Detención arbitraria, negativa a atención médica, retardo procesal: Javier Tarazona, activista de derechos humanos preso hace más de 400 días en Venezuela, ha sido víctima de numerosas “irregularidades”, denuncian su defensa y sus compañeros de organización.
Arrestado el 2 de julio de 2021, Tarazona debió esperar más de un año para que el pasado 16 de agosto se diera la primera audiencia formal del juicio en el que se le acusa de “terrorismo”, “instigación al odio” y “traición a la patria”.
Antes hubo 13 diferimientos, informó su defensa.
El jueves, en una segunda audiencia, se “hizo la evacuación de pruebas de la fiscalía para fundamentar la detención”, dijo a la AFP Clara Ramírez, coordinadora de documentación y derechos humanos de FundaRedes, ONG que encabezaba Tarazona, que atiende a habitantes de zonas fronterizas.
Fundaredes pide la “libertad plena” de Javier Tarazona y otros dos miembros de esa organización, su hermano Rafael Tarazona y Omar de Dios García, detenidos también en 2021, pero luego excarcelados, aunque deben presentarse cada 15 días en un tribunal.
“No son terroristas, tampoco con sus acciones han instigado al odio, lo único que hacemos desde Fundaredes es visibilizar violaciones de derechos humanos que sufren los habitantes en la frontera, bien sea por acción de grupos armados irregulares o por acción u omisión del Estado”, subrayó Ramírez.
La ONG Foro Penal considera a Tarazona, a quien asiste legalmente, uno de los 244 “presos políticos” documentados a la fecha en Venezuela.
A principios de año, familiares y abogados de Tarazona solicitaron su libertad por un “complejo” cuadro de salud.
Afirman que presenta nueve patologías, entre estas hipertensión, arritmia cardiaca, hiperinsulinismo, ansiedad, taquicardia, alergias respiratorias, además de colon irritado.
“Hasta la fecha, sin atención médica especializada”, aseguró a la AFP Rachel González, una de las abogadas de Foro Penal a cargo de su defensa.
“Ejemplo preocupante”
Los arrestos de Tarazona y sus compañeros de Fundaredes fueron considerados por la saliente Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, “un ejemplo preocupante” de las “restricciones al espacio cívico” en Venezuela.
Se ejecutaron tras denunciar al gobierno del presidente Nicolás Maduro de sostener vínculos con disidentes de la disuelta guerrilla colombiana de las Farc e integrantes del ELN.
“Se desnudó el beneplácito y la complacencia del Estado venezolano con grupos irregulares”, insiste Ramírez.
Fundaredes informó en marzo de 2021, antes de que lo hicieran las autoridades, sobre enfrentamientos en el fronterizo estado Apure (oeste) entre militares venezolanos y grupos armados colombianos. Murieron 16 uniformados en esos combates, según cifras oficiales.
Activistas denuncian una “criminalización sistemática” de defensores de derechos humanos, señalamientos que el gobierno niega.
Liliana Ortega, directora de la ONG por los derechos humanos Cofavic, dijo a la AFP en julio que esa organización documentó el año pasado 215 ataques contra activistas, que incluyen detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, “actos de criminalización” a través de medios de comunicación estatal y allanamientos.