El Gobierno del nicaragüense Daniel Ortega sigue en la lupa internacional por la continuidad de ataques contra la oposición, la prensa, la Iglesia Católica y también el sector educativo. Por ejemplo, sobre la institución religiosa hace algunos meses la catalogó como una “mafia” en la cual la democracia ‘brillaba’ por su ausencia.
En medio de las tensiones y coerción a la cual están sujetos miles de ciudadanos, organizaciones internacionales como Naciones Unidas y otras de derechos humanos sigue expresando su condena por la gestión de Ortega. A esto se suma la persecución contra el obispo, Rolando Álvarez, quien a comienzos de mes cumplió un año en prisión.
Como respuesta a las acciones de la administración sandinista, Estados Unidos restringió visas este sábado a 100 funcionarios del mandatario por “ataques” a las libertades civiles, como la mencionada contra el obispo Álvarez y la confiscación de bienes de una universidad jesuita. Así lo informó el secretario de Estado, Antony Blinken.
En su cuenta de X (antes Twitter), Blinken anunció la disposición norteamericana y aprovechó para exhortar a Ortega con la liberación del representante católico. “Hacemos un llamado al régimen para que libere incondicionalmente y de inmediato a Monseñor Álvarez y a todos los injustamente detenidos”.
Centenares de opositores fueron detenidos en la nación centroamericana en el marco de la represión que continuó a las manifestaciones de 2018 contra Ortega, quien está en el poder desde 2007 y cuya legalidad de los comicios sucesivos han estado en ‘tela de juicio’ por Estados Unidos y la Unión Europea.
El Departamento de Estado estableció medidas adicionales para que “se rindan cuentas por los implacables ataques del régimen Ortega-Murillo a las libertades civiles”, afirmó Blinken en un comunicado en referencia a la esposa y vicepresidenta de Ortega, Rosario Murillo.
¿En qué consisten las sanciones?
Washington impone “restricciones de visa a 100 funcionarios municipales nicaragüenses que participaron en los esfuerzos para reprimir a las organizaciones de la sociedad civil, cerrar espacios cívicos como el de la Universidad Centroamericana y detener injustamente a individuos valientes que apoyan una sociedad civil libre, incluyendo al obispo Rolando Álvarez”, añade, sin precisar la identidad de los sancionados.
El Gobierno de Ortega mantiene una relación muy conflictiva con la Iglesia católica. El caso de Álvarez es uno de los temas de choque, en uno de los peores momentos de las relaciones diplomáticas entre Managua y el Vaticano. Hace cinco meses en una entrevista con Infobae, el papa Francisco se refirió al respecto.
“No me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige. Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio”, señaló el pontífice a ese medio.
“Es una cosa que está fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera traer la dictadura comunista de 1917 o la hitleriana del 35. (…). Son un tipo de dictaduras groseras”, sentenció.
En un mensaje en X, el jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina y el Caribe, Brian Nichols, afirmó en esta jornada que Ortega y Murillo lo detuvieron “arbitrariamente” por “predicar justicia y paz para Nicaragua”.
La Universidad Centroamericana, una institución de los jesuitas, también sufrió un golpe esta semana, al suspender todas sus actividades, luego de que un tribunal dictaminara la confiscación de sus bienes y fondos. Lo anterior, tras ser acusada de ser un “centro de terrorismo”.
Blinken advirtió al Gobierno de Ortega que su país seguirá “con la comunidad internacional para promover la rendición de cuentas de quienes amenazan la democracia” y respaldar “las libertades fundamentales del pueblo nicaragüense y el respeto de sus derechos humanos”.
*Con información de AFP.