El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, continúa en una defensa a capa y espada de su estrategia contra las pandillas, basada en un estado de excepción que este miércoles 14 de diciembre se extendió por novena vez consecutiva. La Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, dio luz verde a que la medida siga en marcha.

“Cero homicidios. Nuestros opositores y sus patrocinadores nacionales e internacionales intentan convencer al pueblo salvadoreño de que debemos regresar al tiempo cuando éramos literalmente el país más peligroso del mundo… Pero, ¿quién querría eso?”, dijo el mandatario, en un nuevo intento por defender su política de seguridad.

“Este es el verdadero temor de las ONG, los grandes medios y muchos en la comunidad internacional… Que otros países quieren replicar nuestro ejemplo. Literalmente, tienen intereses invertidos en que volvamos al pasado. No lo haremos. ¡Dios con nosotros!”, añadió.

Las autoridades aseguran que, a nueve meses de intensificar su guerra declarada contra las pandillas, se ha detenido a 900 cabecillas de células delictivas, y a diez integrantes del mando general de la Mara Salvatrucha. Las operaciones de esta organización se extienden más allá de las fronteras de ese país.

Medida se prolongó 30 días

El texto de prórroga fue respaldado con 67 votos a favor (en un Legislativo de 84 escaños). La iniciativa mantiene en vigencia “el régimen de excepción (...) para la continuidad del restablecimiento del orden y la seguridad ciudadana y el control territorial”. El presidente de ese órgano detalló que será “por el término de 30 días a partir del 18 de diciembre”.

Según el decreto “las organizaciones criminales y sus integrantes mantienen su amenaza (...). Los resultados del régimen de excepción son innegables y lo hemos visto en el territorio. Con esta nueva prórroga, estamos cuidando la vida de los salvadoreños”, dijo el diputado oficialista Walter Alemán.

Esta medida, que ha sido ampliamente cuestionada por organismos humanitarios como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI), da vía, por ejemplo, para detenciones sin orden judicial. La razón para aplicarla fue una respuesta a la escalada de violencia que a finales de marzo cobró la vida de casi 90 personas.

“Las fuerzas de seguridad han maltratado a comunidades vulnerables con violaciones generalizadas de los derechos humanos en nombre de la seguridad pública (...). Para poner fin a la violencia de las bandas, el Gobierno debe aplicar una política de seguridad eficaz y respetuosa con los derechos que otorgue a los salvadoreños”, enfatizó la directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus.

Nuevo embajador en El Salvador

El Senado estadounidense confirmó la designación del nuevo embajador norteamericano en El Salvador, un anuncio que llega a casi dos años de que terminara sus funciones el anterior representante de Washington. Además, se da en el marco de tensiones entre ambas naciones.

La embajada en San Salvador confirmó el visto bueno de la Cámara Alta a William H. Duncan para ocupar esa oficina. El funcionario que se ha desempeñado en varios cargos, incluyendo el de Cónsul General en Monterrey, México, antes de lo cual ejerció como ministro consejero en la Embajada de Estados Unidos de la capital mexicana.

Sin embargo, el Gobierno de Joe Biden mantiene distancia sobre la labor de las autoridades en el país centroamericano. De hecho, en los últimos días el Departamento del Tesoro incluyó en su lista negra al ministro de Trabajo, Rolando Castro, y al secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro.

*Con información de AFP y Europa Press.