Pese a que las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela parecían haber tomado un respiro, por la guerra entre Ucrania y Rusia, y la crisis petrolera de los últimos meses, la postura de los norteamericanos parece ser la de oponerse al Gobierno del vecino país.

Esto se reafirmó en medio de una audiencia contra el empresario barranquillero Álex Saab, en Estados Unidos.

En medio de los argumentos, la defensa de Saab dijo que su viaje fue parte de una misión oficial y tenía reconocimiento del Gobierno iraní, como un enviado de Nicolás Maduro, de acuerdo con una publicación de El Tiempo.

A esto, el juez Robert Scola preguntó las razones para reconocer el fuero diplomático del empresario: “No reconocemos al régimen de Maduro como el Gobierno legítimo de Venezuela”, expuso.

La decisión sobre si Saab es culpable del blanqueo de más de 340 millones de dólares se espera conocer antes de fin de año.

Vale la pena recordar que la Asamblea Nacional Venezolana aprobó este viernes un acuerdo con el propósito de defender a Álex Saab, considerado el supuesto testaferro del presidente Nicolás Maduro y quien fue extraditado a Estados Unidos acusado de blanqueo de capitales.

El presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, exigió la libertad de Saab antes de la votación del documento, una propuesta de la diputada y primera vicepresidenta de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, Ilenia Medina.

“Diputada Ilenia Medina presenta Acuerdo en defensa del respeto a la condición de diplomático de Álex Saab, secuestrado en los Estados Unidos de Norteamérica en clara violación a las Leyes, Tratados y Acuerdos Internacionales”, es lo que publica la Asamblea Nacional en su cuenta de Twitter.

Durante la sesión compareció de forma extraordinaria la esposa de Saab, Camila Fabri, quien ha expresado a la Asamblea y a los diputados, así como a la población venezolana, su agradecimiento por luchar para liberarlo: “Gracias por acompañarme en esta lucha, cada uno de los venezolanos me han enseñado a seguir luchando por la libertad de mi esposo y a resistir. ¡Free Alex Saab!”, expresó Fabri ante la Cámara.

En inmediaciones de la Asamblea también se llevó a cabo una concentración en favor de la liberación de Álex Saab, a la que asistieron Camila Fabri, Williams Castillo y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Saab ha sido vinculado por investigaciones periodísticas con casos de corrupción, relacionados con un programa estatal de distribución de alimentos básicos en Venezuela, así como con el plan gubernamental de viviendas populares.

La detención de Álex Saab se dio en junio de 2020 cuando realizaba escala de reabastecimiento en una isla de Cabo Verde, país que aprobó su extradición a Estados Unidos.

La respuesta de Venezuela a las nuevas sanciones que le impuso EE. UU.

El Gobierno venezolano condenó “enérgicamente” la nueva ley aprobada el pasado viernes 16 de diciembre por el Congreso estadounidense que prohíbe a las agencias federales norteamericanas hacer negocios con cualquier compañía que respalde al Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

“El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza contundentemente la aprobación por el Congreso estadounidense de una nefasta propuesta de ley que, tanto en su nombre como en su contenido, constituye una violación a las libertades económicas y una grave ofensa al pueblo venezolano”, publicó el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano en un comunicado.

El Ministerio se refiere así a la Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegítimo de Venezuela, Bolívar, por sus siglas en inglés, y que prevé sanciones para las empresas que mantengan tratos comerciales con Venezuela.

“Este instrumento, contrario al derecho internacional y concebido desde los sectores extremistas de la política en Estados Unidos, vulnera la integridad del pueblo soberano de Venezuela, así como la de las mismas empresas estadounidenses, al colocarlas en riesgo de ser penalizadas, de manera arbitraria, injusta e ilegalmente, al ejercer su derecho al libre comercio mediante contrataciones con el Gobierno Bolivariano”, argumentó Caracas.

Además, Venezuela considera que se trata de una norma “abusiva” que “demuestra, una vez más, el ensañamiento de sectores ultraconservadores y golpistas en la política estadounidense” en su intento de “derrocar al Gobierno venezolano y de dinamitar cualquier ruta posible al diálogo y a las relaciones constructivas entre ambos países”.

El nombre de la norma “ofende al pueblo venezolano, a su historia y a su Libertador, cuyos valores republicanos y compromiso con los principios de la libertad y de la paz están muy por encima de los de un puñado de legisladores ignorantes de su gloria, y que solo serán recordados por la historia debido a su complicidad con la agresión a países libres y soberanos”.

“Frente a la amenaza monroista y a sus herederos constructores de la guerra, la República Bolivariana de Venezuela seguirá cultivando y defendiendo el legado del Libertador Simón Bolívar, labrando su propio camino de estabilidad política y social, de recuperación económica y de diplomacia de paz, por un mundo libre de hegemonismo, colonialismo e imperialismo”, concluye el texto.