Los bajos salarios en Venezuela obligan a los educadores a realizar otras actividades económicas. Estos profesionales, muchos con posgrados, tienen que buscar ingresos extras como taxistas, albañiles, tareas dirigidas, costura o ventas, solo para sobrevivir.

Este es apenas una parte del balance educativo 2021 presentado por la Asociación Civil para la Formación de la Dirigencia Sindical (Fordisi), la cual advierte que los maestros se hacen cada vez más pobres en el vecino país.

Gricelda Sánchez, presidenta de esta organización gremial, le declaró al periódico El Nacional, de Caracas, que en medio de la pandemia los docentes venezolanos siguen siendo perseguidos por tener una posición crítica ante el Gobierno de Nicolás Maduro.

La sindicalista denunció que el pasado 26 de diciembre se cumplió un año de la injusta detención del profesor Robert Franco, por estar supuestamente vinculado con una denominada operación boicot contra el Gobierno chavista.

“Ahora no solo condenan a los profesores a un salario de hambre, sino que son perseguidos, torturados y encarcelados. El único crimen del profesor Franco ha sido levantar la voz por los educadores de su región exigiendo salarios dignos”, afirmó Sánchez.

La persecución contra los maestros ha sido generalizada en Venezuela, según alertó este sindicato. Hasta la presente fecha reportan diversos casos de docentes suspendidos y con sueldos caídos en los estados Táchira, Amazonas, Miranda, Portuguesa, Barinas, Trujillo y el Distrito Capital. También se quejan de las condiciones salariales de los trabajadores jubilados, quienes no cobran la totalidad de sus sueldos en la fecha estipulada.

Otro grave problema que denuncia este gremio educativo es que el Ministerio de Educación sigue violando la cláusula del contrato colectivo número 71, en el que se establece la fecha para el pago de los aguinaldos (prima) y bonos del sector educativo, a través de una homologación dirigida a los trabajadores y obreros activos, equivalente a 120 días de salario integral.

Sánchez exigió el cumplimiento de esta normativa, que según denunció fue violada desde el año 2018. “Se calcula que aproximadamente el 70 % de los maestros ha sido vacunado, aunque en el mes de marzo el mismo Nicolás Maduro anunció que este sector sería priorizado en el plan de vacunación nacional. Exigimos respecto, pues todavía hay profesores que no cuentan con ninguna vacuna”, recalcó la vocera de los maestros venezolanos.

La realidad es que los estudiantes no pueden volver a las aulas en enero porque no pueden movilizarse para asistir a los centros educativos, debido a que el transporte público es deficiente y no funciona en su totalidad por la escasez de gasolina. “El 80 % de las escuelas se encuentran sin servicios de agua y luz, los docentes son mal pagados y hay una alta migración a otras profesiones u oficios. Con un sueldo de maestro nadie puede vivir en Venezuela”, lamentó la sindicalista.

Actualmente, el sueldo mínimo en Venezuela es de 2,5 dólares, unos siete millones de bolívares, lo que equivale a poco más de 10.000 pesos en Colombia, un monto que a los trabajadores públicos del vecino país se les esfuma de las manos.

“En Venezuela los educadores realizan una labor heroica, mientras reciben salarios de hambre y bajo condiciones precarias. En lugar de honrarlos por ayudar a la construcción de un país, son abandonados. Lo que gana un maestro no alcanza para su subsistencia, necesitan acciones ya”, denunció Provea, una ONG defensora de derechos humanos.

Los maestros y maestras que abandonaron Venezuela en busca de una salida a la crisis forman parte de los seis millones de refugiados y migrantes que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, han salido de este país desde el año 2015, siendo Colombia el principal país receptor de este éxodo, con 1,8 millones.