Este martes 16 de mayo la Policía salvadoreña confirmó el asesinato de uno de sus integrantes, mientras patrullaba con otros compañeros en el municipio Nueva Concepción, del departamento Chalatenango.
Las autoridades atribuyeron su deceso a pandilleros y confirmaron que un sospechoso había sido puesto bajo custodia, mientras se activó un operativo para encontrar a otros posibles responsables.
Poco después de conocerse el crimen, el presidente Nayib Bukele lanzó una advertencia tanto a miembros de grupos delincuenciales como a las organizaciones no gubernamentales.
Estas últimas han mantenido al margen la política de seguridad actual, al considerar que sobrepasa su alcance en materia del debido proceso y derechos humanos.
“Que sepan todas las ONG de ‘derechos humanos’, que vamos a arrasar con estos malditos asesinos y sus colaboradores, los meteremos en prisión y no saldrán jamás. No nos importa su famosa ‘comunidad internacional’, que jamás se preocupó por nuestra gente. Sanaremos nuestro país y eliminaremos esta peste por completo. Llévense sus recetas fracasadas para otro lado”, aseguró en su cuenta de Twitter.
“Los haremos pagar caro”
Poco antes, el mandatario había dejado otro mensaje en el que mencionaba el asesinato de uno de sus uniformados y aseguraba que se haría justicia por ese hecho.
“Los pandilleros que aún quedan en nuestro país, acaban de asesinar a uno de nuestros héroes. (...) ¿Ven por qué debemos continuar con el régimen de excepción hasta terminar por completo con esta peste? Este cobarde asesinato no quedará impune. Los haremos pagar caro lo que hicieron”, sentenció.
Según el diputado Guillermo Gallegos, se trata del cuarto policía asesinado desde que el gobierno actual anunció su “guerra” contra las pandillas hace más de un año, y el primero en lo corrido de 2023, informó AFP.
Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) han cuestionado los métodos de Nayib Bukele para enfrentar la inseguridad en la nación centroamericana.
No obstante, su política tiene el respaldo de nueve de cada diez ciudadanos, según encuestas.
De acuerdo a HRW, las fuerzas de seguridad han perpetrado abusos como arrestos arbitrarios, “torturas y otros malos tratos” en el marco de los procesos de detención. La ONG ha reiterado su pedido para finalizar y reemplazar esa medida.
Hace algunos días el mandatario confirmó que el país había completado 365 días sin homicidios, y su Gobierno lo calificó como “un logro sin precedentes que no ha sido fácil”. También afirmó que en la década anterior a la administración actual solo hubo un día sin reporte de homicidios.
Se amplía la medida de seguridad
Este martes 16 de mayo la Asamblea Legislativa dio luz verde a otro periodo bajo el régimen de excepción con 67 votos a favor, de un total de 84.
Esta medida avala los arrestos sin orden judicial, principal herramienta de la “guerra” contra los pandilleros que ha intentado nuevamente entregar un ‘respiro’, y tranquilidad en las calles salvadoreñas.
La disposición permanecerá en marcha hasta el 15 de junio. Esta empezó a regir en marzo de 2022, luego de que el país fuera testigo de un aumento de la violencia que se saldó con 87 muertos entre el 25 y el 27 de ese mes.
“Esta noche he dado mi voto por décimo cuarta ocasión a favor de la vida y seguridad del pueblo salvadoreño, lo haré las veces que sean necesarias hasta capturar al último terrorista”, señaló en su cuenta de Twitter el diputado, Guillermo Gallegos.
Desde que empezó a regir esa disposición han sido detenidos más de 68.000 presuntos pandilleros.
Sin embargo, se estima que cerca de 5.000 fueron dejados en libertad al no encontrarse vínculos con esas bandas, señaló el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, informó AFP.