Diferentes organizaciones sociales chilenas e internacionales solicitaron este jueves una acusación ante la Corte Penal Internacional (CPI) para que esta inicie una investigación en contra del presidente de Chile, Sebastián Piñera, y sea juzgado por, presuntamente, haber cometido crímenes de lesa humanidad en las protestas que se registraron en ese país en 2019.

Durante el denominado “estallido social”, fueron más de 30 los muertos, así como miles las personas heridas.

La denuncia, que fue radicada en la instancia de La Haya, en Países Bajos, por el exjuez español Baltasar Garzón, está respaldada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CHDH), la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED).

No obstante, de acuerdo con la agencia EFE, el tribunal podría durar varios años solo en declarar la admisibilidad del recurso, por lo que se cree que el proceso va a ser extenso.

El documento presentado por los denunciantes argumenta que los actos en los que estaría envuelto Piñera ocurrieron en “el contexto de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”, y son “constitutivos de crímenes de lesa humanidad”.

Por tal razón, el informe se basa en los documentos que ya existen sobre violaciones a los derechos humanos que sucedieron en el contexto del estallido hechos por Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Al respecto, en diálogo con el medio Ciper Chile, Baltazar Garzón aseguró que “los hechos acontecidos tras el estallido social revisten categoría, creemos, de crímenes de lesa humanidad. La denuncia ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional quiere poner de manifiesto la impunidad que se está viviendo en Chile”.

El informe va dirigido a la fiscal general de la CPI, Fatou Bensouda, y solicita una indagación y el inicio de un juicio en contra de Piñera y sus colaboradores civiles, militares y policiales.

Del mismo modo, la denuncia reclama que los mencionados serían responsables de la comisión de “crímenes de lesa humanidad (…) de manera generalizada y sistemática”, por lo que la CPI debe intervenir, pues dentro del país no se ha hecho una investigación adecuada de los hechos.

“Los tribunales chilenos han incumplido su deber de administrar justicia”, manifestó Carlos Margotta, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos.

Piñera fue noticia recientemente pues, debido a la difícil situación económica que pasan cientos de miles de chilenos en este momento por cuenta de la pandemia de covid-19, anunció que este lunes presentaría un proyecto de ley con el que busca reglamentar el retiro de pensiones y la recuperación de los fondos de pensiones.

El jefe de Estado indicó que el valor que podrán retirar los afiliados será de un tope máximo de 150 UF (US$ 6.100 aproximadamente) y un mínimo de 35 UF (US$ 1.400 aproximadamente). Piñera manifestó que el Estado dará un bono de aproximadamente US$ 280 a todas las personas que ya no tengan fondos.

Para avanzar con la reintegración, el proyecto contempla que se incrementará la cotización mensual en un 2 %, que estará a cargo del empleador y del Estado. Cada uno tendrá que asumir un 1 %, con lo cual se calcula que se aumentarían en un 20 % los actuales fondos.

Sobre las rentas vitalicias, el funcionario manifestó que el proyecto ofrecerá un adelanto de hasta el 10 % de la reserva técnica, con un tope de 100 UF. Este dinero se descontará de la renta vitalicia (máximo 10 %).

“Para recuperar los ahorros previsionales retirados y para fortalecer las pensiones futuras de todos los cotizantes que retiren sus ahorros previsionales, tenemos un mecanismo de recuperación de esos ahorros a través de dos aportes: primero, un aporte del 1 % adicional al ahorro de cada trabajador a cargo del empleador. Segundo, otro aporte adicional y complementario del 1 % que será financiado por el Estado. De esta forma, el aporte total al ahorro previsional de los trabajadores se va a incrementar de 10 a 12 puntos, es decir un 20 %”, explicó Piñera en una alocución el domingo en la noche.

Sin embargo, el proyecto no tuvo el respaldo desde el Congreso, pues el presidente de la corporación, Pablo Vidal (del partido político Nuevo Trato), señaló tras el anuncio del Gobierno que “el presidente (Sebastián Piñera) prefiere tratar de ganar un gallito absurdo que él ha decidido tener con el Congreso Nacional, en vez de respetar el proyecto que ya se aprobó”.

En esa línea, el diputado agregó: “Espero que el gobierno y Chile Vamos dejen de ser una piedra de tope para las iniciativas que el pueblo está pidiendo que avancen, entre ellas, el proyecto del royalty minero; ojalá los parlamentarios de Chile Vamos puedan respaldarlo, ojalá podamos seguir avanzando con el impuesto de los superricos y también con una renta básica universal. Son muchos los desafíos de Chile como para estar perdiendo el tiempo con este tipo de maniobras”.

Por su parte, el diputado Matías Walker (DC), integrante de la Comisión de Constitución, le afirmó al diario La Tercera de Chile: “Lo que nosotros hemos señalado es que corren por carriles distintos. Desde luego tenemos la obligación constitucional de pronunciarnos, tramitar el proyecto que va a ingresar el gobierno de tercer retiro (...) Eso no obsta que nos hayamos hecho parte en el Tribunal Constitucional para defender soberanamente lo que ya resolvió el Congreso Nacional”.