La Fiscalía de Perú incluyó a la exministra de Trabajo Betssy Chávez y al exministro de Producción, Jorge Prado, en la investigación contra el expresidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada, según fuentes del medio de comunicación El Comercio.
Asimismo, otros 20 congresistas de Acción Popular (AP) y Perú Libre (PL) habrían sido añadidos a la causa abierta por el exfiscal Pablo Sánchez, que investiga una supuesta red criminal que operó en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones liderada por Castillo.
La empresaria Karelim López denunció la existencia de una presunta mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del país y señaló como responsable a Castillo, tras lo que Sánchez abrió las sospechas en mayo contra el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva y seis congresistas de Acción Popular conocidos como Los Niños.
La Fiscalía peruana investiga si los congresistas Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Carlos Moro, Jorge Luis Flores, Darwin Espinoza e Ilich López, todos ellos de Acción Popular, integran una supuesta red criminal que operó en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que estaría liderada por Castillo.
Según la Fiscalía, la presunta organización criminal contó con dos grupos con tareas definidas. El primero captaba y negociaba con empresarios y estuvo conformado por el exsecretario general de la Presidencia Bruno Pacheco, el empresario Zamir Villaverde y dos sobrinos del presidente: Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez.
El segundo grupo sería el responsable de la ejecución del delito favoreciendo a determinadas empresas en las contratas y estaría integrado por funcionarios de Provías Descentralizado previamente designados por el exministro Silva. La Fiscalía sostiene que la organización tenía una estructura vertical, con integrantes en distintos niveles.
Más funcionarios que trabajaron con Castillo, en problemas
El Poder Judicial de Perú le impuso una prohibición para salir del país durante 18 meses al ex primer ministro Aníbal Torres, todo ello mientras es investigado por la comisión de un delito de rebelión y conspiración.
La Sala Penal Permanente del Tribunal Supremo fue la encargada de otorgarle esta medida a Torres, uno de los primeros ministros durante la administración del expresidente Pedro Castillo, además de su mano derecha, informó La República.
Asimismo, Torres no podrá ausentarse de la ciudad de Lima ni de la provincia de Callao ―una división administrativa de régimen especial de Perú y que se encuentra dentro de la capital― sin permiso de un juez supremo.
La Policía de Perú, además, realizará controles domiciliarios rutinarios el tercer viernes de cada mes, según ha detallado el citado medio.
La decisión tiene lugar después de que se haya dejado constancia en la resolución del deteriorado estado de salud del ex primer ministro, alegando que su capacidad de desplazamiento “está sujeta a un régimen adecuado de control médico y de su salud en general, que, desde luego, se afectaría en condiciones de clandestinidad”.
“No se trata de que un estado de salud determinado se pueda atender en un establecimiento penal, sino de que tal situación disminuya el riesgo de fuga, más aún en una persona de la tercera edad”, precisa el texto.
En otro caso las autoridades capturaron a seis personas señaladas de estar implicadas en un caso de corrupción al interior de la Fuerza Pública, en un escándalo que incluso salpicaría al expresidente.
De acuerdo con medios internacionales, en el listado de personas detenidas figuran tres altos mandos militares de Perú, quienes estarían señalados de haber ofrecido y pagado coimas con el objeto de lograr ascender al interior de la fuerza castrense
El operativo contó con el despliegue de un importante contingente de uniformados, y estuvo con la coordinación y apoyo de efectivos del Ministerio Público de ese país.
De acuerdo con el balance de las autoridades, el despliegue que se tuvo que adelantar para la captura de las seis personas, incluidos tres altos mandos militares, fue el resultado de un megaproyecto adelantado por el Gobierno y los cuerpos judiciales y militares, con el propósito de que el grupo de implicados no estuvieran enterados de la investigación que se adelantaba en su contra.
En su comunicado, el Ministerio Público, a su turno, saludó el operativo, y señaló que la totalidad de los detenidos están vinculados de forma directa en el escándalo por la importancia que refiere el pago de ingentes coimas, advirtiendo que los altos mandos militares que están bajo arresto eran “generales de armas en actividad”.
Con información de AFP y Europa Press