El Congreso de El Salvador aprobó este martes una ley para agilizar la construcción de nuevas prisiones, en momentos en que el Gobierno mantiene una ofensiva contra las pandillas y ha detenido a 13.573 de sus presuntos integrantes en menos de un mes.
La normativa fue aprobada con los votos de 64 diputados aliados del presidente Nayib Bukele, de los 84 con los que cuenta la Asamblea Legislativa. A finales de marzo, el Parlamento aprobó un régimen de excepción que tiene a policías y militares a la caza de presuntos pandilleros.
A esas agrupaciones se les atribuye el asesinato de 87 personas entre el 25 y 27 de marzo, lo que motivó la ofensiva liderada por Bukele.
La denominada Ley Especial para la Construcción de Centros Penitenciarios establece el marco regulatorio para “la planificación, diseño, construcción y mantenimiento de los centros penitenciarios que sean necesarios, en razón del incremento de la población privada de libertad”.
De acuerdo con la normativa, será el Ministerio de Obras Públicas la entidad encargada de la construcción de las nuevas prisiones y con la posibilidad de que pueda establecer “convenios” con empresas privadas para tal fin.
Las prisiones serán operadas por la Dirección General de Centros Penales. La ley aprobada no establece un número específico de prisiones a levantar, que se sumarán a la veintena de cárceles que ya existen.
“Ahora se puede decir que en las cárceles se cumple la ley y en los centros penitenciarios que se construya no habrá lujos, ni comodidades, sino lo necesario para quienes se quieran rehabilitar, no más”, señaló el diputado del oficialista Nuevas Ideas, Caleb Navarro.
La ley debe ser promulgada por el presidente Bukele y publicada en la gaceta oficial para entrar en vigor. Según el presidente, quien goza de altos niveles de popularidad, en 24 días de vigencia del régimen de excepción se han detenido 13.573 pandilleros.
Las detenciones no tienen precedentes en los últimos 30 años en este país centroamericano asediado por la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, entre otras, que suman 70.000 miembros en El Salvador, de los cuales casi 30.000 estarían tras las rejas, luego de las recientes capturas.
Bukele, considerado héroe y villano
Bukele, quien ha sido polémico desde que se posesionó como presidente de El Salvador, ha sido fuertemente criticado por estas decisiones desde organizaciones de Derechos Humanos como la ONU, quienes han afirmado que esta lucha contra las pandillas debe garantizar el respeto a la dignidad humana sin importar que se trate de delincuentes.
No obstante, el mandatario se ha mostrado despiadado frente a los reos que provienen de estos grupos delincuenciales, amenazando incluso con dejar sin alimentación a los presos de todo el país como respuesta al aumento de la violencia de organizaciones criminales en las cáceles a nivel nacional.
“Voy a aprovechar la oportunidad para enviarles un mensaje a los criminales […] Ustedes desatan una ola de criminalidad y nosotros quitamos la comida en las cárceles […]; les juro por Dios que no comen un arroz, así que mejor estense tranquilos y déjense arrestar”, dijo el pasado 6 de abril.
Para algunos, esta represión contra los delincuentes se apoya en la seguridad y la justicia para vulnerar los derechos humanos básicos que se deben mantener en cualquier operativo policial.
La oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos expresó recientemente su preocupación por las medidas excepcionales aprobadas en El Salvador, señalando presuntos “tratos crueles” contra pandilleros presos.
“Estamos profundamente preocupados por la serie de medidas introducidas recientemente en El Salvador en respuesta al aumento de los asesinatos de pandillas”, señaló la portavoz de la Alta Comisionada Liz Throssell, en una nota de prensa difundida en Ginebra.
De acuerdo con Throssell, desde que entró en vigencia el estado de excepción, el 27 de marzo, fuerzas policiales y del Ejército han sido desplegadas en zonas con presencia de pandillas y, “según informes”, “recurrieron al uso innecesario y excesivo de la fuerza”.
“Reconocemos los desafíos que plantea la violencia de las pandillas en El Salvador y el deber del Estado de garantizar la seguridad y la justicia. Sin embargo, es imperativo que esto se haga de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos”, agregó la portavoz de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
Sin embargo, muchos ciudadanos han manifestado a través de redes sociales su apoyo al presidente, alentando y celebrando las medidas que ha tomado en contra de las pandillas y sus seguidores. “Presidente, tenemos que alargar ese régimen lo que sea necesario, por mí que se quede para siempre ese régimen de cazar pandilleros y delincuentes en nuestro país”, respondió un ciudadano a uno de los trinos de Bukele.
Asimismo, miembros de la política salvadoreña también han apoyado públicamente al joven mandatario, asegurando que estas decisiones hacían falta en el país y debían ser tomadas por algún presidente.
Entre las críticas y los aplausos, en el país centroamericano continúa el estado de excepción, que pareciera dar frutos luego de que los informes de la PNC indicaran que los homicidios, la principal razón por la que la Presidencia tomó esta decisión, se han mantenido en cero durante varios días.
*Con información de la AFP.