Mariah, de dos años, jugaba en las escaleras de su casa mientras sus padres y sus once hermanos organizaban una de sus tantas mudanzas. De repente, la niña cayó abruptamente por las escaleras. Su madre, la estadounidense de origen mexicano Melissa Lucio, la encontró llorando con algo de sangre en los dientes. Pero, al ver que su hija no tenía otras heridas, Lucio no se alarmó. Dos días después, Mariah fue hallada muerta por su padre mientras dormía.
El hecho ocurrió el 15 de febrero de 2007 en el condado de Cameron, estado de Texas, en Estados Unidos. Un año después, los jueces determinaron que la mujer hispana había “golpeado y torturado” a su hija y la sentenciaron a la pena de muerte. El tribunal se basó en una confesión que Lucio dio durante un interrogatorio policial de cinco horas, en el que, exhausta y afectada por este, terminó diciendo: “No sé lo que quieren que diga. Supongo que soy la responsable”.
La ejecución de Lucio, que está programada para este 27 de abril de 2022 por medio de una inyección letal, ha causado revuelo internacional. Decenas de organizaciones, expertos y activistas de derechos humanos insisten en que se detenga la ejecución de la mujer de 53 años. Según ellos, el proceso estuvo plagado de malentendidos que no fueron investigados en el momento por su defensa y, como consecuencia, Lucio quedó en el “corredor de la muerte”.
Después de que Lucio pasara 14 años en prisión, sus abogados aseguran que una nueva revisión del material probatorio del caso demuestra que es inocente y que fue inducida a entregar una confesión bajo presión.
¿Un caso de discriminación?
Para lograr la suspensión de la ejecución o un aplazamiento de 120 días más, los abogados de Melissa Lucio han presentado una solicitud de clemencia ante la Junta de Perdones del estado de Texas. El documento, que cuenta con el apoyo de más de 80 legisladores, tanto demócratas como republicanos, y de cuatro miembros del jurado que condenaron a la mujer en 2008, deberá ser aprobado por dicha junta y por el gobernador del estado, Greg Abbott.
“La muerte de Mariah fue una tragedia, no un asesinato. Melissa afirmó su inocencia más de 100 veces durante el interrogatorio policial”, declaró al medio Newsweek su abogada Vanessa Potkin, de la organización Innocence Project, que lucha por los reos injustamente condenados. “La Policía la coaccionó y la manipuló hasta que se agotó, y finalmente les dijo lo que querían oír”, agregó.
Esta semana, los abogados de Lucio han entregado más pruebas, testimonios de expertos y análisis forenses que contradicen el fallo de los jueces de Texas. “Hemos presentado unas 800 páginas de nuevas pruebas que demuestran su inocencia, y ahora necesitamos una suspensión de la fecha para que la corte tenga el tiempo adecuado”, informó otra de las abogadas de Lucio, Sandra Babcock, a Telemundo.
Mientras Lucio fue condenada a la pena capital, su entonces pareja, Robert Álvarez, recibió cuatro años de cárcel, a pesar de que, aparentemente, tenía la misma responsabilidad por la muerte de Mariah. Ese hecho representaría un caso de discriminación: “Todo esto tiene que ver con el género. Por lo tanto, Melissa ha sido víctima de discriminación”, indicó Babcock, quien describió también que la situación de la familia era de “extrema pobreza”, por lo que tuvieron que mudarse unas 26 veces en solo cinco años.
“No hay ninguna prueba seria de que la muerte de la niña haya sido consecuencia de castigo o violencia de Melissa Lucio. La condena se basa en suposiciones y, ciertamente, tiene un sesgo discriminatorio, ya que encaja en la idea prejuiciosa de que los latinos somos gente violenta”, dice a DW, por su parte, Manuel Garrido, director de la sede argentina de Innocence Project.
“Error irreversible”
Las irregularidades en el proceso de Lucio cobraron fuerza a raíz del documental “El Estado de Texas vs. Melissa”, de Sabrina Van Gassel, estrenado en 2020, en el que se muestra que la muerte de la niña pudo haber sido producto de un accidente, y no un homicidio.
“Éramos una gran familia y estábamos muy unidos. Ahora, nada más tenemos que tener fe y seguir orando”, ha dicho John Lucio, uno de los hijos de Melissa, a los medios estadounidenses. Él y su esposa, así como la autora del documental, son algunas de las pocas personas que podrán estar presentes durante la ejecución de la mujer hispana.
“Si Melissa es ejecutada, se trataría de un error irreversible. Si esta ejecución se lleva a cabo, será un mensaje totalmente devastador. Enviaría el mensaje de que la inocencia no importa”, afirmó Sandra Babcock. Al respecto, el experto Garrido recuerda que en Estados Unidos, desde 1973, al menos 187 personas inocentes fueron condenadas a muerte, y luego exoneradas. En ese sentido, Clara Franco, experta en derechos humanos del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (GIGA), indica a DW que este tipo de sentencias “viola el derecho más fundamental de las personas, el derecho a la vida. La Unión Europea, como cada vez más lugares en el mundo, ha abolido la pena de muerte porque es prácticamente imposible aplicarla de forma justa”. Incluso si Lucio fuese culpable, agrega la experta, se debería considerar la posibilidad de cadena perpetua, pero no una ejecución.
Todo puede pasar esta semana. La corte aún no ha pedido más tiempo, el fiscal no ha parado la ejecución, y el gobernador de Texas no ha otorgado el indulto, por lo que la inyección letal todavía sigue en pie para el miércoles 27 de abril, a las seis de la tarde.