La formación de derecha Partido Republicano es la principal fuerza del Consejo Constitucional de Chile, órgano encargado de redactar una nueva propuesta de Carta Magna para el país sudamericano, que será sometida a plebiscito en diciembre de 2023.
El actual texto constitucional fue aprobado en 1980 bajo el régimen militar de Augusto Pinochet. Desde entonces, ha pasado por más de 60 reformas, cuenta a DW Javier Couso, de la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile. El profesor titular del Departamento de Derecho Público explica que, incluso tras la entrada en vigor de la Carta Magna, el país siguió en estado de emergencia y los derechos fundamentales no fueron aplicados bajo la dictadura militar hasta la transición democrática, en 1989.
Las principales reformas
En ese año, tuvo lugar la primera gran reforma, cuenta: “Hubo negociaciones con la oposición para que la dictadura eliminara algunos de los aspectos más grotescamente inaceptables de la Constitución”.
A través de la otra gran reforma, en 2005, se eliminaron dos de los aspectos más cuestionados del texto original. Hasta entonces, cerca de un 20 ó 25 por ciento del Senado no era elegido democráticamente, “alterando la voluntad popular”, señala Javier Couso. Además, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas seguían sin estar bajo control civil.
Miguel Ángel Fernández, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, menciona, además, las reformas de los últimos tres años que han permitido implementar dos procesos constituyentes. El primero, cuya propuesta de nueva Constitución fue rechazada por la ciudadanía, y el segundo, en actual desarrollo.
¿La Constitución de Pinochet?
Entonces, ¿cuán válido es seguir refiriéndose a la Carta Magna chilena como la “Constitución de Pinochet”?
“No comparto esa denominación”, dice a DW el experto constitucionalista, Miguel Ángel Fernández. En su opinión, sobre todo la reforma de 2005, así como la interpretación y aplicación de la Carta Magna por parte de órganos de control, como el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, han ido “mutando o matizando, de manera más o menos profunda, según la materia, lo definido en el texto original”.
Por su parte, Javier Couso sostiene que “tiene cierta lógica hablar de la Constitución de Pinochet porque, en todas las reformas, no hay una coma o una letra que no hayan sido una concesión de los partidos políticos herederos de la dictadura”. Según el catedrático de la Universidad de Utrecht, es como si Cuba se transformara en una democracia y quedara una Constitución marxista y las reformas dependieran de las concesiones de los herederos políticos del partido comunista.
Progresos y peligros
Sin embargo, ambos entrevistados también mencionan varios aspectos progresistas del texto de Pinochet, que se podrían rescatar para la redacción de la nueva Carta Magna. Mientras Couso subraya sobre todo la introducción de una segunda vuelta en las elecciones presidenciales, Fernández destaca “el reconocimiento de la dignidad humana, el hecho de que el Estado se encuentra al servicio de la persona o los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana como límite al poder”.
Finalmente, el académico de la Universidad Diego Portales hace hincapié en el gran desafío al que actualmente se enfrenta el proceso constituyente a raíz de las recientes elecciones: “Por los vaivenes de la política, ahora es un grupo de derecha el que controla la elaboración de la Constitución, y, si hace una Constitución sin incluir a los grupos de izquierda, es probable que se vuelva a repetir el rechazo. Ese peligro existe”.