Como “significativamente corruptos” habían sido calificados el vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez, y el expresidente Horacio Cartes quienes en las últimas horas han sido sancionados por Estados Unidos.
Esta medida implica el bloqueo de todos los activos y propiedades que puedan tener bajo soberanía estadounidense y que vuelve a poner en tela de juicio a la cúpula del país por los alarmantes casos de corrupción dentro del territorio nacional.
En el caso de Velázquez, lleva meses en el punto de mira de Washington, acusado de “interferir en procesos legales” y de maniobrar para protegerse de potenciales investigaciones, dando pie a sobornos o amenazas “a quienes pudiesen exponer su actividad criminal”, según el Tesoro estadounidense.
Y es que el pasado 12 de agosto del 2022, el Gobierno de Estados Unidos había incluido a Hugo Velásquez en su lista negra por supuesta corrupción en el marco de la presión política de la administración Joe Biden de penalizar irregularidades de altas esferas de la política paraguaya.
Por su parte, el expresidente Duarte se habría visto implicado en el escándalo en la Entidad Binacional Yacyretá, creada por Paraguay y Argentina para gestionar un complejo hidroeléctrico conjunto. Según el Departamento de Estado, la actuación de Duarte, que explotó su posición privilegiada respecto a la entidad, “puso en peligro la confianza en uno de los principales bienes económicos de Paraguay”.
Incluso, en su momento, el embajador estadounidense en Paraguay, Marc Ostielf, había confirmado previamente en rueda de prensa que Velázquez, precandidato del Partido Colorado a la Presidencia, encabeza una lista de funcionarios “significativamente corruptos” a ojos de Washington.
En ese sentido, el Gobierno estadounidense consideró que, por su parte, Cartes incurrió en actividades corruptas “antes, durante y después” de su mandato (2013-2018). “La carrera política arrancó y continúa dependiendo de medios corruptos”, ha dicho sin ambages el Departamento del Tesoro, que da cuenta de sobornos de hasta 10.000 dólares para lograr su designación como candidato presidencial del Partido Colorado.
En 2017, destinó 1 millón de dólares de su fortuna para “comprar” los votos de diputados e intentar una reforma constitucional que le abriese la puerta a un segundo mandato. Fracasada esta reforma, y ya fuera de la Presidencia, habría intentado mantener su influencia con pagos continuados que en algunos casos alcanzan los 50.000 dólares al mes.
Además, la Administración de Joe Biden vincula tanto a Cartes como a Velázquez con una empresa, Hizbollah, responsable de organizar actos durante los que presuntamente se gestan prácticas corruptas y que, a ojos de Estados Unidos, es una “organización terrorista”.
El secretario del Tesoro adjunto para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, ha afirmado que, con las medidas de este jueves, Washington pretende penalizar “la corrupción endémica que socava las instituciones democráticas paraguayas”, con vistas también a que el Gobierno tome medidas pensando en el interés de los ciudadanos y no “en los bolsillos de las élites políticas”.
El ‘número dos’ de Mario Abdo se suma de esta forma a un listado que también incorporó en julio el nombre del expresidente Horacio Cartes, que tiene prohibida la entrada a Estados Unidos a raíz de estas sanciones. Antes, la Administración norteamericana ya había señalado a otros representantes del sistema político y judicial del país sudamericano.
Investigado en Paraguay
La fiscal general de Paraguay, Sandra Quiñónez, anunció también el año pasado la apertura de una investigación contra el expresidente del país Horacio Cartes por presunto blanqueo de capitales, siguiendo la denuncia presentada por el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio.
“Con relación a declaraciones de Arnaldo Giuzzio, ministro del Interior, en sesión ante el Congreso, sobre la comisión de hechos punibles, el día viernes se realizó un análisis técnico. Dicho análisis (...) fue elevado a la fiscal general del Estado, Sandra Quiñonez, quien dispuso la apertura de una investigación penal sobre contrabando y lavado de activos”, ha señalado la entidad en un mensaje en su cuenta de Twitter, si bien no ha nombrado directamente al exmandatario.
Quiñónez, había sido nombrada fiscal general por el propio Cartes en 2018 y fue acusada de parcialidad en varias ocasiones. La senadora Desirée Masi ha confirmado ahora que existe un borrador con una serie de acusaciones y ha señalado que algunos de ellos están estudiando la posibilidad de apoyar un juicio político contra la fiscal general, que ya se zafó de un proceso similar en mayo de 2020.
*Con información de Europa Press.