La plataforma Safety of Journalists, asociada al Consejo de Europa, denunció que las cárceles de los países europeos albergaban un total de 127 periodistas a finales del pasado año 2022, donde destacan los 52 profesionales presos en Turquía y el español Pablo González en Polonia, preso desde hace ya más de un año en el marco de la guerra en Ucrania.
La plataforma publicó este martes, 7 de marzo, un informe titulado Guerra en Europa y la pelea por el derecho a informar que, si bien está centrado en la situación derivada por la guerra en Ucrania, alberga recomendaciones para el conjunto de países miembros del organismo y también para las instituciones de la Unión Europea.
Además de los 52 periodistas detenidos en Turquía —el país que más profesionales de la información mantiene presos—, el informe también incide en los 32 detenidos en Bielorrusia, 22 en Rusia y otros 14 en territorio ucraniano. En el caso de Polonia solo se tiene constancia de un periodista preso, el español González.
“A lo largo de 2022, la plataforma publicó 289 alertas sobre amenazas graves o ataques a la libertad de prensa en 37 estados, con periodistas asesinados, encarcelados, atacados, hostigados legalmente y sometidos a campañas de difamación”, añade el organismo.
La plataforma ha informado que a lo largo del pasado año registró un total de 74 alertas sobre ataques a la integridad física de periodistas, el 26 % de las alertas totales. Tras esto, el segundo motivo son las 94 alertas por casos de hostigamiento e intimidación, el 32 % del total.
En las recomendaciones para el propio Consejo de Europa, el informe incide en la necesidad de aplicar una serie de “protecciones legales y prácticas para la seguridad de los periodistas y la protección del periodismo”, centradas principalmente en enfoques dirigidos a “erradicar la impunidad”.
Asimismo, se considera primordial elaborar un inventario del estado de los medios de comunicación de servicio público de los Estados miembro del Consejo de Europa para así definir con claridad “si tiene autonomía editorial e institucional y si su financiación es estable, adecuada y transparente”.
Para los Estados miembro, el informe también aboga por implementar “medidas efectivas de protección” para aquellos profesionales que sean objeto de amenazas físicas y para quienes sufran abusos de las autoridades, así como revisar y aplicar las políticas sobre Demandas Estratégicas contra la Participación Pública (SLAPP, por sus siglas en inglés), normalmente encaminadas a silenciar a periodistas.
En tercer lugar, Safety of Journalists recomendó a las instituciones de la Unión Europea asegurarse de la adopción de la Ley Europa de Libertad de Medios, poniendo la mirada especialmente en erradicar las injerencias externas, la protección de la independencia editorial y la transparencia de las estructuras de propiedad.
“Asegurarse de que el borrador pendiente de la Directiva Anti-SLAPP de la Unión Europea sea amplio y sólido, y hacer de la adopción de una legislación eficaz una prioridad”, añade la plataforma en unas conclusiones. Además, le pide a la Comisión Europea “promover y dar visibilidad” a las medidas positivas adoptadas por los Estados miembro.
En las recomendaciones finales para las instituciones de la UE, Safety of Journalists hizo mención especial al programa Pegasus, un sistema israelí de espionaje instalado en dispositivos móviles y capaz de leer mensajes de texto, rastrear llamadas, almacenar contraseñas y rastrear ubicaciones.
La plataforma instó a los Estados miembro de la UE a investigar “a fondo” todos los informes sobre que Pegasus haya servido para vigilar a periodistas, a la par que ha exigido “proporcionar remedio” para los afectados.
Guerra en Ucrania
Respecto a la guerra en Ucrania, el informe denuncia que al menos una docena de periodistas y trabajadores de medios de comunicación ha fallecido, mientras que otros 21 han resultado heridos en el desempeño de sus funciones profesionales.
En su valoración del informe, la secretaria general del Consejo de Europa, Marija Pejcinovic Buric, resaltó que “muchos periodistas han demostrado coraje” y que muchos otros han incluso “pagado con sus vidas el derecho a informar tras la agresión de Rusia a Ucrania”.
Además de los profesionales de la comunicación fallecidos en el marco de la guerra, la organización también ha incidido en las legislaciones aprobadas para regular las informaciones periodísticas en Rusia, donde ahora comunicar sobre la guerra en Ucrania debe cumplir una serie de requisitos fijados desde el Kremlin.
De hecho, la difusión sobre información considerada falsa por las autoridades rusas puede ser penada con hasta 15 años de prisión. Hasta la fecha, al menos 17 periodistas enfrentan cargos bajo esta nueva legislación. Por su parte, quienes “desacrediten” al Ejército se enfrentan a hasta ocho años de prisión.
De acuerdo con la organización OVD-Info, especializada en la defensa de Derechos Humanos y en combatir la persecución política en Rusia, al menos 27 medios de comunicación tuvieron que cesar su actividad, de forma definitiva o temporal, tras el estallido de la guerra.
Por otro lado, las plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter permanecen bloqueadas; mientras tanto, Meta —matriz de las dos primeras— fue considerada organización terrorista y extremista el pasado mes de octubre.
*Con información de Europa Press.