La justicia argentina dictó este miércoles prisión perpetua para diez acusados por crímenes cometidos durante la dictadura (1976-1983) en el cuartel militar de Campo de Mayo contra 350 personas, entre ellas mujeres embarazadas y obreros de la multinacional Mercedes-Benz. Los condenados, exmilitares y policías, fueron encontrados culpables de homicidios, secuestros, tormentos, violaciones y allanamientos ilegales.

Conocida como ‘Megacausa Campo de Mayo’, el juicio unificó once causas de hechos ocurridos en este cuartel militar por el que, según el alegato de la fiscal Gabriela Sosti, pasaron unos 6.000 prisioneros, de los cuales sobrevivieron menos de 60.

En Campo de Mayo, un predio de 4.000 hectáreas, funcionaron cuatro centros clandestinos de detención y fue la sede de la Zona de Defensa IV, que controlaba el norte de la periferia bonaerense hasta la ciudad de Zárate (a 90 km).

La lectura del fallo unánime del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.° 1 de San Martín fue seguida por los acusados por videoconferencia, mientras que la sala de audiencias estuvo colmada de familiares de víctimas e integrantes de organismos de derechos humanos.

Entre las 350 víctimas hubo 14 mujeres embarazadas cuyos hijos e hijas fueron robados. En Campo de Mayo funcionó una maternidad clandestina, similar a la que hubo en la que fuera la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), donde mujeres embarazadas y detenidas ilegalmente daban a luz en condiciones infrahumanas antes de ser desaparecidas.

La organización Abuelas de Plaza de Mayo estima que en la dictadura unos 400 bebés nacieron en cautiverio y fueron entregados ilegalmente a otras personas. De ellos, 130 han recuperado su identidad.

La lista de víctimas también incluyó a numerosos obreros y delegados sindicales de fábricas ubicadas en el cordón industrial del norte de Buenos Aires, entre ellas la siderúrgica Dálmine Siderca y las automotrices Mercedes-Benz y Ford.

Vuelos de la muerte

Durante el juicio, que comenzó en 2019 y se realizó en gran parte en forma virtual por la pandemia, se escucharon a más de 300 testigos. Se inició con 22 imputados, de los cuales dos fallecieron durante el proceso y uno fue apartado por enfermedad irreversible. La mayoría ya había sido condenado en otros juicios por crímenes de lesa humanidad.

El exgeneral Santiago Riveros, de 98 años y que estaba a cargo del Comando de Institutos Militares de Campos de Mayo y fue comandante de Zona IV (periferia norte), fue el militar de mayor rango condenado este miércoles a cárcel perpetua, aunque con el beneficio de la prisión domiciliaria.

El lunes, Riveros recibió otra condena a perpetua, junto a otros tres militares, por su responsabilidad en los llamados “vuelos de la muerte”, que consistían en arrojar detenidos narcotizados al mar desde aviones que despegaban de Campo de Mayo. Por los crímenes ocurridos en Campo de Mayo ya había sido condenado el expresidente de la junta militar Reynaldo Bignone, excomandante de ese cuartel, quien falleció en 2018.

Desde la anulación en 2006 de las leyes de amnistía, se dictaron 278 sentencias por crímenes de lesa humanidad en todo el país en las que fueron condenadas 1.070 personas, muchos de ellos a prisión perpetua. Hay 750 personas detenidas, de las cuales 565 con prisión domiciliaria. Hay otros 19 juicios en curso y 64 causas que esperan el inicio de la fase oral, según datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad de Argentina.