Estados Unidos pidió el martes a la Organización de los Estados Americanos (OEA) tomar medidas para exigir un cambio democrático en Nicaragua, un día antes de que el órgano ejecutivo del bloque regional trate el tema.
Juan González, encargado de los asuntos latinoamericanos en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, llamó a ir más allá de la “condena y preocupación” ya expresada por lo que ocurre en el país centroamericano.
“Tiene que haber una acción clara por parte de los gobiernos de la región para exigir un cambio democrático”, dijo al alto funcionario del gobierno de Joe Biden en la apertura de la 25.ª conferencia anual de la Corporación Andina de Fomento (CAF).
González aseguró que Estados Unidos “ciertamente” aumentará la presión económica y política sobre el gobierno de Daniel Ortega, al que Washington acusa de autoritarismo y represión de opositores.
Pero consideró que “lo más importante es que haya una respuesta contundente de la comunidad internacional para que cualquier actor antidemocrático, y en particular Nicaragua, sea marginado como debería. Eso es más efectivo que las sanciones unilaterales”.
Desde junio, 37 opositores han sido detenidos en Nicaragua, incluidos siete aspirantes a la Presidencia para las elecciones del 7 de noviembre, donde Ortega, en el poder desde 2007, aspira a un cuarto mandato consecutivo.
A pedido de Canadá y Chile, los 34 miembros activos del Consejo Permanente de la OEA están convocados a analizar el miércoles, durante una sesión virtual, la crisis política en Nicaragua.
González se dijo “optimista” sobre la aprobación de un instrumento sobre el tema.
Estados Unidos patrocina, junto a Antigua y Barbuda, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Uruguay, una resolución que pide la liberación “inmediata” de todos los detenidos por motivos políticos y urge “con vehemencia” al gobierno de Ortega a realizar las reformas necesarias para celebrar elecciones “libres, justas y transparentes”.
El texto advierte que la OEA puede tomar “otras acciones en conformidad con la Carta de la Organización de Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana, incluida una valoración de las elecciones” en Nicaragua, durante la próxima asamblea anual de la OEA, que se realizará en Guatemala del 10 al 13 de noviembre.
El gobierno de Ortega rechazó “categóricamente” esta reunión “ilegítima” en la OEA.
“Es inadmisible que otro u otros Estados, en abierta violación al Principio de Autodeterminación de los Pueblos y de No Intervención en los asuntos internos de otras Naciones, juzguen a otro pueblo libre”, señaló la Cancillería nicaragüense en un comunicado.
A principios de octubre, una quincena de senadores demócratas y republicanos de Estados Unidos pidieron al gobierno de Biden sancionar a Ortega y considerar ilegítimos los próximos comicios.
También llamaron a evaluar la suspensión de Nicaragua de la OEA y revisar la participación del país en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR, por sus siglas en inglés).
Oposición llama a la abstención
La oposición de Nicaragua, excluida de participar en las elecciones del 7 de noviembre, llamó este martes a la abstención “en rechazo” a lo que considera “una farsa”.
“Ante esta falta de condiciones políticas y electorales (...) no tenemos por quién ni por qué votar. La dictadura tiene secuestrados y en el exilio a los candidatos del pueblo”, indicó en un comunicado la Coalición Nacional, uno de los tres grupos de oposición no parlamentaria.
“El proceso electoral fue convertido en una total farsa, en una simple asignación de curules, en una mascarada trágica”, agregó la agrupación en el boletín difundido en redes sociales.
La Coalición Nacional, que aglutina a diferentes organismos políticos y sociales, dijo haber recibido un “duro golpe” con el arresto de los opositores, la mitad de ellos miembros de sus filas. Otros de sus miembros partieron al exilio.
El llamado a “quedarse en casa” como una expresión de protesta, lanzado por la Coalición Nacional, se suma al efectuado a inicios de octubre por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y otro grupo de opositores en el exilio.
La Coalición y la ACJD, ambas surgidas tras las protestas de 2018 –que el Gobierno calificó de intento de golpe de Estado–, quedaron excluidas de participar en las elecciones, después que los dos partidos con los que tenían una alianza política fueron eliminados por el tribunal electoral.
*Con información de la AFP.