La pandemia puso al revés al mundo entero. Cada gobierno decide, según su criterio, la mejor manera de enfrentar la enfermedad. La mayoría ha optado por imponer cuarentenas, restringir la movilidad, cerrar fronteras y aeropuertos y clausurar temporalmente negocios no indispensables. Antes de la pandemia, estas decisiones hubieran sido consideradas una afrenta a derechos fundamentales en los países democráticos. Pero actualmente las gentes las aplauden y aceptan como un mal necesario. Por eso, esta situación excepcional les ha abierto a muchos gobernantes ya proclives al autoritarismo la oportunidad de reducir libertades y afianzarse bajo la máscara de la urgencia. En efecto, el miedo y la necesidad de respuestas oportunas permitieron a algunos gobiernos aplicar a sus ciudadanos la idea de que el fin justifica los medios. La necesidad de rastrear al enemigo invisible ha hecho que muchas naciones prioricen, al menos durante la crisis, la salud pública por encima de los derechos y las libertades individuales. En China, el gobierno de Xi Jinping no tuvo problema en utilizar sistemas de geolocalización para rastrear a los contagiados. A pesar de la controversia, la estrategia demostró ser efectiva, y otros países asiáticos decidieron ponerla en marcha exitosamente. En Filipinas, el presidente Rodrigo Duterte ordenó “disparar a matar” a quienes desobedezcan la cuarentena. Según Human Rights Watch, en ese país hay casos en los que encierran a niños en jaulas y ataúdes si no cumplen el confinamiento. En Occidente la pandemia también ha empujado a los gobiernos a tomar decisiones cercanas al autoritarismo. En Estados Unidos, Donald Trump se atribuye poderes incompatibles con el sistema federal, y crea una crisis constitucional. En Reino Unido, Boris Johnson pasó de ignorar el virus durante semanas a aprobar una ley que le da grandes poderes durante la pandemia. El primer ministro, tramitó una ley de urgencia que le permite cerrar locales comerciales y administrar los suministros sanitarios durante la crisis. Al igual que Reino Unido, muchos de sus vecinos, como Italia y Alemania, han afectado su modelo político con el consentimiento de todos los órganos del poder y de sus ciudadanos, en lo que muchos esperan que sean medidas provisionales mientras mengua la pandemia. Por otro lado, la crisis también pone en una situación límite la confianza de los ciudadanos en los líderes. Ningún mandatario habría contemplado una emergencia sanitaria de magnitud global como una de las prioridades de su plan de gobierno. Pero hoy, casi de la nada, de sus decisiones depende la vida de sus ciudadanos y su seguridad económica. Al respecto Antonio Arroyo Gil, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid, escribía en The Conversation que “hemos de seguir depositando la confianza en nuestros representantes y gobernantes, desde el convencimiento de que están haciendo todo lo posible por afrontar lo mejor que saben los descomunales desafíos a los que nos vemos expuestos en las últimas semanas, en condiciones ciertamente muy extremas”.
Pero con carta abierta para hacer lo necesario para enfrentar la crisis, en ciertos países las decisiones autoritarias y represivas, incluso para los estándares actuales, no se han hecho esperar. En Hungría, el parlamento aprobó una ley que le da poderes absolutos y por tiempo indefinido al primer ministro, el ultraderechista Viktor Orbán. Bajo la insólita norma, Orbán puede a su libre arbitrio modificar leyes y censurar medios “que puedan obstaculizar la defensa frente a la epidemia”, además de dar hasta cinco años de cárcel a quienes considere infractores. En Egipto cuestionan el toque de queda impuesto por el presidente Abdelfatah El-Sisi por sus motivaciones políticas, ya que el mandatario sacó al Ejército a las calles de El Cairo para contener, de paso, las movilizaciones de la oposición en las últimas semanas. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, clausuró los tribunales del país hasta nueva orden, postergando así el juicio en su contra por corrupción. Y en Filipinas, el presidente Rodrigo Duterte ordenó “disparar a matar” a quienes desobedezcan la cuarentena. Según Human Rights Watch, en ese país hay casos en los que encierran a niños en jaulas y ataúdes si no cumplen el confinamiento.
