Varios miles de personas continuaron las concentraciones este jueves, 26 de octubre, en diferentes puntos de Ciudad de Panamá, y marcharon pacíficamente hacia la presidencia en rechazo a un contrato minero firmado por el gobierno con una empresa canadiense para seguir extrayendo por 20 años cobre en una amplia zona boscosa.
La llovizna que caía sobre la capital y la periferia no frenaron las protestas que se mantienen desde el lunes. Tampoco la evidente falta de transporte público. Los panameños se volcaron, como en días anteriores a manifestarse, luego de que el presidente Laurentino Cortizo sancionara y promulgara el viernes pasado con rapidez la ley del contrato.
El acuerdo con una subsidiaria de la minera canadiense First Quantum Minerals había sido aprobado antes por el Legislativo, a pesar del rechazo popular a la estrategia extractivista por sus riesgos al medioambiente.
Susana Zambrano, de 38 años, dijo que marchaba por “el futuro de la patria”. Con tono de rechazo, la licenciada en tecnología industrial recalcó que “el pueblo ya está cansado de lo que está pasando” y que están defendiendo el futuro de las próximas generaciones: “Ya son ciento y pico de proyectos mineros y este ha sido la gota que ha derramado el vaso; somos un país pequeño, no aguantamos tanta minería”.
Las protestas de los últimos días recuerdan a las de hace un año, cuando por más de un mes paralizaron el país en contra del alto costo de la vida. Son lideradas por el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, educadores, grupos indígenas y, a diferencia del año pasado, también convocadas por jóvenes desde las redes sociales.
Los manifestantes piden que se derogue el contrato minero, que el gobierno convoque a una moratoria minera y a un referendo para decidir sobre la política del país en ese sector.
En una plaza, un grupo de enfermeras coreaba “no a la minería, sí a la salud”. La marcha se desarrollaba en paz hasta que un hombre en medio de la manifestación sacó un arma e hizo varios disparos al aire y salió huyendo. La gente se apartó, pero nadie resultó herido. Se desconoce la identidad de la persona armada.
Ante hechos como esos, los líderes de las manifestaciones han advertido que hay infiltrados en las protestas. La Policía informó que ha detenido 215 personas por haber causado daño a la propiedad y que más de 30 comercios han sido vandalizados.
El contrato
El contrato cuestionado otorga a la empresa minera el derecho de extraer, procesar y exportar cobre y minerales afines por un periodo de 20 años —prorrogable por 20 más—- en cuatro zonas de 12.955 hectáreas al norte del país, una actividad que ya venía desarrollándose desde que se dieron en concesión esos yacimientos a finales de la década de 1990.
Se estima que esta es la mayor inversión privada en la historia de Panamá, con más de 6.000 millones de dólares, y la mayor mina de su tipo en Centroamérica.
Los críticos lo rechazan porque consideran que otorga demasiadas concesiones a la minera y que tendría un fuerte impacto medioambiental y pondría en riesgo el recurso hídrico, vital para el consumo humano. También mencionan que podría verse incluso afectada la futura operación del canal interoceánico, ya golpeado por el cambio climático y la sequía.
El gobierno de Cortizo defiende el acuerdo, ya que garantiza empleo a 9.000 trabajadores y dará al Estado un ingreso mínimo anual por la concesión de 375 millones de dólares por parte de la empresa, la cual reportó exportaciones por 2.850 millones de dólares en 2022 y resaltó que aportó el 4,8 % del Producto Interno Bruto panameño en 2021.
*Con información de AP.