La fiesta olímpica tiene un sabor amargo para la suspendida presidenta Dilma Rousseff. No solo no pudo presidir la inauguración de los juegos que organizó, sino que su situación política está cada vez peor. El jueves 4 de agosto una comisión del Senado aprobó la ponencia del parlamentario opositor Antonio Anastasia, en la que acusa a Rousseff de asignar gastos sin la venia del Congreso. Con esto, la comisión dio paso a la etapa final del impeachment, la votación del 29 de agosto en la que el Senado decidirá el futuro de la presidenta. Para destituirla se requieren 54 votos, dos tercios de los senadores. En las pasadas votaciones 55 votaron a favor del impeachment y 22 en contra. Es decir que Dilma solo tendría que convencer a unos cinco senadores de sufragar a su favor. Para ello habrá que esperar a que termine Río 2016, cuando Dilma tendrá que enfrentarse a quienes quieren su propia ‘ceremonia de clausura’.