Los atropellos a los Derechos Humanos y a la libertad religiosa en Nicaragua no tienen límite, despertando continuas preocupaciones en la comunidad internacional y en sectores opositores al gobierno de Daniel Ortega; lo anterior, luego de que se confirmara que en ese país, las autoridades adelantaron una nueva captura en contra de un religioso.
Si bien en días pasados el mundo católico recibió con beneplácito la noticia de la liberación del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, quien se encontraba retenido por el régimen de Ortega, se denunció la captura de un nuevo sacerdote. Esto ahonda la brecha existente entre la Iglesia y el Gobierno de ese país, marcada por continuos ataques y cierres de medios de comunicación que se encontraban bajo tutela de entidades eclesiales.
Sobre la nueva persona retenida, medios internacionales han acusado que se trata del padre Fernando Israel Zamora Silva, quien se desempeña como vocero de la diócesis de Siuna, zona ubicada en el caribe nicaragüense.
En el caso de Zamora, la denuncia internacional precisa que este fue retenido por miembros de la Policía Nacional de Nicaragua la noche del pasado domingo, 9 de julio, luego de participar en la homilía nocturna en un templo conocido como la parroquia San Luis Gonzaga, en la ciudad de Managua.
En dicho espacio también se encontraba el cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes, quien había presidido la ceremonia religiosa para la entrega de la labor pastoral de ella al sacerdote Edgard Rodríguez.
Al lugar, Zamora había llegado como invitado, pero al cierre, fue interceptado por miembros de la fuerza pública, que, sin que hasta el momento dieran a conocer las causas de la detención, le informaron que quedaría bajo arresto.
Este nuevo hecho ha despertado una nueva ola de indignación frente a las detenciones adelantadas por el régimen Ortega en medio de una ola de represión a las ideas divergentes. Ello, como muestra de una conducta altamente autoritaria e intolerante con quienes disienten de las políticas y legitimación en el poder del presidente Ortega y de su esposa y vicepresidente, Rosario Murillo.
Tras conocerse la noticia del arresto del sacerdote Zamora, diversas voces de protesta se han elevado en ese país, una de ellas la de la Fundación para la Libertad de Nicaragua, en declaraciones citadas por medios internacionales.
En ellas, la referida institución de defensa de la democracia y la expresión elevó un ingente llamado a las autoridades internacionales, advirtiendo que, en efecto, en su país se registra una tangible “persecución contra la Iglesia católica en Nicaragua”, señalando que es necesaria la intervención internacional para que se solvente la situación.
Además de Zamora, y del ya liberado monseñor Álvarez, la persecución a la iglesia católica en Nicaragua ha estado marcada por la detención de otros cinco religiosos.
Pese a su liberación, y envío fuera del país, monseñor Rolando Álvarez había recibido una pena de prisión de 26 años de cárcel, al ser señalado de incurrir en el delito de ‘traición a la patria’.
En el caso de Zamora, este religioso cuenta con un recorrido de cerca de 27 años en la vida sacerdotal, pero se desconocen las razones puntuales que podrían haber motivado que quedara bajo la lupa de las autoridades nicaragüenses y finalmente fuere ordenado su arresto.
Actualmente, las relaciones diplomáticas entre Nicaragua y la Santa Sede se encuentran suspendidas, en medio de movimientos que han incluido el retiro de sus respectivos representantes.
Desde el Vaticano, el papa Francisco también ha señalado su preocupación por la persecución del Estado en contra de la institución religiosa, refiriéndose incluso al Gobierno de Nicaragua como una dictadura “grosera”, advirtiendo que quizá Ortega sufra desórdenes mentales.
El año pasado, en el mes de julio, el Gobierno de Nicaragua había expulsado a las monjas representantes de la Asociación Misioneras de la Caridad, de la orden de Santa Teresa de Calcuta, quienes fueron deportadas por el régimen de Daniel Ortega, quien ya había ‘ilegalizado’ sus operaciones en territorio de Nicaragua.
Fueron 15 las religiosas deportadas en medio de una acción que también derivó en que Ortega señalara que esta orden debía deshacerse y salir de su país, al señalarlas de que incumplieron la ley al no informar de sus estados financieros ni explicar el origen de las donaciones que reciben.
Recientemente, sectores de oposición al régimen de Ortega también denunciaron que, en el marco de las acciones en contra de la Iglesia, el gobierno sandinista adelantó la “confiscación de dos colegios religiosos en Siuna y Rosita, San Francisco de Asís y Santa Rosa de Lima respectivamente”.
Para estos mismos sectores, lo ocurrido con el padre Zamora no es una resto y lo calificaron de ‘secuestro’.