Pese a que el Gobierno del presidente de Venezuela Nicolás Maduro anunció recientemente el aumento de los bonos mensuales, el ingreso de las familias venezolanas se sigue viendo afectado como consecuencia del incremento de las tarifas de los servicios públicos.
Y es que la decisión del régimen venezolano no produjo el contento social que se esperaba. Por el contrario, en medio del anuncio los asistentes al evento lo rechazaron porque, lejos de impactar positivamente, no soluciona la precaria situación económica de los hogares venezolanos.
Los ingresos familiares no compensan con el aumento de las facturas de los servicios de agua, energía, gas y teléfono, debido a que con ello el Gobierno pretende atender la crisis económica.
Pero, además de las críticas por el aumento de las tarifas, se suma las deficiencias en la prestación de los mismos, especialmente por los constantes cortes que se generan diariamente en los mismos.
“Suben las tarifas y aún no tenemos buenos servicios”, dijo a la agencia Reuters María Rodríguez, de 36 años, una terapeuta del lenguaje que vive en Valencia, la capital del estado Carabobo, donde se registran frecuentes cortes de energía.
La mujer aseguró que este año ha pagado el equivalente a 80 dólares mensuales en servicios, (unos 400.000 pesos colombianos) el doble que en 2022. Según dijo, es un tercio de sus ingresos, que rondan los 300 dólares al mes (unos 1.500.000 pesos colombianos).
Aunque durante varios años las tarifas estuvieron congeladas, debido a que se disponía de altos ingresos, la situación cambió por el recorte de gasto público ordenado por el Gobierno venezolano, con lo que se buscaba frenar el aumento de los precios.
Para evitar ese impacto, se determinó reducir los subsidios al permitir ajustes en tarifas de internet y recolección de basuras, mientras las empresas estatales comenzaron a subir las tarifas de agua, luz y telefonía.
Eso ha llevado a que se impacte la inflación que, al mes de abril (en los sectores de servicios públicos) llegará a un 325,4 %, según datos del Banco Central de Venezuela. Cifras que se conocieron hace una semana, mientras que la variación de precios en telecomunicaciones fue de 1.003 % en igual periodo.
Pero, además del incremento de las tarifas de los servicios públicos, los venezolanos sufren un deterioro en la prestación de los mismos: en 12 ciudades de Venezuela, el 37 % de sus residentes señalaron que sufrieron de dos a seis horas de interrupciones eléctricas diarias en marzo.
Y el Observatorio de Servicios Públicos reveló que, además, el 54 % de los ciudadanos encuestados dijo que existen inconsistencias en el suministro de agua.
En muchas ocasiones, han tenido que recurrir a plantas eléctricas o perforaciones de pozos de agua, compras de cisternas y almacenamiento de agua en tanques y recipientes para superar la situación.
Maduro reajusta a 70 dólares el pago por bonos mensuales
El pasado 2 de mayo, el presidente Maduro reajustó a 70 dólares el pago por bonificaciones mensuales, aunque previamente había anunciado que este sería de 60 dólares.
“Estuve pensando y en el decreto hice un cambio necesario para que el ‘bono de guerra (económica)’ suba entonces a 30 dólares mensuales. Quedaría entonces en 40 dólares el cestaticket -bono de alimentación- y 30 dólares el ‘bono de guerra’”, dijo el mandatario en un video que publicó en Twitter.
El mandatario sostuvo que el pago en bolívares, la moneda local, de los 70 dólares será indexado a la tasa de cambio oficial.
El gobierno viene pagando desde hace meses a los trabajadores de la administración pública bonificaciones para ayudar a equilibrar el salario mínimo, destrozado por una crónica inflación y la constante depreciación del bolívar.
Las bonificaciones no tienen incidencia en beneficios sociales como vacaciones o aguinaldos y tampoco llegan de igual manera a jubilados y pensionados. Maduro, de hecho, anunció que las bonificaciones para este grupo quedarán en 49 dólares.
No es la primera vez que Maduro promete indexar pagos laborales. Así lo hizo en agosto de 2018, cuando anunció que el ingreso de los trabajadores estaría “anclado” al valor de la criptomoneda venezolana Petro (60 dólares), lo cual nunca se concretó.
El salario mínimo y los bonos están lejos de los 510 dólares que cuesta la cesta alimentaria, según estimaciones privadas en este país, con una inflación interanual de 501 %, según el privado Observatorio Venezolano de Finanzas, referencia ante la falta de cifras oficiales.
La situación ha provocado frecuentes protestas en el sector público, especialmente de educadores y trabajadores de la salud, que denuncian una política de “hambre”.
Grupos sindicales rechazaron el decreto de Maduro. “No aumenta el salario y nos quita el 1 de mayo”, dijo la Coalición Sindical.
El último aumento salarial previo fue decretado en marzo de 2022, cuando pasó de 7 a 130 bolívares. En ese momento equivalía a poco menos de 30 dólares, pero desde entonces la moneda venezolana se desvalorizó 82 %.
Estamos “haciendo un esfuerzo tremendo por defender el ingreso de los trabajadores en medio de una guerra económica brutal que ustedes saben que hemos enfrentado”, dijo Maduro, refiriéndose a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela.
* Con información de AFP