Un tribunal venezolano condenó a un exdiputado de la oposición y a otras 16 personas a penas de entre cinco y 30 años de cárcel por su participación en un presunto atentado fallido contra el presidente Nicolás Maduro en 2018.
Juan Requesens, que integró el anterior Parlamento elegido en 2015, controlado por la oposición, recibió una pena de ocho años de cárcel “por el delito de conspiración”, publicó su abogado, Joel García, tras una audiencia que se realizó en la madrugada. Del total de condenados, 12 recibieron la pena máxima de 30 años. El resto a 24, 20 y cinco años, además de los ocho que recibió el exdiputado.
La fiscalía imputó cargos de terrorismo, asociación para delinquir, homicidio intencional calificado en grado de frustración contra el presidente de la República, traición a la patria y lanzamiento de explosivos en lugares públicos, entre otros. “Este tipo de hechos no pueden pasar impunes y merecen la máxima pena”, dijo el fiscal general Tarek William Saab en una alocución.
La sentencia se produce cuatro años exactos después de la explosión de dos drones en las proximidades de una tarima donde Maduro encabezaba un acto con militares, el 4 de agosto de 2018. Las autoridades venezolanas acusaron entonces al gobierno del saliente presidente colombiano Juan Manuel Santos de planificar el atentado, en colaboración con Estados Unidos y Perú.
Requesens fue detenido tres días después, junto a una treintena de personas, entre ellos un concejal que murió en custodia del servicio de inteligencia (Sebin).
“Estas condenas tienen como finalidad sustentar la falsa narrativa del poder en cuanto a un supuesto intento de magnicidio. Son ‘chivos expiatorios’”, indicó el abogado Gonzalo Himiob, de la ONG Foro Penal, que atiende casos de presos políticos.
A los pocos días de su arresto, el gobierno mostró a Requesens, hoy con 33 años, en un video en el que admitía haber tenido contacto con uno de los supuestos implicados en el hecho. La oposición denunció que el entonces legislador había sido amenazado o drogado.
Saab precisó que se “realizaron 91 audiencias, participaron 60 expertos, declararon 193 funcionarios actuantes y prestaron testimonio 36 testigos”. “Hubo la oportunidad, dentro de lo que implica el derecho al juicio justo, al debido proceso”, agregó.
Pero ya antes de la sentencia, el abogado García escribió que la fiscalía no pudo demostrar su culpabilidad. “La jueza no tiene cómo condenarte y debes ser absuelto, pero nuestra justicia está secuestrada”. Requesens estuvo recluido en la sede del Sebin hasta 2020, cuando recibió el beneficio de casa por cárcel. No está claro si esta medida se mantendrá.
“Repudio eterno a tiranos y tiranía”, tuiteó el padre del condenado, también llamado Juan Requesens. “La dictadura lo secuestró y mantiene privado de su libertad como mecanismo de persecución a toda una sociedad que resiste”, dijo también en Twitter el dirigente opositor Juan Guaidó.
Foro Penal, que contabilizó 245 presos políticos en Venezuela al 1 de agosto, destacó la condena a 30 años de Emirlendris Benítez y Yolmer Escalona, que “estaban prestando un servicio de taxi a personas que no conocían (que estaban solicitadas) cuando fueron arrestados”.
“No existen evidencias que la vinculen a ninguno de esos delitos”, destacó Himiob, que indicó que el Grupo de Trabajo Sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU declaró en 2021 que la detención de Benítez “había sido arbitraria e instó al Estado venezolano a liberarla”, pero “nada de esto fue tomado en cuenta por el tribunal”.
El general del Ejército Héctor Hernández Da Costa, de 56 años y condenado a 16 años, tiene igualmente un pedido de liberación del grupo de la ONU, según su hija, Loredana Hernández. “Pedimos un milagro, que haya justicia, lo que acaba de pasar es el más claro reflejo de que no hay justicia en nuestro país”, dijo. Maduro, en el poder desde 2013, recordó en Twitter el “día en el que los enemigos atentaron contra la paz de Venezuela”. “Seguimos firmes, unidos, conscientes y en pie de lucha”.
Con información de AFP