El programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) que protege a cerca de 800.000 jóvenes inmigrantes y retrasa la deportación de las personas que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños y no tienen documentación o un estatus legal oficial, volvió a estar en la mira.
Aunque un juez federal declaró este miércoles que es ilegal una versión modificada de una política federal, respecto al DACA, rechazó ordenar el fin inmediato del programa y las protecciones que otorga a los beneficiarios.
El juez federal Andrew Hanen coincidió con Texas y otros ocho estados que incoaron una demanda para detener el programa. Se prevé que el fallo del juez sea apelado ante la Corte Suprema, con lo que el máximo tribunal sopesaría su destino por tercera ocasión.
“Aunque comprende el predicamento por el que pasan los beneficiarios del DACA y sus familias, desde hace algún tiempo esta Corte ha manifestado su preocupación por la legalidad del programa”, escribió Hanen en su fallo de 40 páginas.
“La solución a estas deficiencias estriba en el poder legislativo, no en los poderes ejecutivo ni judicial. El Congreso, por diversas razones, ha decidido no aprobar un proyecto de ley similar al DACA… El poder ejecutivo no puede usurpar la autoridad que la Constitución confiere al Congreso, incluso para llenar un vacío”.
La orden de Hanen amplía el actual mandamiento judicial que había estado en vigor contra el DACA, el cual le prohibió al Gobierno aprobar nuevas solicitudes, pero dejó el programa intacto para las personas que ya están inscritas durante la actual revisión jurídica.
Hanen también declinó una solicitud de los estados para que ordenara la finalización del programa en dos años. El juez dijo que su orden no obliga al gobierno federal a que adopte alguna medida contra los beneficiarios del DACA, conocidos como “dreamers”.
Thomas Saenz, presidente y abogado general del Fondo Mexicano Estadounidense para la Defensa Jurídica y la Educación (MALDEF por sus siglas en inglés), que representa a beneficiarios del DACA en la demanda, dijo que en última instancia corresponderá a las cortes superiores, incluida la Corte Suprema, fallar sobre la legalidad del DACA y si Texas logró demostrar que el programa le causó perjuicios.
“El juez Hanen se ha equivocado sistemáticamente en resolver ambos asuntos, y el fallo de hoy es más del mismo análisis erróneo. Esperamos continuar defendiendo el programa DACA —el cual es legal y muy necesario— que está a revisión en cortes superiores”, dijo Saenz.
La Fiscalía General de Texas, que representó a los estados en la demanda, y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que representó al Gobierno federal, no respondieron de momento a correos electrónicos ni llamadas en los que se les solicitaba que hicieran declaraciones sobre el asunto.
Los estados alegan que, en primer lugar, el Gobierno del expresidente, Barack Obama, carecía de la autoridad para crear el programa en 2012, ya que eludió al Congreso.
En 2021, Hanen había declarado ilegal al programa, determinando que la medida no había sido sujeta a un aviso público ni a los periodos de comentarios que establece la Ley de Procedimientos Administrativos, de corte federal.
Una nueva versión del DACA ilegal y de costos millonarios
El Gobierno del presidente, Joe Biden, intentó satisfacer las preocupaciones de Hanen con una nueva versión del DACA que entró en vigor en octubre de 2022, la cual fue sometida a comentarios del público como parte del proceso formal de elaboración de normativas.
Pero Hanen, quien fue designado al cargo por el entonces presidente George W. Bush en 2002, falló que la versión actualizada del DACA continuaba siendo ilegal, ya que la nueva versión del gobierno de Biden era esencialmente la misma que la antigua, que entró en vigor en el Gobierno de Obama. Hanen había señalado previamente que el DACA era inconstitucional.
Hanen también había fallado en ocasiones anteriores que los estados tenían la facultad para presentar una demanda debido a que habían resultado perjudicados por el programa.
Los estados aseguran que han tenido que incurrir en costos millonarios en atención de la salud, educación y otros gastos cuando se ha permitido a inmigrantes permanecer legalmente en el país. Los estados demandantes son Texas, Alabama, Arkansas, Luisiana, Nebraska, Carolina del Sur, Virginia Occidental, Kansas y Mississippi.
Las partes que defienden el programa —el Gobierno federal, el MALDEF y el estado de Nueva Jersey— habían alegado que los estados no presentaron pruebas de que ninguno de los costos en los que dicen haber incurrido estuvieran relacionados con los beneficiarios del DACA. También arguyeron que el Congreso ha otorgado al Departamento de Seguridad Nacional la autoridad legal para la ejecución de políticas para el manejo de la inmigración.
Había 578.680 personas inscritas en el DACA hasta finales de marzo, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés).
El programa ha enfrentado numerosas impugnaciones judiciales
En 2016, la Corte Suprema cayó en un impasse al votar 4-4 con respecto a una ampliación del DACA y una versión del programa para los padres de los beneficiarios. En 2020, el máximo tribunal falló por 5-4 que el gobierno de Trump había puesto fin indebidamente al DACA, por lo que la corte permitió que continuara vigente.
En 2022, la Corte de Apelaciones del 5to Circuito en Nueva Orleáns ratificó un fallo previo de Hanen que declaró ilegal al DACA, pero le regresó el caso para que revisara los cambios al programa efectuados por el gobierno de Biden.
Biden y los grupos defensores de los inmigrantes han exhortado al Congreso a que apruebe protecciones permanentes para los “dreamers”. En diversas ocasiones, el Congreso no ha logrado aprobar las propuestas, llamadas Ley DREAM, con las que se pretene proteger a los beneficiarios del DACA.
*Con información de AP