La situación en Venezuela es la más crítica de las últimas décadas. De 23 estados 22 sufren cortes totales o parciales del fluido eléctrico desde el pasado jueves por daños aún sin revelar en la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, la más grande del país. Mientras Nicolás Maduro culpa a Estados Unidos y a la oposición de un ‘ataque electromágnetico’, del que dice mostrará pruebas que aún no hace públicas, el presidente interino, Juan Guaidó, acusa al régimen de ineptitud en el mantenimiento de la infraestructura y ha llamado a sus bases a tomarse las calles en un nuevo ciclo de protestas. Los reportes son preocupantes. El apagón habría provocado muertes en varios hospitales del país (las primeras cifras hablan de 17, según la oposición) incapaces de brindar atención a pacientes prioritarios, como aquellos que necesitan diálisis para sobrevivir. Además, los alimentos perecederos se pudren en las neveras inservibles y el acceso al agua es cada vez más difícil, pues sin electricidad es imposible bombearla. En esas circunstancias, las primeras acciones desesperadas han comenzado a producirse. Ayer y hoy se han presentado saqueos aislados en tiendas y supermercados, según la prensa, y varias personas fueron vistas aprovisionándose de agua en el río Guaire, cuyo lecho contaminado es uno de los principales receptores de aguas negras de la capital. Podría interesarle: Mientras oposición señala corrupción en falla eléctrica de Venezuela, el régimen se victimiza El apagón llega en un momento crítico para ambos bandos en disputa, pues al tiempo que el régimen le apuesta al enfriamiento de la ola opositora, Guaidó y sus seguidores buscan mantener su impulso. En ese sentido, el apagón puede terminar siendo un acelerador de la situación, pues a medida que se degrade aún más podría esperarse que el descontento en las calles se transforme en más presión al régimen y a las Fuerzas Armadas que lo respaldan. Las manifestaciones de este martes servirán, otra vez, de termómetro para ver si el Ejército y la Guardia Nacional mantienen su cohesión ante posibles choques con los manifestantes. Ante esa perspectiva, el gobierno de Maduro tomó medidas llamando a actuar a los colectivos, los mismos grupos paramilitares que se encargaron de la represión en la frontera con Cúcuta el pasado 23 de febrero, durante la controvertida entrega de ayuda humanitaria desde Colombia que finalmente no tuvo éxito. ¿Detener a Guaidó? Otra decisión que podría tomar en las últimas horas el gobierno de Maduro para buscar neutralizar a la oposición sería la de encarcelar a Guaidó. En ese sentido, el Fiscal general oficialista, Tarek Saab, anunció la apertura de una investigación en su contra por su “presunta responsabilidad” en el apagón. Le sugerimos: Asamblea Nacional declara estado de alarma en Venezuela Hace un par de semanas, con el regreso del presidente de la Asamblea a Venezuela después de su gira por Suramérica, la gran pregunta era si el régimen se atrevería a detenerlo. Pero Guaidó no solo entró, sino que se dio el lujo de hacerlo en un avión comercial y en el aeropuerto internacional de Maiquetía, como lo había prometido. El episodio fue visto como un gol de Guaidó y una muestra de debilidad por parte del régimen, que en casos como el de Leopoldo López no dudó en ordenar arrestos, incluso por mucho menos. Según le dijo a SEMANA Cynthia Arnson, directora del programa latinoamericano del Wilson Center, “por ahora la seguridad física de Juan Guaidó tiene que ver con el miedo que tiene Maduro de provocar una fractura dentro de las Fuerzas Armadas. Es notable que durante las últimas manifestaciones el régimen no mandó a las tropas a reprimir. La violencia, incluso en la frontera con Colombia y Brasil el pasado 22 y 23 de febrero fue impulsada por los colectivos, y en menor grado, por la Guardia Nacional. Esto significa que Maduro y los líderes militares no quieren arriesgar que ocurran actos de insubordinación frente a un orden de reprimir. Juan Guaidó goza un nivel de popularidad interna increíble; según Datanálisis el pasado mes de febrero, mayor de 60 por ciento frente a un nivel histórico de impopularidad de Maduro, con un 14 por ciento. Cualquier represalia contra Guidó podría provocar una reacción incontrolable—tanto al nivel de la población venezolana como dentro de las Fuerzas Armadas”. Juan Carlos Hidalgo, analista sobre América Latina del Cato Institute, asegura que “una vez que Guaidó se juramenta como presidente interino y recibe el reconocimiento inmediato de la mayoría de países del continente –especialmente EEUU– se le hace muy difícil a Maduro arrestarlo sin arriesgar muy serias consecuencias, incluso una posible intervención militar”. Pero responsabilizar a Guaidó del apagón podría parecerle a Maduro la excusa perfecta para poner tras las rejas por fin a quien en este momento personifica su mayor dolor de cabeza. Sin embargo, las condiciones siguen siendo las mismas y en lugar de detener a la oposición, podría darle aún más fuerza al movimiento que busca la transición en el país. Por lo que es muy probable que el ‘madurismo’ solo haya buscado un titular para lavarse las manos y ensuciar el debate y la figura del principal líder opositor, pero sin estar pensando realmente en detenerlo. El apagón podría, en otras palabras, catalizar el fin de Maduro o provocar desencanto hacia la causa opositora de no producirse. Efecto boomerang Si bien el apagón podría servir para acelerar la situación