La deforestación en la Amazonía brasileña marcó un récord para febrero, segundo mes del Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, según datos oficiales disponibles este viernes, que contemplan poco más de la mitad del periodo, aún inconcluso.
El monitoreo satelital detectó 209 km2 de bosque destruido en la parte brasileña de la mayor selva tropical del mundo, según datos preliminares del sistema de vigilancia DETER, del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE).
El área, equivalente a más de 29.000 campos de fútbol, contempla apenas datos hasta el 17 de febrero, pero ya representa un alza en relación con el récord anterior, de 199 km2 destruidos en todo el mes de febrero de 2022, último año del gobierno del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro.
En enero pasado, el monitoreo satelital había reportado una caída de 61 % en relación con el mismo periodo de 2022, aunque organizaciones ambientalistas habían alertado de que era prematuro hablar de una “reversión de tendencia”, ya que parte de la caída podía estar relacionada a una mayor cobertura de nubes que perjudicaron los cálculos.
“El aumento de la deforestación puede ser un reflejo de la limitación en la detección el mes pasado debido a la cobertura de nubes, y lo que se está observando ahora tal vez contemple tanto el área destruida este mes como también de enero”, dijo a la AFP Daniel Silva, especialista en conservación de la ONG WWF-Brasil.
Bajo la administración de Bolsonaro, un aliado de la agroindustria y negacionista del cambio climático, la deforestación anual promedio en la Amazonía brasileña aumentó 75,5 % con respecto a la década anterior.
Expertos aseguran que la destrucción se debe principalmente al avance de las granjas y los usurpadores de tierras que talan la selva para ganadería y cultivos.
Lula, de 77 años, asumió por tercera vez la presidencia de Brasil con la protección de la floresta como una de sus principales banderas para permitir que Brasil deje de ser un “paria” en temas climáticos.
El mandatario de izquierda nombró al frente del ministerio de Medio Ambiente a Marina Silva, una reconocida ambientalista que estuvo al frente de esa cartera entre 2003 y 2008, cuando Brasil logró disminuir sensiblemente la deforestación.
El 24 de enero, Silva reconoció en una entrevista con la AFP que la realidad ambiental de Brasil es “mucho peor” de lo esperado.
“Sabemos que existe un empeño del nuevo gobierno para controlar la deforestación, pero los resultados concretos deben demorar un tiempo para ser observados”, agregó el experto de la WWF-Brasil.
ONG pide a Francia actuar ante Brasil y Surinam contra minería ilegal en la Guayana
Entre tanto, la oficina en Francia de la ONG Fondo Mundial para la naturaleza (WWF) pidió al presidente Emmanuel Macron “una acción diplomática urgente” ante Brasil y Surinam para frenar la minería ilegal de oro, fuente de grave contaminación en la Guayana Francesa.
“WWF Francia pide al presidente Emmanuel Macron una acción diplomática urgente para reforzar la cooperación entre Brasil, Surinam y Francia”, señaló la ONG de protección de medio ambiente en comunicado.
La minería ilegal de oro, practicada por unas 6.000 personas en Guayana, según la prefectura local, usa el mercurio, metal tóxico que contamina suelos y cursos de agua y favorece la deforestación.
La lucha contra este fenómeno es complicada por su carácter transfronterizo, pues la minería ilegal actúa a ambos lados de los ríos Oyapock y Maroni, fronteras entre el departamento francés y, respectivamente, Brasil y Surinam.
“En la cuenca del Maroni, la clave del tráfico es la cooperación transfronteriza. El 95 % del personal involucrado en la minería ilegal de oro es originario de Brasil y 80 % de la logística es encaminada a través de las riberas surinamesas del río Maroni”, señala el WWF.
La ONG agregó que “poner fin a la minería ilegal del oro pasa necesariamente por una respuesta estatal conjunta de Surinam, Brasil y Francia”.
En la última visita al territorio, en 2017, Emmanuel Macron había prometido “condicionar nuestras ayudas y nuestras relaciones diplomáticas” con Brasil y Surinam a “una cooperación policiaca y judicial contra la minería ilegal” del oro.
“Se ha constatado que los compromisos acordados no han logrado invertir la tendencia”, consideró Laurent Kelle, responsable de la oficina guyanesa del WWF, citada en el comunicado.
La ONG no ha enviado formalmente una carta a la presidencia francesa, precisó una portavoz a AFP.
En 2022, las autoridades francesas realizaron más de 1.000 patrullajes en la selva contra la minería ilegal, y decomisaron 59 kilos de mercurio y 5 kilos de oro, según balance de la prefectura.
En Brasil, el presidente Lula, que sucedió a inicios de 2023 a Jair Bolsonaro, abiertamente hostil a la protección del medio ambiente, reanudó la represión de la minería ilegal en Amazonia.
* Con información de AFP