Varios gobernantes de países sobre el papel democráticos han utilizado la emergencia para conseguir beneficios particulares, como expedir leyes que les dan poderes absolutos o militarizar las calles. De izquierda a derecha:Viktor Orbán, primer ministro húngaro; Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas, y Abdelfatah El-Sisi, presidente de Egipto. Romuald Sciora, experto de instituciones internacionales, le explicó a SEMANA que “si la crisis dura un año, la mayoría de los sistemas democráticos podrían declinar hacia regímenes autoritarios”. De ser así, la preocupación está en qué tan golpeado quedará el modelo cuando acabe la pandemia. Los expertos temen que medidas excepcionales, como la vigilancia tecnológica, se conviertan tras la pandemia en una costumbre aceptable de la sociedad. Lo cual tendría evidentes efectos sobre la libertad del voto.
Otros temen que las medidas de emergencia lleven a los gobiernos autoritarios a controlar directamente áreas cada vez más grandes de la economía. Ello podría ser una respuesta legítima ante la crisis, pero preocupa que se convierta en una situación permanente. Por otro lado, la crisis se ha convertido en munición para los aislacionistas y no solo en Estados Unidos, que ven en la pandemia la confirmación de la necesidad de restringir el ingreso a los países y el comercio internacional. Así lo piensa Jean-Yves Camus, director del Observatorio de los Radicalismos Políticos de la Fundación Jean Jaurès, en París. Le aseguró a SEMANA que “incluso entre europeos, las fronteras van a ser vistas como una protección sanitaria que les permitirá a los estados tomar medidas económicas y sociales adaptadas a los contextos locales particulares”.
Algunos más creen que el autoritarismo se retroalimenta en situaciones de crisis como esta. Luc Vallée, jefe de operaciones del Instituto Económico de Montréal (IEDM), le dijo a SEMANA: “La crisis comenzó en China, un régimen totalitario, y fue la ausencia de transparencia lo que hizo que el virus se propagara. Además, la poca coordinación internacional es en parte el resultado del ascenso del populismo que desvaloriza ese concepto”. Eso, paradójicamente, dejaría en evidencia la inviabilidad de los Estados autoritarios para enfrentar una crisis de esta magnitud en el futuro.
Además del peligro de mandatarios que abusan del poder, los sistemas democráticos enfrentan también estallidos sociales en medio del confinamiento, debido al paro del comercio y al cuestionado apoyo de los gobiernos en materia económica. En Italia, donde la cuarentena comenzó el 10 de marzo, los habitantes del sur del país han criticado la escasa ayuda del primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, para sobrellevar la crisis. En Palermo, miles se han negado a pagar por los alimentos en los supermercados, y en Nápoles se dispararon los asaltos y la delincuencia. Situación similar viven México, Honduras y Panamá, en donde multitudinarias protestas terminaron en saqueos a camiones de víveres y locales comerciales. Pero también preocupa que la simple medida de confinamiento resulte inaceptable para muchos ciudadanos que, a pesar de poder sostenerse económicamente, ven las medidas de aislamiento como una afrenta a sus derechos. En Vancouver y París han realizado movilizaciones en contra del confinamiento, y en Alemania, donde las restricciones son menos severas y se puede salir en familia o a hacer deporte, la Policía ha enfrentado agresiones al realizar el monitoreo en las calles de Berlín y Fráncfort.
La economía y las organizaciones de cooperación internacional han demostrado no estar preparadas para sobrellevar la crisis de la mejor manera. La democracia, como sistema político compartido por cientos de naciones, también está a prueba. Está por verse cuántos aún creen en las decisiones democráticas en tiempos de coronavirus.