y, en últimas, la posible caída de Maduro, también podría ser un arma de doble filo, ya que ante un panorama literalmente tan oscuro si la oposición no logra materializar rápidamente las expectativas que ha creado, su base empezaría a cobrarle la incapacidad de lograr el cambio de régimen. Eso en un un contexto objetivamente más degradado para la ciudadanía con respecto al que se vivía antes del 23 de enero, cuando Guaidó se proclamó presidente encargado. Aunque hasta el momento Guaidó ha logrado mantener el momentum con un excelente manejo de plazos y con la creación de dilemas que han dejado mal parado a Maduro, al menos en términos de imagen, ha sido incapaz de generar un quiebre significativo dentro del régimen. Así que lo que hace apenas unas semanas se veía como una caída inminente de Maduro, es ahora un camino sembrado de dudas en medio de un país totalmente colapsado. El apagón podría, en otras palabras, catalizar el fin de Maduro o provocar desencanto hacia la causa opositora de no producirse. Por otra parte, la volatilidad de la situación podría llevar a un desenlace catastrófico. Como le dice a SEMANA Phil Gunson, analista senior del Crisis Group en Venezuela, “lo más grave para mí es la posibilidad de que esto nos lleve a una especie de anarquía que sobrepase la capacidad del liderazgo político, tanto del Gobierno como de la oposición. La gente está desesperada y estamos viendo brotes de violencia y saqueos. Si eso empieza a suceder simultáneamente en muchas ciudades, las fuerzas de seguridad –en particular Policía y Guardia Nacional– podrían perder el control. Ante una situación de esa naturaleza, el Ejército tendría que decidir si actúa o no. Me da la impresión de que, si actuara, no sería para sostener a Maduro en el poder. No sé si eso nos traería algún tipo de solución, pero me temo que un cambio de régimen en esas circunstancias produciría una gran inestabilidad, con riesgo de prolongarse por muchos años”. Evitar el desgaste El Crisis Group, así como el llamado Grupo de contacto liderado por la Unión Europea, México y Uruguay se decantan por una salida a la situación menos radical que el cambio de régimen absoluto e inmediato que busca la oposición. Este tendría que incluir necesariamente la participación del chavismo, algo que por el momento Guaidó y las fuerzas que lo apoyan no parecen dispuestos a aceptar. No sin razón, pues Maduro ha cerrado por años las vías del diálogo y ha usado las rondas de negociaciones para recortar cada vez más las posibilidades de una alternativa democrática a su gobierno. Descartada esa posibilidad, la coalición anti-Maduro está desplegando su plan para dejar sin salida al dictador lo más rápido posible, pues entrar en una guerra de resistencia necesariamente beneficiaría al régimen. En contexto: La "agonía" de esperar que vuelva la energía eléctrica en Venezuela La mayor apuesta de Washington frente a la crisis de Venezuela es, por ahora, un ahogamiento financiero que haga insostenible el mantenimiento del régimen. Cortándole el acceso a los recursos petroleros, que son la principal fuente de ingresos del país, la administración de Donald Trump busca que Maduro se quede sin dinero incluso para pagar la fidelidad de la cúpula militar que aún lo tiene en el poder. Muchos han criticado esa estrategia porque, en el fondo, resultará en la temida guerra de desgaste que buscan evitar y en la que la más afectada es, a fin de cuentas, la población civil, en especial los más pobres. Ayer la Asamblea presidida por Guaidó declaró el “estado de alarma” en todo el territorio, y se ha especulado con la posibilidad de que aplique el artículo 187 de la Constitución, por el cual podría solicitar una intervención militar extranjera. Según un informe presentado la semana pasada en el congreso de Estados Unidos por el programa para Latinoamérica del Wilson Center: “No hay garantía de que incluso sanciones más severas servirán para dividir la jerarquía militar… existe el riesgo de que las sanciones contribuyan a una mayor coherencia interna”. El documento, presentado por Arnson ante el Subcomité para el hemisferio Occidental que preside Marco Rubio continúa: “Entrevistas recientes con chavistas también aportan evidencia inicial de que incluso aquellos críticos con el liderazgo y la dirección del país apoyan al gobierno de Maduro de cara a la presión estadounidense”. A pesar de eso, la tentación de una intervención militar sigue sobre la mesa. Esta vez, a instancias del apagón, que podría ser usado como pretexto. Aunque la mayor parte de los analistas ven la retórica guerrista impulsada desde la Casa Blanca como un arma de presión sicológica, no puede descartarse del todo. Ayer la Asamblea presidida por Guaidó declaró el “estado de alarma” en todo el territorio, y se ha especulado con la posibilidad de que aplique el artículo 187 de la Constitución, por el cual podría solicitar una intervención militar extranjera. Para seguir alimentando los rumores, el secretario de Estado de Estados Unidos anunció hoy la retirada de todo el cuerpo diplomático de su país debido al deterioro de la situación y a que “la presencia de personal diplomático en la embajada se ha convertido en un obstáculo para la política estadounidense”. Sin aclarar a qué se refería concretamente, muchos vieron en esas líneas la posibilidad de una intervención. Venezuela se hunde en las tinieblas, y lo más grave es que su rumbo político seguirá en la penumbra incluso cuando llegue la luz.