En 2022, el FMI y el Gobierno argentino acordaron un programa crediticio en virtud del cual el país sudamericano recibe 44.000 millones de dólares a 30 meses, a cambio de que el presidente Alberto Fernández aumente sus reservas internacionales y reduzca el déficit fiscal, de 3 % del producto interno bruto en 2021 a 2,5 % en 2022, 1,9 % en 2023 y 0,9 % en 2024.
El acuerdo, a nivel del personal técnico, “le dará a Argentina un acceso de alrededor de USD 7.500 millones”, pero está sujeto a que el Gobierno aplique las medidas acordadas y a la aprobación del directorio, que se reunirá durante la segunda quincena de agosto, precisa el Fondo en un comunicado.
“Se ha acordado un paquete de políticas con un conjunto secuencial de medidas para reconstruir las reservas y mejorar la sostenibilidad fiscal, protegiendo al mismo tiempo la infraestructura crítica y el gasto social”, detalla la organización financiera tras semanas de negociaciones.
Desde el 31 de marzo, cuando finalizó la cuarta revisión, “la situación económica de Argentina se ha vuelto muy desafiante debido al impacto mayor de lo previsto de la sequía” en las exportaciones y los ingresos fiscales, afirman Luis Cubeddu, subdirector del Departamento para las Américas, y Ashvin Ahuja, jefe de misión para Argentina, citados en el comunicado.
Según el Gobierno argentino, la pérdida global por la sequía será este año de unos 20.000 millones de dólares, casi 3 % del producto interno bruto, en un país con una pobreza que afecta al 40 % de la población.
“Retrasos”
“También ha habido desvíos y retrasos en las políticas, que han contribuido a una fuerte demanda interna y una balanza comercial más débil”, afirman Cubeddu y Ahuja en una declaración conjunta.
Como resultado, no se alcanzaron los objetivos establecidos por el programa hasta finales de junio, advierte la organización financiera, que estima que “la introducción de nuevas medidas cambiarias” temporales no ayuda al país, que dispone de al menos media docena de tasas cambiarias diferentes para el dólar estadounidense.
Ante esta situación, el Fondo informa que “se solicitarán dispensas” y se modificarán “objetivos clave sobre la base de las acciones correctivas”. La institución suele aprobar este tipo de dispensas o perdones cuando no se cumple algún objetivo.
Para mantener la demanda de pesos y hacer frente a la alta inflación, el gobierno de Fernández debe garantizar que “las tasas de política monetaria se mantengan suficientemente positivas en términos reales”, estiman. El reajuste no toca la meta del déficit fiscal para 2023, que se mantiene en 1,9 % del PIB.
Esto exige “un mayor endurecimiento de la política”, afirma el Fondo, que considera positivas las medidas acordadas por Buenos Aires para las exportaciones y la imposición de nuevos impuestos a las importaciones. En cuanto al gasto, el FMI pide contener el crecimiento de la masa salarial, actualizar las tarifas de la energía, mejorar la asistencia social y racionalizar “las transferencias corrientes a las provincias y empresas estatales”.
Sobre la estrategia de financiación, la organización considera que los recientes canjes voluntarios de deuda “han reducido significativamente los riesgos de refinanciación”. La política acordada tiene como objetivo aumentar las reservas durante el resto del año, con la meta de una acumulación de reservas internacionales netas de alrededor de USD 1.000 millones para finales de 2023.
“Mantenerse al día”
El FMI espera que el Gobierno argentino se beneficie de mejoras en el balance energético, gracias a la finalización del primer tramo del Gasoducto Néstor Kirchner (GNK), y “de la esperada recuperación de la sequía”.
Según Cubeddu y Ahuja, el Gobierno aceptó aplicar las medidas “en las próximas semanas y meses, y adaptarse de manera proactiva a la evolución de las condiciones externas e internas”, además de “mantenerse al día con sus obligaciones financieras con el Fondo”, al que debe de pagar unos 2.500 millones de dólares para el 31 de julio.
Para el ministro de Economía argentino, Sergio Massa, candidato a la Presidencia del país por la coalición peronista de centroizquierda en el poder, el acuerdo define “cómo llevar adelante cuentas públicas, acumulación de reservas”.
“No es que hay que entregar absolutamente nada”, declaró a varios medios el ministro, que acusa a la oposición de haber intentado “trabar el acuerdo”. Quedan quince días por delante antes de que el directorio dé el visto bueno al acuerdo, algo que suele ser un mero trámite. La próxima revisión tendrá lugar en noviembre.
*Con información de la AFP.