Una polémica entrega le ha realizado el Gobierno de Ecuador a Perú, en medio de las recientes protestas que han tenido lugar en el país y que hasta el momento dejan decenas de manifestantes muertos y heridos, incluyendo miembros de la fuerza pública.

Se trata de 12.000 granadas lacrimógenas procedentes de Ecuador para responder a las protestas y los disturbios presentados en el país. Estas granadas fueron entregadas por Perú a Ecuador para responder al estallido social que se generó por el anuncio de reformas económicas del expresidente Lenin Moreno en mayo del 2020.

Según el diario La República, el material que devolvió Ecuador incluye 6.000 granadas lacrimógenas de calibre 37 milímetros, 5.000 cartuchos de 12 milímetros y 1.000 granadas de mano.

Dina Boluarte ha calificado de "muy buena" la tarea de las autoridades peruanas para contener a los manifestantes. | Foto: Con derechos gestionados de Getty Images

El pasado 23 de enero, la Policía Nacional de Perú había solicitado de carácter “urgente” la compra de 230.000 granadas y cartuchos de gas lacrimógeno y otro material antidisturbios para hacerles frente a las protestas que se intensificaron en la última semana y tienen como objetivo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el llamado a adelantar las elecciones presidenciales.

El lote ha sido entregado en la frontera con Ecuador y posteriormente trasladado al aeropuerto de Tumbes, de donde una aeronave de la Aviación Policial hizo el viaje hasta Lima. Allí fueron enviados a los almacenes del Departamento de Armamento y Municiones de la División de Logística de la Policía PNP, ubicado en el distrito de Rímac.

Las granadas serán distribuidas en Lima y las peruanas conforme a las necesidades.

Manifestantes en Lima, Perú, luchan contra la fuerza pública en unas protestas que ya cobraron la vida de un ciudadano capitalino | Foto: Con derechos gestionados de Getty Images

El ministro del Interior, Vicente Romero Fernández, anunció posteriormente que gestiona la adquisición de 100.000 proyectiles lacrimógenos. El Gobierno ha asignado 22,9 millones de soles (casi 5,5 millones de euros) para la compra de suministros de material antidisturbios, desplazamientos y alimentos para el personal policial.

La crisis en Perú se agudizó tras la muerte de Víctor Raúl Santiesteban, un joven que falleció en extrañas circunstancias en el marco de las manifestaciones que se llevan a cabo en Perú.

El propio Ministerio del Interior del país ha anunciado la apertura de una investigación del propio organismo y otra por parte de la Fiscalía para esclarecer los hechos que dieron como resultado la muerte del joven; además, se han contabilizado varios manifestantes heridos, algunos de ellos con pronóstico crítico, y una veintena de agentes lesionados, informa la prensa peruana.

El Ministerio ha expresado sus “condolencias y solidaridad a los familiares” de la víctima. El Seguro Social de Perú ha explicado que Santisteban fue atendido en el hospital Grau por una herida contuso-cortante detrás de la oreja producto de un golpe.

La crisis en Perú ha llamado la atención de diferentes organismos internacionales como la OEA, que en cabeza del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos ha convocado para el lunes 30 de enero una sesión extraordinaria. Esto, con el fin de tratar la dura situación que vive Perú y la reciente ola de protestas que se han llevado a cabo en el país.

La ministra de Relaciones Exteriores de Perú, Ana María Gervasi, ha explicado que la sesión se celebrará a petición de Colombia y en el mismo presentarán las gestiones del Gobierno “para superar esta compleja crisis política que venimos atravesando desde el 7 de diciembre del año pasado”, según recoge la emisora RPP.

Por otra parte, el parlamentario andino Luis Galarreta cursó un oficio a la canciller Gervasi para que, en su calidad de presidenta del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, convoque al Consejo Presidencial Andino para “evaluar el proceso de integración subregional”.

Galarreta ha criticado la “inaceptable intromisión de algunos jefes de Estado de países miembros de la Comunidad Andina, como es el caso de Bolivia y Colombia”. Así, ha solicitado que se evalúe la aplicación de la Decisión 878 de la Comunidad Andina, es decir, “la suspensión del flujo migratorio entre Perú y Bolivia”.

Con información de Europa Press*