Golpizas, descargas eléctricas, privación del sueño, abusos sexuales, violaciones de derechos humanos y la ausencia de garantías judiciales son solo algunos de los abusos y excesos a los que al menos 50 menores de edad han sido sometidos por las autoridades bajo el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. SEMANA recrea la forma en la que la dictadura decidió fijar sus objetivos de represión en los más jóvenes.
Como líder detrás de estos escabrosos hechos está el dictador Nicolás Maduro, quien desde el pasado 28 de julio ha llevado a cabo una campaña de represión sin antecedentes. Hace más de dos meses que se realizaron las elecciones en el vecino país, en las que, en un sonado fraude electoral, el mandatario venezolano se hizo reelegir dejando de lado a la oposición de Edmundo González, la cual asegura que ganó los comicios y ha mostrado pruebas al respecto.
El régimen reveló su peor cara y sacó todo su arsenal a las calles para reprimir a la población mediante las fuerzas de seguridad ligadas a la dictadura. Pero Maduro, siempre hambriento y paranoico por una posible revolución en su contra en las calles, quería más capturas de ciudadanos inocentes, y es ahí cuando la historia se entrecruza con la de los jóvenes encerrados en los penales.
“Es una consecuencia de que Nicolás Maduro ordenó que se detuviera una cantidad de personas luego del 28 de julio. Él mismo determinó una cuota de individuos que tenían que haber sido detenidos. Primero estableció que iban a ser 1.200 y luego, cuando se llegó a ese cupo, anunció que iban a ser detenidas 1.000 personas más”, cuenta a SEMANA el investigador Rafael Uzcátegui. Explica que, bajo este contexto, la fuerzas de seguridad empezaron a cometer falsos positivos judiciales para cumplir con las cuotas impuestas por el dictador.
Con el aumento de la represión, las extorsiones a la población por parte de las fuerzas armadas venezolanas para evitar detenciones se han vuelto cada vez más comunes. Son conocidos casos en los que piden exorbitantes sumas de dinero, que rondan entre los 500 dólares (2 millones de pesos) y los 5.000 dólares (21 millones de pesos).
En este escenario, las fuerzas aliadas al régimen optaron por capturas más fáciles para cumplir las cuotas del dictador, como menores de edad. Según la organización Foro Penal, más de 150 menores han sido capturados por la dictadura. “Los funcionarios policiales no solamente hicieron detenciones en las adyacencias de las manifestaciones, sino también en otros sitios en donde podían llenar la cuota diaria que se les exigía de personas detenidas. Hemos recibido testimonios de familias cuyos hijos han sido detenidos saliendo de un centro comercial”, explica Uzcátegui.
Pero, más allá de las detenciones, las condiciones bajo las cuales los menores de edad están siendo retenidos con total arbitrariedad por el régimen de Maduro son la gran preocupación. Aunque las familias tienen miedo a denunciar por posibles represalias, se conocen casos de golpizas, aplicaciones de electricidad, abusos sexuales, imposibilidad de acceder a una defensa privada, aislamiento total y el nulo permiso para ser visitados por las familias. Muchas de estas prácticas han sido denunciadas por la ONU.
Hace unas semanas, el periodista venezolano Orlando Avendaño hizo conocido el caso de Lauriannys Cedeño, una menor de 16 años de la localidad de Carúpano, que tras las elecciones del 28 de julio publicó un mensaje contra el fraude en u grupo de WhatsApp, pero Nilsa López, una vecina y funcionaria de la Alcaldía chavista, la delató con las autoridades, por lo que fue buscada por los servicios de seguridad en su casa y capturada. Pero la pesadilla no terminó ahí.
“Se la llevaron prácticamente arrastrada, y ella sufrió un colapso nervioso, sufrió daño cerebral. Luego de eso, fue trasladada a un centro de salud y, estando hospitalizada y en mal estado en un hospital muy muy miserable de la zona, le imputaron delitos de instigación al odio”, narra Avendaño en diálogo con SEMANA sobre el caso más viral relacionado con las detenciones de menores de edad en Venezuela.
Acosados y golpeados
Con respecto a las prácticas que cometen las fuerzas bolivarianas al servicio del régimen, Avendaño cuenta que las mujeres menores de edad son acosadas sexualmente por las autoridades en los centros de detención. También añade el caso de las madres que fueron a visitar a sus hijos en La Guaira; además de que no se les permitió verlos, estos fueron brutalmente golpeados para que ellas pudieran escuchar los gritos de los jóvenes.
Juan Camilo Vargas, un joven colombiano, es una de las víctimas del régimen de Nicolás Maduro. Estudia en Maracaibo su carrera profesional, donde reside con su madre. Pero ni su condición de extranjero lo salvó de caer en las garras de los organismos de seguridad de Venezuela. Hace más de dos meses fue detenido por las autoridades del país, y al ver que era reservista del Ejército de Colombia ahora lo acusan de formar parte de un plan de magnicidio contra el dictador.
“Cuando iba pasando por el punto de control de río Limón, la Guardia Nacional venezolana lo paró, lo requisaron y le encontraron en el celular la aplicación de WhatsApp; apenas la vieron, lo esposaron automáticamente. Luego le encontraron la libreta militar de los que prestan servicio aquí en Colombia y se lo llevaron. Unos días después le allanaron la casa y, entre otras cosas, se llevaron el portátil. Una tía fue a buscarlo y también fue capturada”, dice Luis Fernando Vargas, padre del joven, en SEMANA.
La familia le hizo un llamado al Gobierno colombiano y al venezolano para encontrar a su hijo, del que no tienen ninguna prueba de vida, más allá de que se les haya informado que está detenido en el Batallón de Contrainteligencia Militar, en Caracas. Ahora la lucha consiste en presentar los documentos que lo avalan como estudiante para conseguir una pronta liberación de las autoridades, que mantienen total hermetismo.
Las perspectivas a futuro son muy duras para las familias venezolanas que tienen a sus hijos y familiares detenidos. Fuera de que regularmente encarcelan a personas pobres que no pueden pagar las extorsiones, la Justicia, cooptada por el régimen, les plantea duros acuerdos en su contra para que puedan recuperar la libertad, a pesar de que no han cometido ningún delito.
“Un grupo de chicos en Valencia fue presentado ante la Fiscalía mucho tiempo después de la detención, lo que ya es irregular de por sí, y la parte acusadora les imputó delitos de instigación al odio y terrorismo. La jueza propuso un acuerdo en el que los chicos se declaraban culpables y recibían una pena de cinco a seis años. Si no aceptan, van a ir a juicio y les podría esperar una pena de diez años”, afirma Avendaño.
Por ahora se espera que la campaña de terror de Nicolás Maduro contra la población venezolana continúe por lo menos hasta el próximo 10 de enero, pues el dictador juramentará como presidente reelecto, a pesar del fraude electoral de julio, y cuando Edmundo González, el ganador reconocido por decenas de países, promete llegar al territorio nacional para empezar a actuar como el nuevo mandatario de Venezuela.