En medio de la visita de una comisión de la CIDH a Perú para dar cuenta de la ingente crisis social que se vive en ese país, y que ha desatado una ola de protestas que ya deja cerca de una treintena de personas muertas, trascendió a través de medios locales que, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue radicado un oficio en el que se acusa a la presidenta, Dina Boluarte, y a su cabeza del consejo de ministros, Alberto Otálora, como responsables del delito de ‘genocidio’.
El oficio, radicado ante la CIDH, fue presentado por la congresista Margot Palacios, miembro de la bancada del partido Perú Libre; el mismo que había llevado al destituido presidente, Pedro Castillo, al poder.
Las razones advertidas por la legisladora para el delicado señalamiento en contra de Boluarte y Otálora se fundamentan en el elevado número de muertos que dejan las protestas, producto de los enfrentamientos que se adelantan entre protestantes y miembros de la fuerza pública en medio del estallido social.
El oficio, según detallan medios locales, fue presentado el pasado 20 de diciembre, fecha en la que comenzó la misión de observación de la CIDH que visitó el país por solicitud de la misma Boluarte.
En la queja también se menciona como responsables a otros funcionarios de la administración Boluarte, como Pedro Angulo, extitular de la PCM, y al exministro del Interior, César Cervantes.
En la lista, según detalla el diario La República, también aparecerían algunos altos mandos policiales y militares de las regiones en las que se han presentado la mayoría de los hechos violentos con desenlace mortal.
En su denuncia, la legisladora ha advertido que en el contexto actual de Perú se percibe una tangible violación de los Derechos Humanos, y la violación de varios de los artículos dispuestos en el Código Procesal Penal de ese país.
En ese sentido, la legisladora ha manifestado que es lamentable que los ciudadanos de su país tengan que trascender las situaciones del orden interno del país para buscar ayuda por parte de la justicia internacional, denunciando que los hechos violentos con efectos mortales y la represión del derecho constitucional a disentir y a la protesta, ha contado con el aval del gobierno de su país.
Sobre el particular, la denunciante también ha señalado que el contrapeso propio de la división de poderes tampoco ha sido efectiva para contrarrestar los atropellos ordenados desde el Ejecutivo, al afirmar que desde la Junta Nacional de Justicia, el Poder Judicial, y el Tribunal Constitucional, sus cabezas se han “alineado con las políticas establecidas por el Ejecutivo bajo la dirección de Dina Boluarte”.
En su pronunciamiento ante el referido órgano legal internacional, la legisladora de Perú Libre también denunció que la Fiscalía de su país se ha quedado inoperante frente a la situación, pese a la que ella denominó ‘flagrancia’ de los hechos.
Frente a ello, la legisladora acusó que existe una concertación entre la Presidencia de Boluarte y los órganos de justicia que atentan contra la ‘imparcialidad’ en el juzgamiento de los hechos denunciados y evidenciados en Perú.
Sobre Luis Alberto Otárola, uno de los señalados en la denuncia internacional, es importante notar que es el mismo que la presidenta Boluarte ha designado en días pasados como nuevo jefe de su gabinete tras el fugaz paso por el cargo del ministro Pedro Angulo.