le cuestan al año a las empresas del país unos 120.000 millones de pesos (6.800 millones de dólares), equivalente al 0,67 % del PIB de México, según cifras oficiales. En Chiapas (sur), donde el pasado fin de semana se vio un inédito desfile de miembros del cartel de Sinaloa, entre aplausos de pobladores, las extorsiones y la violencia han provocado desabastecimiento de víveres en comunidades fronterizas con Guatemala.
“No hay luz, no hay señal (de internet), no hay víveres, ni hay agua, ni hay gas”, declaró un poblador a la AFP. La región vive una guerra entre el cartel de Sinaloa y el CJNG, que motivó el cierre de decenas de comercios y obligó a lugareños a abastecerse en Guatemala, con mayores costos.
Incluso los insumos para las tortillas, base de la alimentación de los mexicanos, están siendo comprados en el país vecino. Ciudades como Chilpancingo (capital de Guerrero, sur) también enfrentaron en el pasado cierres masivos de pollerías tras el asesinato de granjeros y comerciantes que supuestamente rechazaron pagar extorsiones.
Una amenaza contra un inspector sanitario estadounidense en Michoacán obligó el año pasado a suspender temporalmente las exportaciones de aguacate a Estados Unidos, adonde se enviaron 100.000 toneladas solo para el guacamole que se consumió durante el Súper Tazón de 2023. Los aguacateros también han sufrido extorsiones.
Para enfrentar a la delincuencia, productores de limón como Hipólito Mora fundaron en 2013 grupos de autodefensa que terminaron acusados de nexos con criminales. Disuelta su milicia, Mora siguió denunciando con vehemencia a los narcos, pero en junio pasado fue acribillado en la comunidad de La Ruana (Michoacán), donde recientemente hubo ataques con drones.
“Estamos muy hundidos con el cartel que está allí. Nos está cobrando cuota de todo: a la canasta básica, refrescos, cervezas, pollo. Todo está muy caro a causa de ellos”, dice Guadalupe Mora, hermano de Hipólito, custodiado por varios guardaespaldas.
Con información de AFP.