La fiscalía peruana había citado para el pasado 31 de mayo a la presidenta Dina Boluarte para interrogarla por su presunta responsabilidad en la represión de las protestas que siguieron a la destitución de su antecesor, Pedro Castillo. La cita fue programada nuevamente para el día 6 de junio.
La defensa de la mandataria había solicitado al Ministerio Público que reprogramara la citación, prevista en un primer momento para el último día de mayo, pues coincidía con una “actividad oficial” programada con antelación a las diligencias.
“Expresamos nuestra vocación de colaboración para cerrar este capítulo que no tiene sentido”, dijo su abogado Joseph Campos a la prensa, tras confirmar la citación.
La Fiscalía de Perú lleva a cabo una investigación preliminar por el presunto delito de genocidio por la respuesta de las autoridades a una serie de manifestaciones que se tornaron violentas y sacudieron el país sudamericano a comienzos de año.
El caso se abrió en enero por “las muertes de ciudadanos durante las movilizaciones sociales entre diciembre de 2022 y enero de 2023″. La fiscalía intenta determinar la responsabilidad de Boluarte en la represión de las manifestaciones antigubernamentales en las regiones Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
“Voy a acudir al Ministerio Público, voy a responder todas las preguntas, no me voy a acoger al derecho a quedarme en silencio porque creo que la primera persona que quiere saber la verdad de qué pasó con los fallecidos en esas protestas violentas es Dina Boluarte”, dijo la mandataria en una rueda de prensa. No obstante, en caso de una acusación, la presidenta no podrá ser sometida a juicio hasta 2026 cuando culmine su mandato, según fija la Constitución.
Las mencionadas protestas antigubernamentales arrancaron después de que el entonces presidente, Pedro Castillo, fuera destituido y detenido por un intento de arrogarse más poderes en una maniobra que las autoridades peruanas catalogaron como “autogolpe de Estado”.
“Yo puedo ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero no tengo comando, los protocolos los deciden ellos”, aseveró Boluarte en una entrevista a principios de mayo al medio local El Comercio.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció en mayo la eventual ejecución y masacre de manifestantes durante la represión.
El organismo de la OEA señaló en un informe a los agentes del Estado por su presunta responsabilidad en “múltiples” muertes de civiles y pide a la justicia peruana “investigar, juzgar y sancionar” a los responsables. Las víctimas recibieron “impactos de armas de fuego, incluyendo perdigones, en la parte superior del cuerpo”, recalcó la CIDH.
Boluarte cumplirá el 7 de junio seis meses en el poder tras sustituir en su calidad de vicepresidenta a Castillo, quien fue detenido por el delito de rebelión tras ser cesado por el Congreso el 7 de diciembre luego de un fallido autogolpe de Estado.
Maestro rural y líder gremial, Castillo, de 53 años, cumple prisión preventiva en una mini cárcel para ex mandatarios dentro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, en Lima.
Su caída desató las violentas movilizaciones que exigían la renuncia del gobierno, cierre del Congreso y adelanto de elecciones a 2023. Boluarte es la sexta persona en ocupar la presidencia en cinco años y la primera mujer en gobernar Perú, un país en permanente crisis política salpicada de denuncias de corrupción.
Amnistía Internacional teme que estas “graves violaciones” queden impunes puesto que la Fiscalía no ha puesto todavía en marcha investigaciones sobre lo ocurrido. “Aún no se han confiscado las armas que las fuerzas de seguridad utilizaron durante las operaciones, y tampoco se ha interrogado a ninguno de los posibles agentes implicados, pese a que disponían de sus nombres”, ha alertado la ONG.
Del mismo modo, Amnistía ha puesto también el foco en la fiscal general de Perú, Patricia Benavides, a quien acusa de entorpecer cualquier investigación al respecto con algunas de las decisiones que ha ido tomando, como reorganizaciones de personal y falta de premura a la hora de asignar recursos y trabajadores a estos casos.
“Amnistía Internacional pide a la Fiscalía que garantice que se llevan a cabo investigaciones inmediatas, exhaustivas e imparciales, que solicite asistencia técnica para las investigaciones penales a mecanismos regionales o internacionales de Derechos Humanos, y que garantice el acceso de las víctimas a la justicia”, reclamó la organización.
Con información de AFP y Europa Press*