Justo cuando parecía inminente la total liberación del religioso nicaragüense Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, este miércoles 5 de julio, luego de meses y meses de negociaciones y peticiones por parte de organizaciones de protección de derechos humanos a nivel mundial, el régimen de Daniel Ortega regresó al clérigo a prisión y canceló su viaje a Roma.
La noticia fue confirmada por “fuentes eclesiales y diplomáticas” al medio local Confidencial, afirmando que, luego de que Álvarez fuera liberado de la cárcel La Modelo en Nicaragua, y comenzaran las negociaciones entre un enviado del Vaticano y el régimen local, sin embargo, este miércoles las negociaciones habría “fallado” y el obispo regresó a prisión.
Según explicó el medio local, habría sido el mismo Álvarez quien se opuso a su exilio en Roma, por lo que las negociaciones no habrían tenido ninguna otra alternativa y, el régimen nicaragüense no permitió su liberación y continuación del trabajo religioso en el país, por lo que fue enviado de nuevo a la cárcel.
“La única circunstancia en la que monseñor Álvarez aceptaría irse al exilio es si el papa Francisco se lo pide o se lo ordena, y eso no ocurrió antes, ni tampoco ha ocurrido en las pláticas que llevaron a cabo esta semana con un representante diplomático del Vaticano”, afirmó la fuente para el Confidencial, siendo esta la constante respuesta de Álvarez en medio de su lucha contra el régimen de Ortega, puesto que ya se ha negado a ser exiliado en diferentes ocasiones.
Pues bien, antes de esto el medio citado había confirmado que el obispo se encontraba bajo resguardo de la Conferencia Episcopal. “Sabemos que existen contactos entre el Gobierno, la Conferencia Episcopal, y el Vaticano para liberarlo y enviarlo al exilio”, afirmando que había sido liberado a inicios de esta semana, y se indicó que sería enviado a Roma tras su excarcelación, sin embargo, esto no sucedió.
Es de recordar que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió la semana anterior la liberación del obispo, pidiendo a las autoridades nicaragüenses que garantizaran “un trato digno” al prelado “mediante el acceso inmediato a servicios de salud, medicamentos y alimentación adecuada”, así como el contacto con “familiares y abogados”, puesto que se encontraba en una situación de “extrema vulnerabilidad”.
La Corte IDH, con sede en San José, dispuso “requerir al Estado de Nicaragua para que de forma inmediata proceda a la liberación de Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, Obispo de Matagalpa, asimismo para que adopte las medidas necesarias para proteger eficazmente su vida, salud e integridad personal”, informaron desde el tribunal continental a través de una resolución.
Álvarez fue condenado el 10 de febrero tras rechazar, un día antes de su sentencia, marcharse a Estados Unidos junto a 222 presos políticos excarcelados y expulsados del país. La Corte había establecido un plazo hasta el 7 de julio para que Nicaragua tramitara la liberación del prelado e informara debidamente del proceso de excarcelación al tribunal.
El caso de Álvarez es uno de los temas de tensiones entre el gobierno de Daniel Ortega y la Iglesia Católica, mientras las relaciones diplomáticas de Managua con el Vaticano están al borde de la ruptura. A inicios del pasado marzo, el Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense sostuvo en un comunicado que “se ha planteado una suspensión de las relaciones diplomáticas” con la Santa Sede.
El encargado de negocios del Vaticano en Nicaragua, Marcel Diouf, abandonó el país el 17 de marzo. Hace un año Ortega expulsó el nuncio, Waldemar Stanislaw Sommertag.
El 10 de febrero, un día después de la excarcelación y expulsión de los 222 presos, un tribunal condenó al obispo Álvarez a 26 años y cuatro meses de cárcel y al pago de una multa de 1.600 dólares. Además, lo privó de su nacionalidad nicaragüense y de sus derechos ciudadanos a perpetuidad.
En los últimos meses, el Gobierno de Daniel Ortega ha privado de nacionalidad a disidentes, ha expulsado del país a embajadores y ha clausurado miles de ONG nacionales e internacionales, así como medios de comunicación y organizaciones religiosas.
Ortega ha criticado en numerosas ocasiones a la Iglesia Católica, a la que ha calificado de “dictadura perfecta” y de “usar” a sus obispos para “dar un golpe de Estado” en el país centroamericano, asegurando que algunos sacerdotes hicieron llamamientos al derramamiento de sangre durante la ola de protestas contra el Gobierno en 2018, que se saldó con la muerte de más de 300 personas.
*Con información de AFP y Europa Press