El caso de Ayotzinapa sigue marcado por la impunidad. El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, desaparecieron cuando se dirigían a Ciudad de México para asistir a una manifestación.
Desde entonces, un velo de incertidumbre cubre el asunto. Los años pasan y hay dos preguntas sin respuesta: ¿por qué los asesinaron?, ¿quién dio la orden? Este mes el caso revivió tras años de silencio. El Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Innsbruck, Austria, identificó los restos de Jhosivani Guerrero de la Cruz, uno de los 43 estudiantes desaparecidos. El procedimiento, llevado a cabo mediante análisis de ADN nuclear a una vértebra encontrada en un sitio conocido como Barranca de la Carnicería, arrojó 99,9 por ciento de coincidencia con sus padres.
El resultado tumbó la versión de la anterior Fiscalía, que anunció, hace seis años, que había encontrado restos del estudiante Guerrero en otro punto de la zona de búsqueda, a 800 metros del último hallazgo. No obstante, los resultados de aquellos restos arrojaron apenas 17 por ciento de coincidencia. El golpe se suma al recibido por la Procuraduría con su “verdad histórica”, y pone en el ojo del huracán al Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.
Una vez perpetrado el crimen, las primeras versiones de las autoridades afirmaban que los estudiantes fueron atacados por un grupo de policías, quienes incineraron sus cuerpos en un basurero para arrojarlos al río. Meses después, la Procuraduría complementó la versión argumentando que los jóvenes habían tomado por la fuerza los autobuses en los que se movilizaban, y que su asesinato era obra de narcotraficantes del cartel local Guerreros Unidos, tras ser capturados y entregados por policías corruptos. Una versión que pretendía dar el caso como cerrado.
Sin embargo, un grupo independiente de expertos forenses, contratados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), determinó que los estudiantes no pudieron haber sido incinerados en el basurero de Cocula, pues el terreno no presentaba antecedentes de un incendio de tal magnitud. “Se ha demostrado que la ‘verdad histórica’ no tiene base científica y es contraria a los estándares internacionales”, comentó este martes Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Acusación respaldada por el actual fiscal general de México, Alejandro Gertz, y por el presidente Andrés Manuel López Obrador (Amlo).“Se desconoce lo que se llamó la ‘verdad histórica’, todo esto que fabricaron acerca de la desaparición de los jóvenes. Según entendí, se tienen los elementos para probar que es una gran simulación, y hay cómo demostrar lo que verdaderamente sucedió”, indicó el mandatario mexicano.
Su llegada al poder en 2018 ha sido clave para retomar un proceso que había quedado impune y en el olvido con los años. Amlo les prometió a las familias de los jóvenes desaparecidos resolver el caso, y hay que reconocerle que ha cumplido. La Unidad Especial de Investigación y Litigación ha recuperado más de 180 piezas óseas desde noviembre de 2019, que serán llevadas a Austria para nuevos estudios. No obstante, el camino aún es largo y truculento, pues los familiares piden romper el “pacto de inmunidad” que se creó para proteger a las autoridades federales y al Ejército, cuya participación aún es motivo de investigación.
El paradero de los 43 estudiantes sigue siendo un misterio. Pero la confirmación de los restos de Jhosivani Guerrero, que se suma a Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Alexánder Mora Venancio, revive el episodio más crudo de violación a los derechos humanos en la historia reciente de México. Mientras una enigmática mano negra trata de desviar la investigación, el mundo entero se pregunta en dónde se encuentran los estudiantes.