Un juzgado de Bolivia reanudará el próximo lunes el juicio contra la expresidenta de derecha Jeanine Áñez, esto por el supuesto golpe de Estado contra su antecesor Evo Morales en 2019, informó este martes el registro público judicial.
El Tribunal de Sentencia Primero de Anticorrupción del departamento de La Paz anunció la decisión tras conocer una resolución del Tribunal Constitucional que rechazó la semana pasada una demanda de la defensa de Áñez contra al proceso penal.
“En tal virtud, a efectos de proseguir con el juicio oral se señala audiencia de prosecución de juicio para el 6 de junio de 2022 a las 14:00 horas” (18h00 GMT), dice la resolución publicada por el Sistema de Registro Judicial (Sirej).
El proceso se hará en modo semipresencial, por lo que las autoridades carcelarias deberán habilitar una plataforma virtual para la exmandataria, así como el apoyo médico necesario.
El juicio se suspendió a principios de mayo, cuando los abogados de la exjefa de estado presentaron la demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC).
Áñez asumió el poder en noviembre de 2019, en medio de una fuerte convulsión social tras la renuncia de Morales, y su defensa insiste en que le corresponde un juicio de responsabilidades o de privilegio y no uno por la justicia ordinaria.
La demanda ante el TC arguyó que son inconstitucionales las tipificaciones de los delitos contra la expresidenta de 54 años, como los de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.
Los abogados de la exmandataria, encarcelada de manera preventiva desde marzo de 2021, presentaron esta semana un nuevo recurso contra el fallo del Tribunal Constitucional. Argumentaron que el proceso no debería reanudarse la próxima semana, sino hasta que se resuelva la nueva consulta legal.
Áñez reemplazó al mandatario izquierdista Morales, quien gobernó Bolivia desde 2006 y ahora, el partido de Morales, dice que fue sacado del poder por medio de un golpe de Estado, con la participación de la Unión Europea (UE), Brasil y Ecuador, la Iglesia católica y líderes locales de derecha.
Sus adversarios defienden, en cambio, que hubo una sublevación popular contra Morales, a quien acusan de haber hecho fraude en las elecciones de 2019, cuando pretendía obtener un cuarto mandato hasta 2025.
Cabe resaltar que la expresidenta interina de Bolivia cumplió a principios de 2022 un año en prisión preventiva. “Pido perdón por los errores cometidos durante el año de mi gobierno, el que no debió ser un año, sino tres meses, pero la pandemia nos obligó a postergar las elecciones”, dijo la exmandataria en ese entonces.
Aseguró “estar secuestrada y presa siendo inocente [...]. Todo lo que hice fue cumplir con mi deber”. Ella, quien se define como “presa política”, hizo una huelga de hambre de dos semanas en febrero, cuando se inició el juicio en su contra.
SEMANA recuerda que se le imputa haber asumido la presidencia de forma inconstitucional en noviembre de 2019, tras la renuncia de Morales.
Fue en octubre de 2019, cuando este mandatario se postuló a un cuarto mandato pese a perder un referéndum para habilitarlo a una nueva reelección. En medio de una fuerte convulsión social y acusaciones de fraude, finalmente perdió el respaldo de mandos militares y policiales y salió del país.
Quienes debían remplazarlo renunciaron uno tras otro: el vicepresidente, la titular de la cámara alta y el presidente de la cámara de diputados. En medio de un vacío de poder asumió Áñez, la siguiente en la línea de sucesión en el Senado.
*Con información de AFP.