La emigración irregular y el creciente problema de los indocumentados es uno de los mayores desafíos del siglo XXI.
Millones de personas en todo el mundo dejan sus países, expulsados por conflictos bélicos o por la pobreza, en busca de mejores oportunidades en naciones más desarrolladas.
En respuesta, los gobiernos de estos países gastan miles de millones de dólares cada año para intentar frenar este flujo humano.
Algunos han propuesto soluciones.
Un día después de asumir el poder en enero pasado, el flamante presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó un plan para dar un camino a la ciudadanía a más de 10 millones de indocumentados en ese país.
Y esta semana, el presidente de Colombia, Iván Duque, sorprendió con una propuesta que busca regularizar la situación migratoria de más de un millón de venezolanos que viven en la nación sudamericana en forma irregular.
Estas iniciativas han sido aplaudidas por muchos expertos en migración y organismos que ayudan a los refugiados, que han calificado estos planes de “históricos”.
Sin embargo, las propuestas de Biden y Duque empalidecen al lado de una iniciativa que tomó un emperador romano en el siglo III.
Marco Aurelio Severo Antonino Augusto –más conocido por su sobrenombre, Caracalla– gobernó el Imperio romano entre los años 211 y 217, durante la llamada Dinastía de los Severos.
A pesar de no ser uno de los emperadores más recordados, Caracalla dejó su huella en la historia al realizar un hito inigualable: la mayor concesión de ciudadanía de todos los tiempos.
30 millones
Cuando Caracalla asumió el poder, el imperio romano se extendía desde Oriente Medio hasta Hispania (como se conocía a la península ibérica) y desde Egipto hasta Britania (la isla de Gran Bretaña).
Pero solo los habitantes de Italia, los romanos que vivían en otras provincias (y sus descendientes) y un selecto grupo de habitantes del Imperio tenían la ciudadanía romana plena.
Eso cambió de la noche a la mañana el 11 de julio de 212.
Registros históricos señalan que ese día se publicó la Constitutio Antoniniana (Constitución Antonina), también conocido como el Edicto de Caracalla.
El edicto les otorgó a todos los hombres libres del Imperio la ciudadanía romana plena y a todas las mujeres libres del Imperio los mismos derechos que a las mujeres romanas.
“Significó que, de un plumazo, 30 millones de personas obtuvieron la ciudadanía romana”, destacó la historiadora y experta en estudios clásicos de la Universidad de Cambridge, Mary Beard.
“Fue la mayor concesión de ciudadanía en la historia del planeta, e hizo que todos, incluyendo los que vivían en esta alejada provincia (parte del actual Reino Unido), fueran parte del mundo más extenso”, resaltó la académica en 2015 durante un debate sobre los aportes de la civilización romana.
Iguales derechos
Carmen Lázaro Guillamón, profesora de Derecho Romano de la Universitat Jaume I en Castellón de la Plana, España, le explicó a BBC Mundo qué impacto tuvo la decisión de Caracalla en la vida de aquellos que obtuvieron la ciudadanía.
“De golpe abrió todo un abanico de posibilidades para esas personas”, señaló la jurista.
“Obtener la ciudadanía romana era considerado algo muy valioso porque en esa época Roma era el centro del mundo”, explicó.
“Tener la ciudadanía les permitía a los habitantes de las provincias tener iguales derechos que los romanos. Significaba tener acceso a todo el ámbito del derecho civil romano”.
Eso no solo facilitaba el acceso a cargos públicos. También daba igualdad de derechos en cuestiones civiles como casamientos o sucesiones.
Además, tuvo un importante impacto para quienes comerciaban en el vasto Imperio romano.
Lázaro Guillamón lo ejemplifica así:
“Es como si hoy una empresa suiza quisiera hacer negocios en Uruguay. Y de golpe lo puede hacer en igualdad de condiciones. Te facilitaba la vida”, señaló.
Los motivos
Algunos historiadores señalan que la decisión de Caracalla de otorgar la ciudadanía a la mayoría de sus súbditos no estuvo motivada por el deseo de ampliar derechos, sino que tuvo fines mucho menos nobles.
En su obra Historia romana el político y militar Cassius Dio (también conocido como Dion Casio), coetáneo de Caracalla, afirmó que la intención del emperador fue incrementar los ingresos fiscales del Imperio al aumentar el número de personas que debían pagar impuestos.
El fin habría sido financiar las costosas campañas militares en la frontera norte contra los germanos y en oriente contra los partos.
La estrategia, de ser cierta, no resultó exitosa.
Dos décadas después de que se publicara la Constitutio Antoniniana, el Imperio romano entró en lo que se conoce como la crisis del siglo III, un periodo de gran desorden político, económico y social que dividió al territorio en tres entidades separadas: el Imperio romano, el galo y el de Palmira.
También resulta curioso –reconoce Lázaro Guillamón– que el Edicto de Caracalla parece haber dejado pocos registros, a pesar de sus efectos tan masivos.
“Hay poquísimas fuentes posteriores, tanto históricas, jurídicas y literarias, que citan la Constitutio Antoniniana y esto es curioso para un hito tan relevante cuyo impacto debió de ser profundo”, observa.
“Capaz fue una medida tan esperada que no causó el impacto previsto”, especula.
“O quizá no acabó de agradar a los juristas y estudiosos de la época y pasó de puntillas (sin hacer ruido)”.
Comparaciones
Más allá de esto, Lázaro Guillamón cree que la universalización de la ciudadanía romana deja algunas enseñanzas valiosas para el mundo actual.
En 2019, la jurista española escribió una disertación titulada: “La noción de ciudadanía romana como herramienta para la reflexión en la construcción de Europa”.
Sin embargo, la académica es la primera en advertir que hay que tener cuidado al comparar lo ocurrido en el siglo III con lo que pasa hoy.
“Está claro que conceder ciudadanía romana a todas las personas libres en el Imperio romano fue una revolución, pero el parangón con determinadas situaciones actuales es, quizá, forzado, porque las situaciones eran muy diferentes”.
Por empezar, señala, las circunstancias del otorgamiento de ciudadanía de Caracalla tienen poco que ver con las que viven hoy la mayoría de indocumentados que reclaman una nacionalidad.
“Caracalla otorga la ciudadanía romana a personas que habían conquistado, no eran migrantes. No es lo mismo”, observa.
No obstante, afirma que “lo que sí está claro es que la enseñanza es que si a la persona que habita en determinado Estado no se le considera nada, muy probablemente estar fuera del sistema acabe proporcionando algo pernicioso para ese sistema”.
Hoy los indocumentados más que migrantes ilegales son “alegales”, resalta, es decir: personas sin derecho.
“Hay que habilitar algún mecanismo para que estas personas puedan comenzar a integrase en el sistema”.