Continúan las muestras de enemistad entre el actual gobierno peruano y colombiano. La presidenta Dina Boluarte le envió un contundente mensaje a su homólogo Gustavo Petro, para que se “ocupe en gobernar Colombia” y no intervenga en el presente de Perú.
“Yo desde acá le digo al señor Petro que se dedique a gobernar Colombia, que también sus calles se están llenando de protestas y que nos deje a nosotros los peruanos resolver los nuestros”, dijo Boluarte en medio de un evento oficial.
La actual mandataria peruana acusó al presidente colombiano de alentar los desórdenes que se vienen presentando en las calles, manifestaciones conformadas por ciudadanos que buscan la renuncia de Boluarte.
“Yo creo que no es ajena para él la situación política que estamos viviendo y desde afuera seguir azuzando a la población peruana es triste, rechazamos todo tipo de injerencia hacia nuestra historia”, añadió la presidenta.
La salida del poder de Castillo desató una ola de protestas que han dejado al menos 48 muertos por la represión policial. Los manifestantes exigen la renuncia de Boluarte y nuevas elecciones generales.
Petro, ‘persona no grata’
El Congreso peruano declaró al presidente colombiano Gustavo Petro “persona no grata”, por las expresiones del mandatario sobre semejanzas entre la policía peruana y tropas nazis.
La moción, aprobada con 72 votos a favor, 29 en contra y siete abstenciones, indica que se declara “persona no grata a Gustavo Petro, presidente de Colombia” y exhorta al Ejecutivo a que se “garantice” que el Jefe de Estado colombiano “no ingrese al territorio nacional”.
El pasado fin de semana Petro se refirió a la movilización y desfile de efectivos que hizo la policía peruana en el centro de Lima, mientras sindicatos y organizaciones sociales se concentraban a pocas cuadras de distancia para protestar contra la presidenta Dina Boluarte.
“Marchan como nazis contra su propio pueblo, rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos”, dijo Petro en una declaración.
En respuesta, el parlamento peruano rechazó lo que considera “inaceptables declaraciones del señor Petro, que constituyen una ofensa a la Policía de Perú, a la República de Perú y, al banalizar el Holocausto, constituyen también una ofensa a todo el pueblo judío”.
“Lo que estamos haciendo es defendiendo a nuestra Policía Nacional (...) Nadie puede ofender a nuestra policía diciendo que son tropas nazis”, expresó la congresista peruana Maricarmen Alva, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Petro, junto con los gobiernos ―también de izquierda― de México, Bolivia y Argentina, ha expresado su apoyo al destituido expresidente peruano Pedro Castillo, quien está detenido en una cárcel en Lima desde el 7 de diciembre, acusado de rebelión luego de que intentara disolver el Congreso y gobernar por decreto.
La salida del poder de Castillo desató una ola de manifestaciones en Perú, en ocasiones violentas, que ha dejado al menos 48 civiles fallecidos en enfrentamientos durante las protestas. Las movilizaciones exigen la renuncia de Boluarte y elecciones generales.
Desde la llegada al poder de Boluarte, la diplomacia peruana ha tenido varios roces con los gobiernos de Colombia, México, Argentina y Bolivia.
Medias contra Pedro Castillo
El Congreso peruano aprobó este viernes acusar al expresidente Pedro Castillo y dos de sus ministros por presunta corrupción y lavado de activos, lo que habilita a la Fiscalía a actuar penalmente contra el exmandatario.
“Ha sido aprobada la resolución legislativa del Congreso por la que se acusa al señor Pedro Castillo, en su condición de expresidente de la República”, afirmó el jefe del Legislativo, José Williams, luego de la votación que aprobó la propuesta con 59 congresistas a favor, 23 en contra y tres abstenciones.
El documento “declara a lugar la formación de causa penal” contra Castillo por ser “el presunto autor de los delitos de organización criminal agravada, tráfico de influencias y colusión”.
La tesis de la fiscalía es que el exmandatario dirigía una red de corrupción de lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas integrada por su entorno familiar y político.
Los exministros de Transporte, Juan Silva, y de Vivienda, Geiner Alvarado, también fueron señalados por la votación del Congreso.
Durante el debate, las bancadas de izquierda defendieron el papel de Castillo, alegando que se le acusaba en un proceso sin evidencias.
El propio Castillo, invitado a comparecer por videoconferencia ante el pleno del Congreso para ejercer su derecho a la defensa, solicitó que su presentación fuese en persona, lo que fue desestimado por el Parlamento.
El exmandatario se encuentra detenido en una cárcel de Lima desde el 7 de diciembre, acusado de rebelión, luego de que intentó disolver el Congreso y gobernar por decreto. Tras ello, el Legislativo lo destituyó y designó a Dina Boluarte, vicepresidenta de Castillo, como mandataria.
*Con información de AFP.