Un reportaje del periódico británico The Guardian asegura que ropas del gobierno etíope fueron de puerta en puerta en enero de este 2024 matando a decenas de civiles en una ciudad de la región de Amhara.
De acuerdo con ese tabloide, testigos afirman que las víctimas fueron baleadas al “estilo ejecución” durante redadas domiciliarias después de enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y los rebeldes de Fano.
Incluso cita a residentes, quienes dijeron que el derramamiento de sangre tuvo lugar después de enfrentamientos con la milicia local.
Los asesinatos en Merawi parecen ser uno de los episodios más mortíferos en Amhara desde que estalló el año pasado una rebelión de Fano, un grupo armado amhara, por un plan para desarmar a las fuerzas regionales.
Los Fano lucharon junto al ejército federal de Etiopía en la guerra civil de dos años contra el Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF), que terminó en noviembre de 2022. Sin embargo, el gobierno llegó a verlo a él y a otras fuerzas regionales como una amenaza a su autoridad.
El gobierno de Etiopía prohíbe a los periodistas viajar a la cada vez más anárquica región de Amhara y ha cortado su acceso a internet.
The Guardian habló con gente de Merawi por teléfono. Todos los entrevistados hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias.
El derramamiento de sangre comenzó el 29 de enero, tras horas de combates entre las fuerzas federales y las milicias de Fano, dijeron testigos. Cuando la milicia se retiró, los soldados entraron en las casas, atacando a los civiles, acusándolos de ser combatientes, dijeron.
Otro testigo dijo que pasó ese día acurrucado en casa mientras “el sonido constante” de los disparos resonaba. Añadió que la artillería atacó zonas civiles. Al día siguiente, salió y vio “al menos 34 cadáveres” en la calle, que fueron recogidos por la gente del pueblo.
Algunos tenían heridas de bala en la cabeza y “sus rostros estaban completamente destrozados”, le dijo a The Guardian otro testigo, un sacerdote ortodoxo que llegó a Merawi el 30 de enero. Este dijo que vio “unos 50 cadáveres tirados en la calle principal”.
Muchas víctimas “parecen haber sido ejecutadas con una herida de bala en la cabeza”, afirmó el sacerdote.
El hermano del sacerdote fue asesinado y recibió varios disparos en la puerta de su casa por soldados que le robaron dinero y su teléfono, dijo el sacerdote.
Un tercer residente dijo que conocía al menos a 45 personas que murieron, incluido su hermano, a quien descubrió “con balas alojadas en la cabeza”. Dijo que el incidente se produjo durante dos días, con soldados “irrumpiendo en casas y destrozando puertas”.
El Consejo Etíope de Derechos Humanos, el grupo de la sociedad civil más antiguo del país, estimó el número total de muertos en más de 80 civiles. El martes emitió un comunicado pidiendo más investigaciones. No dijo quién creía que había llevado a cabo los asesinatos, pero pidió al gobierno que “haga rendir cuentas legalmente a los responsables”.
El embajador de Estados Unidos en Etiopía, Ervin Massinga, pidió una investigación completa y dijo que su gobierno estaba preocupado. El viernes, el parlamento de Etiopía extendió el estado de emergencia introducido en agosto para sofocar los disturbios.
Daniel Bekele, jefe del organismo de derechos humanos designado por el Estado del país, dijo que estaba preocupado por la extensión de la emergencia, citando el aumento de las víctimas civiles, las detenciones preventivas y las necesidades humanitarias.
Bekele le dijo a The Guardian que su organización aún no había completado su investigación sobre los asesinatos de Merawi y que había documentado una serie de abusos en Amhara desde agosto. Entre ellas figuraban el bombardeo de zonas civiles, detenciones y asesinatos por motivos étnicos.
En noviembre, Human Rights Watch afirmó: “Las autoridades han recurrido a tácticas represivas del pasado para limitar el acceso a la información en tiempo real y al escrutinio independiente”.
El martes, el primer ministro, Abiy Ahmed, llamó a “los extremistas que operan en la región de Amhara” y a los rebeldes en el vecino estado de Oromia “a deponer las armas y participar en la lucha política pacífica”. Miles de personas detenidas durante el estado de emergencia han sido reeducadas y puestas en libertad, añadió.
El gobierno de Abiy anunció un plan para integrar fuerzas regionales en el ejército y la policía federales en abril de 2023, lo que provocó enfrentamientos. En agosto, los milicianos Fano, que gozan de un amplio apoyo en Amhara, tomaron brevemente varias ciudades y aeropuertos de la región, en medio de feroces batallas callejeras y protestas masivas.
Los trabajadores humanitarios dicen que la inseguridad está impidiendo la entrega de alimentos humanitarios en la región, donde el defensor del pueblo federal dice que decenas de personas han muerto de hambre en medio de una fuerte sequía y las secuelas de la guerra de Tigray, que se extendió a Amhara. Se han reportado cientos de muertes más por hambre en Tigray.
Las propias fuerzas regionales amhara, incluido el Fano, están acusadas de llevar a cabo una sangrienta campaña de limpieza étnica desde noviembre de 2020 en el oeste de Tigray, una zona que reclaman como propia y que anexaron durante la guerra contra El Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF).