"No se trata de un linchamiento político". Con esas palabras trató de quitarle peso a la destitución de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, el número dos del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Sin embargo, es muy diciente que esa haya sido la primera medida la Asamblea Constituyente (AC), que se posesionó apeas ayer. También, que la decisión se haya aprobado por aclamación. O que la sede de la Fiscalía haya amanecido militarizada para impedirle a Ortega Díaz entrar a su oficina. De hecho, ya desde el ayer había fuertes indicios de que el gobierno iba a tomar una medida en esa dirección. Ese día, se supo de un fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra Ortega Díaz.Puede leer: Luisa Ortega, de inquisidora de opositores al paredón chavista Hoy, la AC declaró el Ministerio Público "en emergencia". Y en efecto, adoptó sin votar la decisión del TSJ para abrir un procedimiento legal contra Ortega Díaz. Además de imputarla, esta entidad decidió también prohibirle salir del país, enajenar sus bienes y bloquear sus cuentas bancarias. En su lugar, la Asamblea Constituyente nombró al defensor del Pueblo, Tarek Williams Saab. Una cuestión personal Para el régimen de Nicolás Maduro Ortega Díaz es una "traidora", como corearon algunos miembros de la AC tras anunciarse su destitución. Y esto porque ella se ha convertido en una de las opositoras más eficaces de Maduro, Cabello y otros miembros del gobierno. Ambos han dicho en la televisión que ajustarán cuentas con Ortega Díaz, a quien desde hace unas semanas convirtió en el blanco de la mayoría de sus ataques. Pues cual cuña del mismo palo, sus críticas que han caído muy mal dentro de sus antiguos copartidarios. Pues además de acusarlos de desviarse del chavismo original, ha denunciado la brutal represión que están llevando a cabo las fuerzas de seguridad. También, ha imputado a responsables policiales y ha promovido la apertura de juicios a magistrados del TSJ leales a Maduro. En marzo acusó al Supremo de romper el orden constitucional tras despojar al Parlamento de sus funciones. Y en esta ocasión, también se declaró en desacato. En contexto: "Desde mañana comenzamos a actuar": Delcy Rodríguez, presidenta de la ConstituyenteRuptura del orden democrático “Desconozco las decisiones y no las asumo, porque están al margen de la Constitución y la ley”, dijo Ortega Díaz sobre su destitución. A su vez, reiteró que estaba “en pleno desarrollo un golpe contra la Constitución promovido” por el TSJ. Y acusó a Maduro de tener una "ambición dictatorial". En efecto, en la tarde Mercosur decidió la “suspensión política” de Venezuela y le exigieron a Maduro un “proceso de transición política para restaurar el orden democrático”. La destitución de Ortega Díaz ahonda aún más la herida que tiene el Estado de derecho venezolano. Y los líderes mundiales de los gobiernos iliberales están tomando nota. Esta semana, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, cambió el escenario económico al adelantarle más de 1.000 millones de dólares a PDVSA a través de la petrolera de propiedad estatal Rosneft. A su vez, Putin manifestó pública y enfáticamente su apoyo a la Constituyente. Y según cálculos de Reuters, le prestó entre 4.000 y 5.000 millones de dólares en los últimos años.