Geovanny Fuentes Ramírez no se hundió solo. Arrestado en Miami el año pasado, es acusado de tráfico de cocaína y porte ilegal de armas. Pero el presunto narcotraficante prendió el ventilador y señaló directamente al presidente hondureño, Juan Orlando Hernández. Tras la acusación, la Fiscalía de Nueva York ahora señala a Hernández como “coconspirador” de Fuentes en el envío de toneladas de droga a Estados Unidos y por participar en un esquema de sobornos de narcos a cambio de protección del Estado. Leonel Rivera, exjefe del cartel hondureño los Cachiros, también dijo que sobornó a Hernández, a su vicepresidente –Ricardo Álvarez– y a dos expresidentes –Manuel Zelaya y Porfirio Lobo– a cambio de protección para lavar dinero. Rivera contó que los Cachiros entregaron a Hilda Hernández, hermana del mandatario, 250.000 dólares en efectivo en 2012 a cambio de protección para no ser extraditado a Estados Unidos.
No es la primera vez que Hernández se ve involucrado en un caso de narcotráfico. En 2019, su hermano Juan Antonio ‘Tony’ Hernández fue acusado de tráfico de drogas hacia Estados Unidos y condenado a 40 años de cárcel; Tony era compañero de partido del presidente y se apoyó en funcionarios del Gobierno para llevar a cabo sus operaciones de tráfico de drogas, además de desviar parte de las ganancias a las campañas políticas de ambos. También ordenaba el asesinato de narcos rivales .El caso trajo de nuevo a la luz una problemática latente en Centroamérica, que hace una década superó a México y al Caribe como principal ruta del narcotráfico. Tras el golpe de Estado en 2009 contra Manuel Zelaya, Honduras se convirtió en una autopista de vía libre para el tráfico de drogas en la región.
Pero, luego de la llegada de Hernández en 2014, Estados Unidos vio en el mandatario a un aliado para enfrentar a los narcos en la zona; sin embargo, las nuevas revelaciones dejan esa relación en la cuerda floja. Como le dijo a SEMANA Alex Papadovassilakis, investigador de la plataforma sobre crimen organizado InSight Crime, “El riesgo para Estados Unidos es que esa relación podría volverse injustificable por las contradicciones de tener un aliado con fuertes vínculos al crimen organizado”. Por su parte, Jennifer Ávila, periodista hondureña y fundadora del medio digital Contracorriente, le explicó a SEMANA que “más allá de los anuncios de posibles sanciones, las relaciones bilaterales no se afectarán. Honduras es un país que depende en gran medida del apoyo financiero y técnico de Estados Unidos. Para este país, por otro lado, sería contraproducente reducir el apoyo a una nación que le produce el problema de la migración masiva. Los mensajes desde Estados Unidos podrían estar orientados a advertir a la clase política de las consecuencias de tener vínculos con el narcotráfico”.
No es la primera vez que un mandatario hondureño se ve implicado en un caso de narcotráfico. En 2013, el entonces presidente Porfirio Lobo fue investigado por la DEA, y su hijo fue capturado y acusado de tráfico de cocaína; se declaró culpable y paga una condena de 24 años de prisión. En ambas oportunidades, el Gobierno hondureño se ha defendido bajo el argumento de que todo se basa exclusivamente en testimonios de narcos motivados por venganza luego de ser extraditados. Según Hernández, durante su mandato el tráfico de drogas disminuyó, pero él parece no entender que las acusaciones en su contra no son por haber disminuido el tráfico, sino por permitir una parte de ese tráfico mediante un presunto pacto. A pesar del escándalo internacional, es posible que la investigación quede en el aire. “Hernández puede encontrar un mecanismo judicial interno para evadir una posible extradición –dice Ávila–. En Honduras, el presidente cuenta con todos los apoyos necesarios para garantizarse impunidad”.
Las cartas están sobre la mesa. Mientras tanto, los narcotraficantes cantan, y el Gobierno insiste en que todos los narcos se pusieron de acuerdo para incriminarlo con el pretexto de la venganza.