La Defensoría del Pueblo de Perú manifestó su desacuerdo frente a una propuesta que se estudia desde la Presidencia de la República para retirar la obligatoriedad de la medida del uso de tapabocas, impuesta en el marco de la actual pandemia.

“Por precaución se debe seguir haciendo el máximo esfuerzo para evitar contagios y muertes por covid-19 durante los próximos meses. No bajemos la guardia”, advirtió la entidad a través de un hilo de Twitter.

Dentro de las razones que da la institución para que dicha propuesta no prospere está la “precariedad de los servicios de salud” en su país, señalando que el tema del coronavirus aún es prioridad, advirtiendo que no puede pasar a un segundo orden, ni ser descuidado, más aún cuando se avanza en la reactivación de otros escenarios como la educación, llamando a la “prudencia” por parte de los dirigentes.

“El Gobierno debe evitar decisiones que motiven el descuido de la ciudadanía ante una pandemia que sigue causando daños”, apuntó la entidad, al tiempo que afirmó que dicha medida de flexibilizar la obligatoriedad del uso de tapabocas no debería ser aún contemplada en Perú, sobre todo, si se tiene en cuenta que el país aún cuenta con una baja tasa de vacunación.

“Recordamos que en nuestro país falta vacunar contra covid-19 a millones de personas con la primera, la segunda o tercera dosis”, señala la entidad en su comunicado, y alerta ante un eventual escenario de libertad en el uso del tapabocas, en un ambiente inmunológicamente deficiente.

Según la Defensoría peruana, actualmente los espacios abiertos, precisamente en los que se estudia abolir la obligatoriedad del tapabocas, como “mercados o avenidas donde abunda el comercio ambulatorio”, deben ser vistos, al contrario, como “zonas de mayor riesgo de contagio para las personas que no usan mascarillas adecuadamente”.

Según advierte la Defensoría peruana, su preocupación frente a la flexibilización del uso de mascarilla ya fue presentada ante el Gobierno de Pedro Castillo, intentando que este caiga en la cuenta de que es una mala idea el levantamiento de las medidas de bioseguridad, en los espacios que precisamente revisten mayor riesgo, derivados de la activación de aforos del 100 %.

En este mismo sentido, la Defensoría pidió reconsiderar la medida, aún más en zonas que están más expuestas debido a su baja cobertura de vacunación.

De igual modo, la Defensoría peruana también se manifestó este miércoles frente a la situación educativa de ese país, y cómo el regreso a clases, en detrimento de los estudiantes, se ha visto condicionado a que se cumpla con la vacunación completa anticovid de los profesores y estudiantes.

Desde la Defensoría se elevó un llamado a los Ministerio de Educación y Salud, para que el “regreso presencial con jornada escolar completa no esté condicionado a la vacunación contra el coronavirus de docentes y estudiantes”.

En ese sentido, la entidad señaló que “mascarillas y ventilación son eficaces para prevenir contagios y evitar que sigan perdiéndose horas de clase”, señalando el grave daño que se hace a los estudiantes al privarlos de su derecho a la educación, advirtiendo el deterioro de la calidad de la educación, en tanto solamente, y en virtud de la pandemia, se está dictando la mitad de las horas de clase.

“Urge recuperar los aprendizajes (y) por ello rechazamos demora del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud en adoptar medidas coherentes referentes al derecho a la educación”, resalta la Defensoría a través de un comunicado difundido en Twitter.

Según la entidad, “al 18 de abril de 2022, más del 2 % del personal de instituciones educativas no está vacunado”, e indicó que la cifra podría ser aún más alta; no obstante, no existe claridad en los registros del proceso en las provincias.

Para la Defensoría, si bien todos los actores de la educación peruana, docentes y alumnos deben vacunarse, “urge recuperar la jornada escolar completa ante la crítica situación educativa”.

En esa misma senda, la Defensoría dijo que deberían ser, en ese caso, los organismos gubernamentales los encargados de proveer los elementos de bioseguridad para los estudiantes y profesores.

En su denuncia, la Defensoría también cuestionó los retrasos en los programas de vacunación, puesto que de acuerdo con las estadísticas de la cartera encargada de Salud “no se ha llegado al 50 % de cobertura de vacunación contra covid-19 con la segunda dosis en niñas/os de 5 a 11 años en 18 regiones del país”.

La institución pidió así que se acelere el proceso con el fin de garantizar el derecho a la educación tanto en espacios públicos como privados.