El diagnóstico de cáncer del rey Carlos III plantea una importante pregunta: ¿qué ocurrirá si se ve incapacitado para cumplir sus obligaciones constitucionales? El palacio de Buckingham ha anunciado que, pese a la enfermedad, seguirá realizando sus trámites oficiales y celebrando sus reuniones semanales con el primer ministro durante todo el tratamiento. Pero ¿qué sucederá si cae gravemente enfermo?
Hay tres opciones: consejeros de Estado, regencia y abdicación.
Consejeros de Estado
En primer lugar, el rey Carlos puede delegar algunas o la mayoría de sus funciones reales en consejeros de Estado, como sucede cuando viaja al extranjero. Dos consejeros de Estado pueden ejercer conjuntamente poderes reales como la aprobación de leyes, la recepción de embajadores y la celebración de reuniones del Consejo Privado.
Los consejeros de Estado son el cónyuge del soberano (la reina Camila) y los cuatro siguientes adultos en la línea de sucesión al trono (en este caso, el príncipe William, el príncipe Harry, el príncipe Andrés y la princesa Beatriz). Sin embargo, el príncipe Harry está excluido mientras se encuentre fuera del Reino Unido, y en la práctica el príncipe Andrés y la princesa Beatriz no son llamados a actuar ya que no son “miembros de la realeza en activo”. Esto nos dejaría únicamente a la reina Camila y al príncipe William. Pero en 2022 se aprobó en el Reino Unido una ley para añadir a la lista a la princesa Ana y al príncipe Eduardo.
Los consejeros de Estado pueden desempeñar la mayoría de las funciones del soberano mientras esté enfermo, pero no pueden disolver el Parlamento, salvo por orden suya. Tampoco pueden crear pares ni ejercer poderes con respecto a los otros 14 reinos que reconocen al rey como su jefe de Estado. A saber: Antigua y Barbuda, Australia, Bahamas, Belice, Canadá, Granada, Jamaica, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Islas Salomón y Tuvalu. La cuestión de si los consejeros pueden nombrar a un primer ministro sigue siendo objeto de debate.
Regencia
La segunda opción es una regencia. Esto ocurre si el rey “es, por razones de enfermedad de la mente o del cuerpo, temporalmente incapaz de llevar a cabo las funciones reales”. El soberano no controla el momento ni la duración de la regencia, sino que se inicia por una declaración de tres o más de los siguientes: el cónyuge del soberano, el lord canciller, el presidente de la Cámara de los Comunes, el lord presidente del Tribunal Supremo de Inglaterra y el juez superior del tribunal de apelación.
La Ley de Regencia del Reino Unido exige que el príncipe William sea regente, ya que es el siguiente adulto en la línea de sucesión a la corona. Según esta ley, el regente tiene los mismos poderes del rey con respecto al Reino Unido, pero no puede cambiar el orden de sucesión a la corona. Tampoco otorga al regente poderes en relación con los reinos.
Abdicación
La última opción para un monarca incapacitado es la abdicación. Cuando el rey Eduardo VIII abdicó en 1936, lo hizo mediante la firma de un instrumento de abdicación, promulgando una legislación a la que dieron su consentimiento los distintos reinos. Esto no es posible hoy en día, ya que el Reino Unido ya no puede legislar con respecto a reinos como Australia.
¿Significa eso que si abdica el rey Carlos sería necesaria una abdicación separada del rey de Australia? ¿O se aplicaría la cláusula 2 de la Constitución, que define al soberano por referencia a los “herederos y sucesores en la soberanía del Reino Unido” de la reina Victoria? Es tal la confusión constitucional que generaría tratar el papel del rey en sus 14 reinos más allá del Reino Unido, que lo más probable es que se evite la abdicación.
Consecuencias para otros países
Si el rey Carlos fuera incapacitado y se nombraran consejeros de Estado o un regente, ¿causaría esto algún problema real en Australia? Los únicos poderes sustanciales que le quedan al rey con respecto a Australia son el nombramiento y la destitución del gobernador general y de los gobernadores de los estados. Se espera que el mandato del gobernador general expire a mediados de año. Si el rey Carlos estuviera entonces gravemente enfermo y no pudiera nombrar a un nuevo gobernador general, nadie podría hacerlo, ya que ni los consejeros de Estado ni un regente podrían hacerlo.
En su lugar, el actual gobernador general, David Hurley, podría optar por continuar en el cargo, ya que no hay cese formal de su cargo hasta que sea sustituido. Alternativamente, podría dimitir y su cargo podría ser ocupado temporalmente por un gobernador de Estado como administrador, una práctica habitual cuando hay una vacante en el cargo. Sin embargo, si una regencia se prolongara durante mucho tiempo –quizá años–, esto podría llegar a ser insostenible.
La otra consideración es que, si hay una regencia, no hay poder para destituir a un gobernador general. Por tanto, si en esas circunstancias se produjera una crisis constitucional, el gobernador general sabría que puede actuar sin el riesgo de ser destituido por el primer ministro. Esto desequilibra las presiones constitucionales deliberadamente incorporadas al sistema, dando más poder al gobernador general y debilitando la posición del primer ministro.
El problema podría abordarse del mismo modo que se cambiaron las reglas de sucesión al trono en 2015 para eliminar la discriminación de género. Se trataría de que cada Estado solicitara a la Commonwealth que promulgara una ley que reconociera la autoridad de un regente para ejercer los poderes del soberano con respecto a Australia. Aunque no es esencial solucionar este problema, sería prudente, como cuestión de orden constitucional, abordarlo antes de que surjan dificultades reales.
Por Anne Twomey
Professor emárita, University of Sydney
Este artículo fue publicado originalmente en inglés en The Conversation