John Grant, un afroamericano de 60 años, fue condenado a muerte en 2000 por el asesinato de una empleada de prisión. Tras haber recibido luz verde de la Corte Suprema de Estados Unidos, las autoridades penitenciarias del rural y conservador estado del sur le inyectaron tres substancias y su muerte fue confirmada a las cuatro de la tarde.

El protocolo había sido aplicado en 2014 y 2015, pero los aparentes sufrimientos de los condenados condujeron el estado a declarar una moratoria de las ejecuciones. Grant “comenzó a convulsionar poco después de la inyección del primer producto”, declaró un periodista de la agencia estadounidense AP que asistió a la ejecución. Convulsionó unas veinte veces y vomitó en varias ocasiones antes de morir, agregó.

“Fui testigo de 14 ejecuciones, nunca había visto esto”, señaló el periodista. El calvario de Grant suscitó inmediatamente fuertes críticas. “Oklahoma saboteó sus tres últimos intentos de ejecución antes de su pausa de seis años, pero aparentemente no sacó ninguna lección de esta experiencia”, comentó Robert Dunham, quien dirige el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC en inglés).

Sin embargo, hace unos días apenas, los servicios penitenciarios de Oklahoma estimaron en un comunicado que su protocolo era “humano y eficaz” y que las ejecuciones podían reiniciar. Pero el abogado de varios de los condenados, Dale Baich, juzgó que había “serias dudas” sobre el dolor causado por el coctel letal y su conformidad con la Constitución, que prohíbe las “penas crueles e inusuales”.

“Con un proceso sobre este punto preciso que debe iniciar en febrero, las ejecuciones no deberían retornar antes”, argumentó. El miércoles, un tribunal de apelación falló a su favor y suspendió la ejecución, pero las autoridades de Oklahoma apelaron inmediatamente ante la Corte Suprema de Estados Unidos para pedirle revertir la decisión.

Sin explicar las razones, la Corte dio in extremis luz verde a la ejecución. Sus tres jueces del ala progresista dijeron no estar de acuerdo con la mayoría conservadora. El protocolo combina un sedante, el midazolam, y un anestésico que deberían impedir el dolor antes de la inyección de la dosis letal de cloruro de potasio. Fue usado en 2014 para ejecutar a Clayton Lockett, pero el condenado agonizó durante 43 minutos en aparente sufrimiento.

Tras ese y otros fallos un gran jurado abrió una investigación y las autoridades aceptaron suspender la aplicación de la pena de muerte. En 2020 finalizaron un nuevo protocolo y fijaron para 2021 varias ejecuciones, empezando por la de Grant.

Grant asesinó en 1998 con un desatornillador a una mujer que trabajaba en la cafetería de la cárcel en donde purgaba una pena por asalto a mano armada.

*Con información de la AFP.