El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este jueves 9 de septiembre una demanda contra el estado de Texas por su nueva ley que prohíbe los abortos después de seis semanas de gestación, mientras que el secretario de Justicia, Merrick Garland, aseguró en una reciente conferencia de prensa que “la ley es claramente inconstitucional”.
Aunque el demócrata Joe Biden ganó la Presidencia del país, las legislaturas republicanas han ejercido su poder regional con entusiasmo en las últimas semanas, aprobando varios proyectos de ley que los opositores califican de supresión de votos, mientras en Texas promulgaron estrictas medidas que equivalen esencialmente a una prohibición del aborto.
“El Departamento de Justicia tiene la obligación de defender la Constitución de Estados Unidos y el Estado de derecho”, advirtió el secretario de Justicia (Garland) al confirmar que el organismo presentará la demanda. “Hoy cumplimos con ese deber”, agregó.
La demanda se produjo después que el presidente Joe Biden criticara la negativa de la Corte Suprema de bloquear la ley de aborto de Texas y prometiera lanzar un “esfuerzo de todo el gobierno” para revocarla. Cabe resaltar que el Departamento de Justicia estadounidense prometió el pasado lunes proteger a las clínicas que realizan abortos en Texas.
El departamento “brindará apoyo a las fuerzas del orden federal si se ataca una clínica de abortos o un centro de salud sexual y reproductiva”, afirmó en ese momento el secretario Merrick Garland a través de un comunicado en el que señaló que ya se han hecho contactos con fiscales y con las oficinas del FBI en Texas sobre ese tema.
“No toleraremos ningún tipo de violencia, impedimento físico o daño material contra las personas que buscan o brindan servicios anticonceptivos”, agregó el secretario de Justicia en el comunicado.
El Departamento de Justicia invoca una ley de 1994, puntualmente la Ley de Libertad de Acceso a las Entradas a Clínicas (FACE), que prohíbe cualquier forma de violencia contra el ejercicio del derecho al aborto. Entre tanto, el gobierno de Joe Biden también busca formas de contrarrestar legalmente la ley texana, que la Corte Suprema de Estados Unidos se ha negado a suspender, lo que supone un gran golpe contra el derecho al aborto.
Biden criticó rotundamente esta decisión, asegurando que se trata de un “asalto sin precedentes” a los derechos constitucionales de las mujeres, previstos en el precedente legal establecido por el caso ‘Roe contra Wade’, precisamente por el cual el Supremo despenalizó el aborto en Estados Unidos.
El tema que divide a Estados Unidos
“El federalismo siempre ha producido una marcada desigualdad en el ámbito de los derechos civiles y el voto, y ahora lo hace con las restricciones al aborto”, aseguró a la AFP Wendy Schiller, profesora de ciencias políticas en la Universidad de Brown, ubicada en Providence, en el estado de Rhode Island (Estados Unidos).
“En algunos casos el gobierno federal ha podido imponerse, pero a diferencia de los derechos civiles y el voto, el aborto no ha producido el mismo nivel de consenso nacional a favor de un mayor acceso”, añadió la experta en ciencias políticas.
La polémica ley de Texas es una de las más estrictas de Estados Unidos y prohíbe el aborto antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas. Según la norma, el aborto está prohibido cuando se detecta un latido fetal, que a menudo es antes de que la mujer sepa que está embarazada. No hay una excepción por violación o incesto, aunque existe una excepción por “emergencias médicas”.
También les permite a los ciudadanos presentar demandas civiles contra cualquier persona que ayude a una mujer embarazada a abortar por violar la legislación.
*Con información de la AFP.