La ola de protestas contra la polémica reelección del mandatario Evo Morales escala en Bolivia, donde el gobierno propuso este martes al candidato opositor Carlos Mesa sumarse a una auditoría internacional de la elección presidencial para intentar detener la violencia callejera. Luego de una jornada que dejó al menos 30 heridos, entre ellos algunos de bala, el vicepresidente Álvaro García propuso este martes a Mesa, el "candidato perdedor, que se sume a la auditoría" que estará en manos de la Organización de Estados Americanos (OEA). García detalló que la auditoría, que ya había sido acordada la semana pasada por el gobierno y la OEA y para la que aún no se divulga un cronograma, será acompañada "por México, Paraguay y Perú". Pero el nuevo llamado al opositor, hecho por García en una declaración desde la Casa de Gobierno, siguió a las denuncias de Morales la víspera señalando que seguidores de Mesa pretendían cercar este martes el despacho presidencial en el marco de las protestas iniciadas la semana pasada en gran parte del país denunciando un fraude electoral.
Este martes, la oposición "ha decidido concentrarse y cercar la Casa Grande del Pueblo", como llama Morales a la Casa de Gobierno, alertó el mandatario la noche del lunes ante una multitudinaria concentración de trabajadores y campesinos, que festejaron su triunfo electoral del 20 de octubre en El Alto, ciudad vecina de La Paz. Morales, de 60 años y en el poder desde 2006, asegura que las protestas forman parte de un plan de "golpe de Estado" en su contra que, según dijo el domingo, la oposición había decidido ejecutar como máximo este martes. Frente a esas acusaciones, Mesa, el expresidente centrista que pide la anulación de las elecciones, desafió el lunes al gobierno en una masiva concentración, especialmente de jóvenes universitarios, en un barrio acomodado de La Paz: "Aquí estoy, o voy a la cárcel o voy a la presidencia". "Mañana (martes) estaremos en el paro aquí (en La Paz), en Santa Cruz, en Cochabamba y en todo el país. Aquí estamos, no nos rendimos", manifestó Mesa, de 66 años. El líder derechista del comité cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, aliado de Mesa, llamó también a continuar una huelga, con cortes viales y manifestaciones callejeras, que se inició el miércoles pasado.
"Cercar" La Paz Los opositores cuestionan el escrutinio de los comicios del 20 de octubre, que inicialmente anticipaba un balotaje, pero que tras un silencio de 20 horas en el conteo rápido de votos anunció unos resultados que hacían presagiar una victoria de Morales en primera vuelta, lo que generó sospechas y suspicacias. La autoridad electoral terminó confirmando el triunfo del presidente días después. En La Paz, manifestantes opositores bloquearon calles y chocaron con agrupaciones de mineros y campesinos oficialistas provenientes de zonas andinas llegados para cercar la ciudad, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, y cortar el suministro de alimentos y la provisión de agua potable. "Estamos haciendo un llamado para que nuestras bases vengan y (...) aumentemos este cerco. Nosotros no vamos a aceptar que haya un golpe de Estado. Vamos a defender la democracia, el respeto al voto indígena, campesino, intercultural, contra el racismo", sostuvo Henry Nina, líder sindical oficialista. Los aliados de Morales dieron un plazo de 24 horas a los opositores para abandonar la protesta. Los cortes de calles más drásticos han sido en la zona sur de La Paz, donde habita la clase media y alta, mayoritariamente contraria a Morales. Ahí también se exacerbó la pugna racial, en un país donde las familias más pobres son indígenas.
"Las clases pudientes están enarbolando sus verdaderas luchas", afirmó Manuel Morales, de la influyente plataforma Conade, que agrupa a personalidades como el rector de la universidad estatal, Waldo Albarracín, o el exdefensor del Pueblo Waldo Villena, y organizaciones políticas de oposición, principalmente centristas. "A la larga, lo que se va a imponer es este movimiento nacional de defensa de la democracia", señaló el líder del Conade. De su lado, el ministro de Interior, Carlos Romero, dijo que los llamados de Mesa "para tomar las instituciones públicas, para desalojar al gobierno", constituyen una "convocatoria al golpe de Estado". "Antes los golpes de Estado eran con militares, (ahora son) institucionales", aseguró. La misión de observadores de la OEA, la ONU y la Unión Europea habían manifestado su apoyo a la realización de un balotaje para zanjar las diferencias.