El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), rechazó, por “ofensivo”, “propagandístico” y “corrupto”, el plan propuesto por congresistas republicanos de utilizar el Ejército de Estados Unidos dentro de territorio mexicano para luchar contra los carteles de la droga.
“Nosotros no vamos a permitir que intervenga un Gobierno extranjero y mucho menos que intervengan Fuerzas Armadas de un Gobierno extranjero en nuestro territorio”, AMLO indicó el mandatario durante la tradicional rueda de prensa diaria.
Las palabras del jefe de Estado mexicano son en respuesta a un proyecto de ley presentado por los republicanos Lindsey Graham y John Neely Kennedy, para declarar a los carteles del narcotráfico como organizaciones terroristas extranjeras y poder combatirlos, incluso con el Ejército dentro de territorio mexicano.
“Si no cambian su actitud y piensan que van a utilizar a México por sus propósitos propagandísticos, electoreros, politiqueros, nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese partido, por intervencionista, inhumano, hipócrita y corrupto”, respondió López Obrador.
Añadió que “porque lo que dijo ayer este senador no lo admitimos, a México se le respeta, no somos un protectorado de Estados Unidos, ni una colonia de Estados Unidos, México es un país libre, independiente, soberano, no recibimos órdenes de nadie, aquí mandan el pueblo de México”.
En una conferencia de prensa celebrada esta semana, los congresistas Graham y Kennedy anunciaron su propuesta, motivada, dijeron, por el auge del fentanilo, un opioide que puede ser 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina, que solo en 2021 fue causa de muerte de más de 71.000 estadounidenses.
“El fentanilo es un arma de destrucción masiva que está llegando desde tu país. Estás permitiendo refugios para que estos grupos operen con impunidad. Te pedimos que nos ayudes”, interpeló directamente a López Obrador un Graham que calificó a México de “Estado narcoterrorista”.
El listado de los carteles que proponen registrar como terroristas son los de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Golfo, Los Zetas, Noreste, Juárez, Tijuana, Los Beltrán Leyva y La Familia Michoacana, todos ellos ya bajo sanciones del Gobierno de Estados Unidos desde hace varios años.
La iniciativa, veta además la entrada a sus miembros en territorio estadounidense, permite bloquear sus activos y transacciones y sanciona a aquellos que les ayuden materialmente.
Graham señaló que la iniciativa busca que los militares tengan “autoridad” para perseguir a estas organizaciones “dondequiera que existan, no para invadir México, no para derribar aviones mexicanos, sino para destruir los laboratorios de drogas que están envenenando a los estadounidenses”.
Pentágono teme “consecuencias” si EE. UU. usa tropas contra carteles en México
Entre tanto, una funcionaria del Pentágono aseguró que el uso de las fuerzas armadas contra los cárteles en territorio mexicano podría tener “consecuencias” para la cooperación con ese país.
Melissa G. Dalton, subsecretaria de Defensa para la Defensa Nacional y Asuntos Hemisféricos, expresó su preocupación por las consecuencias de estas iniciativas si salieran adelante.
Hay que “sopesar las ventajas y desventajas de algunos de los pasos que se están considerando en términos del uso de la fuerza o ciertas designaciones” y “tener una visión clara sobre cuáles podrían ser algunas de las consecuencias para las líneas de cooperación que tenemos con México”, afirmó durante una audiencia ante el Congreso sobre los desafíos de seguridad en las Américas.
“Me inquietan, con base a señales, señales muy fuertes que recibimos de los mexicanos en el pasado, las preocupaciones sobre su soberanía, preocupaciones sobre posibles pasos recíprocos que podrían tomar”, afirmó Dalton, que viajó a México para hablar de cooperación de inteligencia, cibernética y de defensa.
Preguntado al respecto durante la audiencia en el Congreso sobre los desafíos de seguridad en las Américas, el general Glen D. VanHerck, jefe del comando norte, contestó: “Si se me ordena planificar, ejecutar y usar la fuerza militar, entonces lo haría”.
Añadió, sin embargo, que es un problema del Departamento de Seguridad Nacional y del de Justicia, no del Pentágono.
Para entrar en vigor, un proyecto de ley necesita ser aprobado por la Cámara de Representantes y por el Senado.
Crimen de ciudadanos estadounidenses
La propuesta de los congresistas se dio como reacción a la muerte de dos estadounidenses secuestrados en la ciudad fronteriza de Matamoros.
Las víctimas, que medios estadounidenses identifican como Shaeed Woodard, Zindell Brown (fallecidos), Eric James Williams, encontrado herido, y Latavia McGee cruzaron a México el pasado viernes porque uno de ellos planeaba someterse a una cirugía estética.
Esta versión, basada en declaraciones de sus familiares a la prensa estadounidense, fue corroborada por documentos hallados en su vehículo.
“Lo que se encontró (...) fueron exámenes de laboratorio médico con la intención de que una de las personas americanas venía a hacerse una cirugía de tipo estética a una de las clínicas de la frontera. Ese es el motivo (...) de la presencia de ellos en Matamoros”, dijo el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal.
El funcionario descartó versiones difundidas en redes sociales de que las víctimas trabajaban para la Oficina Federal de Investigaciones estadounidense, FBI.
“No hay ningún fundamento para pensar que tengan alguna relación con el FBI”, sostuvo.
El secuestro
Tras ser subidos por la fuerza a la camioneta, los cuatro estadounidenses se bajaron e intentaron huir, pero los secuestradores les dispararon y los hicieron caer al suelo, según relata la fiscalía estatal en una presentación impresa, ilustrada con algunas capturas de video.
Una mexicana de 33 años murió cerca del lugar, posiblemente víctima de una bala perdida.
Luego del ataque, los captores se acercaron y arrastraron a los heridos, así como a la mujer que resultó ilesa, los subieron nuevamente a la camioneta y partieron rápidamente, mientras otro vehículo custodiaba a los agresores.
La fiscalía no confirmó si el intento de fuga ocurrió en el mismo lugar en que fueron interceptados o en otro punto de la ciudad.
El gobernador de Tamaulipas informó que durante los tres días posteriores al secuestro los rehenes fueron trasladados a diversos lugares de la ciudad, entre ellos una clínica, para “crear confusión y evitar las labores de rescate”.
La búsqueda resultó infructuosa desde el viernes hasta el lunes, pues algunas de las informaciones recibidas habrían tenido por objeto “despistar el trabajo de las autoridades”, reconoció el fiscal estatal Irving Barrios,
“Se va fortaleciendo la línea (investigativa) de que fue una confusión (de los criminales), no fue una agresión directa” contra los visitantes, aunque aclaró que todas las hipótesis siguen abiertas.
Agentes de esta dependencia recorrieron al menos seis hospitales de la ciudad sin encontrar a personas heridas.
El FBI ofrecía una recompensa de 50.000 dólares a quien brindara información sobre el paradero de los secuestrados.
El hallazgo final, derivado de un operativo en un barrio periférico, se dio en una casa de madera ubicada cerca de una laguna.
Allí se encontraban los cadáveres de dos hombres, mientras los sobrevivientes, uno de ellos herido en una pierna, fueron repatriados el pasado martes a Estados Unidos.
* Con información de Europa Press y AFP