Estados Unidos llevará a juicio a los migrantes adultos que, luego de ser deportados, reingresen ilegalmente al país a través de la frontera con México, anunció el viernes un funcionario del gobierno de Joe Biden.
“Cualquier adulto soltero que es aprehendido a lo largo de la frontera suroeste que haya sido previamente aprehendido y deportado (...) será referido a un enjuiciamiento”, señaló en una teleconferencia el jefe de operaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Manuel Padilla.
La iniciativa busca disminuir la “reincidencia” de entradas ilegales.
“El propósito es reducir la inmigración irregular”, subrayó Padilla, y precisó que la mayoría de quienes entran una y otra vez tras ser deportados son ciudadanos de México.
También anunció que la administración Biden empezó a expulsar de manera expedita a las familias de migrantes que no tengan base legal para permanecer en Estados Unidos.
Desde el 30 de julio se realizaron tres vuelos de “deportación acelerada” con destino a El Salvador, Guatemala y Honduras, en los cuales se devolvieron “docenas de familias”, informó Padilla, sin precisar la cifra.
“El asilo y otras vías de migración legal deben estar fácilmente disponibles para quienes lo necesiten, pero las personas que no reúnan los requisitos serán retornadas rápidamente a su país de origen”, enfatizó.
“Es la intención” continuar regularmente con estos vuelos, agregó.
El Departamento de Seguridad Interior (DHS), del cual depende la CBP, anunció el 26 de julio que, a partir de esa fecha, ciertas familias de migrantes que no puedan ser expulsadas en virtud de las restricciones de salud pública por la pandemia serían colocadas en procedimientos de remoción expeditos.
“El DHS continuará procesando a las personas de acuerdo con la orden del Título 42, actualizada por el Centro de Control de Enfermedades (CDC)”, dijo Padilla, en alusión a la regla en vigor desde marzo de 2020 que permite expulsar de inmediato a los migrantes que presenten un riesgo de propagación de la covid-19.
Esa norma fue emitida durante el mandato del expresidente Donald Trump (2017-2021) por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) –y extendida por el presidente Joe Biden– y permite la expulsión de las personas que ingresen de manera irregular al país, a fin de evitar la propagación de la pandemia del coronavirus.
Casi 189.000 personas fueron detenidas al intentar cruzar ilegalmente a Estados Unidos desde México en junio, un aumento de 4,5 % con respecto al mes anterior, a pesar de las predicciones de un descenso en las llegadas debido a las altas temperaturas del verano boreal.
Desde octubre de 2020, más de 1,1 millones de indocumentados fueron interceptados en la frontera sur estadounidense.
Padilla destacó el “incremento significativo” de los cruces ilegales en el sector del Valle del Río Grande, ubicado en la punta más austral de Texas, que lindera con el estado mexicano de Tamaulipas.
El área de Roma, Texas, es la que registra mayor actividad a lo largo de la frontera con México en términos de cruce ilegal de personas, contrabando de drogas y otro tipo de tráfico, dijo.
Con información de la AFP.