Nicaragua endureció sus leyes y controles sobre opositores tras las protestas de 2018 contra el gobierno de Ortega, quien es presidente desde el 2007 y fue reelegido sucesivamente en elecciones cuestionadas por la oposición.
Organismos internacionales han denunciado al gobierno de Ortega por sus medidas contra los opositores, como expatriaciones, el despojo de la nacionalidad de dirigentes e incluso impedir el ingreso de críticos al país.
El pasado 25 de mayo, el régimen detuvo a un sacerdote en “actitud sospechosa” en una carretera del norte del país y dijo que lo investiga por cargos contra “la independencia, la soberanía, y la autodeterminación de la nación”.
El sacerdote detenido, Jaime Iván Montesinos Sauceda, de 61 años, es párroco de la Iglesia “Juan Pablo Segundo” de Sébaco, departamento de Matagalpa, una diócesis que administró hasta el año pasado el obispo Rolando Álvarez.
En febrero, un tribunal condenó al obispo Álvarez a 26 años de prisión, un día después de que rechazara irse a Estados Unidos con otros 222 opositores excarcelados y expulsados del país por el gobierno de Daniel Ortega.
La persecución no termina ahí, según el diario La Prensa de Nicaragua, Daniel Ortega habría ordenado congelar las cuentas bancarias de varias diócesis del país, entre las que se encuentra la de Matagalpa, Managua y Estelí.
Fuentes le habrían confirmado a este medio que las parroquias habían quedado sin fondos y sin poder acceder a sus cuentas, incluso, en el caso de la Arquidiócesis más importante, la de Managua, fue congelada la cuenta madre.
Según La Prensa, este congelamiento de cuentas bancarias responde a las recientes investigaciones contra los sacerdotes que han sido arrestados recientemente incluyendo al sacerdote Jaime Montesinos, de la parroquia San Juan Pablo ll.
Son varios los detenidos en los últimos días por la policía, algunos se encuentran en “una casa de formación de la iglesia”, en la capital, otros como el padre Leonardo Guevara quienes se encuentran bajo investigación por parte de las autoridades.
En las investigaciones del diario La Prensa, una fuente les confirmó que el cardenal Leopoldo Brenes, quien ha sido una voz oficial de la iglesia en el país se habría reunido con varios sacerdotes después de conocer la noticia.
Por su parte la diócesis de Estelí, también en el norte, dijo esta semana que por medida policial, otros dos sacerdotes estaban en una casa religiosa en Managua “mientras transcurre un tiempo de investigación sobre asuntos administrativos de la extinta Caritas Diocesana” cerrada el 2022.
Las protestas de 2018 se extendieron por al menos tres meses en distintas zonas de Nicaragua, con bloqueos de carreteras, así como choques entre manifestantes opositores y oficialistas que dejaron más de 300 muertos, según la ONU.
Más represión
El Gobierno de Nicaragua retiró el pasado 20 de mayo la personalidad jurídica a 26 ONG diferentes, entre las que se encuentra la Asociación Misión Cristiana Verbo que se dedicaba a cuidar y resguardar a niños, niñas y adolescentes huérfanos y la razón de su cierre ha sido no contar con las credenciales del Ministerio de Familia.
De las 26 ONG, 12 han sido cerradas por “no reportar sus estados financieros” y de esta manera tener de tres a doce años de “incumplimiento de sus obligaciones, conforme a las leyes que los regulan”, según ha informado el Diario Oficial La Gaceta de Nicaragua.
Además, tres ONG extranjeras han cerrado, una de Estados Unidos debido a que “el ente regulador desconoce quienes son sus directivos” y por “no reportar sus Estados Financieros”, y las otras dos, de Estados Unidos y Panamá, han acordado su disolución “por haber concluido los proyectos por los cuales fue registrada la fundación en Nicaragua”.
Con información de AFP y Europa Press*