Desde el lunes, las fuerzas policiales y un equipo especial de la Fiscalía de Perú han desencadenado una operación en múltiples sedes del Ministerio Público. El objetivo es desentrañar una presunta red de tráfico de influencias, presidida por la fiscal general Patricia Benavides, implicando a tres de sus asesores clave.
La operación, denominada ‘Valkiria V’, se centra en la investigación de una trama liderada por Benavides, donde se señala la participación de Abel Hurtado Espinoza, Miguel Ángel Girado Isidro y Jaime Villanueva Barreto, este último detenido en el transcurso del lunes.
Según las acusaciones, habrían ejercido influencia de manera irregular para la designación de diversos cargos, ampliando la trama y complicando aún más la situación en el Ministerio Público.
Estas acciones estratégicas constituyen una secuencia de movimientos en el tablero político y judicial, que abarcan desde la destitución de miembros clave de la Junta Nacional de Justicia hasta la polémica designación del Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, y culminan con la inhabilitación de Zoraida Ávalos como fiscal general en marzo de 2022.
En medio de este torbellino político, Zoraida Ávalos ha alzado su voz, denunciando que su exclusión del cargo respondió a motivaciones políticas. En particular, señala a Patricia Benavides como la fuerza impulsora detrás de esta operación.
“Hoy queda evidenciado lo que yo venía manifestando hace meses de que mi inhabilitación respondía a temas de carácter político, y que detrás de mi inhabilitación estaba la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y su entorno más cercano”, declaró la exfiscal peruana, revelando así una compleja trama de influencias y rivalidades políticas en el ámbito judicial.
Así las cosas, Ávalos ha advertido de que las investigaciones en el entorno de Benavides son un tema “muy grave” y ha instado a la Junta Nacional de Justicia a “tomar acciones”. “Se ha evidenciado que quien lideraba ese equipo era la fiscal de la nación”, ha zanjado Ávalos, instando a “suspender” a Benavides.
Durante la operación se ha intervenido en un total de seis inmuebles en los distritos de Cercado de Lima, La Molina, El Agustino y Jesús María, entre sedes de la Fiscalía y oficinas y domicilios particulares de algunos de los señalados, todos ellos en la capital peruana, informa el diario ‘La República’.
Bajo la dirección del coronel de la Policía, Harvey Colchado, y la fiscal Marita Barreto, destituida por Patricia Benavides previo al inicio de la operación, se lleva a cabo esta operación. Marita Barreto, además, está a cargo de las investigaciones contra el expresidente Pedro Castillo.
Ante su destitución y al conocerse las sospechas sobre Benavides, la fiscal Barreto ha anunciado su intención de solicitar una medida cautelar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para detener su destitución. Este acontecimiento añade una capa adicional de complejidad a un escenario ya tenso.
Por su parte, Benavides se pronunció y afirmo que a “ha sido objeto de ataques premeditados de quienes se oponen a luchar contra la impunidad y corrupción orquestada en las más altas esferas del poder. Pese a ello, el despacho de la Fiscal viene dando todas las facilidades al equipo de fiscales contra la corrupción a fin de que realicen todas las investigaciones dispuestas”, mencionó.
*Con información de Europa Press.