La expectativa por el esclarecimiento del magnicidio que conmueve a Ecuador y América Latina tuvo este viernes nuevos adelantos.
El noticiero dijo que estaba en capacidad de afirmar que al menos una decena testigos presenciales reconocieron a dos de los colombianos detenidos como los que dispararon contra Villavicencio.
Las autoridades, así mismo, tienen en su poder cuatro teléfonos de los delincuentes, en los cuales se registran llamadas con personas vinculadas a partidos políticos ecuatorianos.
Uno de los aspectos críticos en este suceso ha sido el papel que cumplió el esquema de seguridad del candidato.
Al respecto, la viuda de Villavicencio, Verónica Saráuz, se ha quejado en sus entrevistas de la actitud de los escoltas en el momento del ataque, pues se agacharon para esquivar las balas, pero no hicieron nada por defender a su marido.
“No entiendo por qué le subieron a la camioneta en donde fue asesinado. No entiendo por qué su seguridad no reacciona y se esconden. Me tienen que dar muchas explicaciones”, dijo Saráuz.
Al respecto, se ha sabido que en los momentos previos al magnicidio, Villavicencio contaba con tres filtros de seguridad.
El primero estaba compuesto por cinco policías y estuvieron con él durante el mitin y lo escoltaron a la camioneta donde debía partir.
En cuanto al filtro intermedio, lo conformaban agentes policiales de reacción que aguardaban por él al pie del carro.
Un tercer filtro lo integraban dos agentes a la salida del lugar.
La conclusión es que todos fallaron en su misión de salvaguardar la vida del político.
Las pesquisas también han llevado a las autoridades a concluir un detalle y es que el costado por donde Villavicencio se subió al automóvil estaba desprotegido, lo cual facilitó el accionar de los sicarios, quienes lograron llegar hasta allí moviéndose en medio del público que aclamaba al candidato.
En medio de las maniobras de los criminales, el agente de policía que manejaba el vehículo fue herido.
Otro detalle que ha salido a la luz en la cuestión de seguridad es que Fernando Villavicencio había solicitado que se le proveyera de un equipo táctico permanente para su protección, de acuerdo con Noticias Caracol.
El asesinato de Villavicencio llevó al Gobierno, que ha enfrentado un duro período de violencia, a decretar un estado de excepción de 60 días.
Sobre ese particular, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, declaró a la prensa que este hecho es la mejor prueba de que se ha querido enlodar el proceso electoral y por eso hay que estar atentos.
Ello justifica –puntualizó– la declaratoria de excepción, “la única herramienta jurídica que permite que las Fuerzas Armadas puedan estar en las calles, prevenir, mitigar, ese tipo de situaciones”.
Así, en los siguientes días no serán extraños los patrullajes militares y policiales y las requisas de vehículos y propiedades. Las Fuerzas Militares, además, están facultadas para usar sus armas contra la delincuencia.
¿Qué pasará con los colombianos detenidos?
Sobre los colombianos involucrados por las fuerzas del orden en el caso, permanecerán tras las rejas durante un mes mientras se surte la investigación, pero se sabe que enfrentarán cargos por homicidio.
La prisión preventiva contra los sospechosos fue ordenada en la audiencia de formulación de cargos luego de que la Fiscalía presentó 22 elementos probatorios y argumentó la conmoción social nacional e internacional que causó el crimen de Villavicencio, así como el alto riesgo de fuga de los extranjeros, informó el organismo en un comunicado en la red social X.
Los seis colombianos fueron aprehendidos la noche del miércoles en una vivienda en el sur de la capital. Otro implicado, que fue abatido en el cruce de balas durante el atentado, había sido detenido en junio por tenencia ilegal de armas, pero fue dejado en libertad, de acuerdo con la AP.
Según el expediente judicial del caso, los procesados intentaron fugarse durante el operativo de detención.
Además, algunos de ellos habían sido aprehendidos con anterioridad, pero fueron puestos en libertad con medidas sustitutivas que no cumplieron. También tienen causas pendientes por tráfico ilícito de sustancias, informó también la agencia.