El sábado 16 de diciembre, un tribunal del Vaticano declaró culpable a un cardenal por malversación de fondos y lo condenó a cinco años y medio de prisión, en una de las varias sentencias dictadas en un complicado juicio financiero que sacó a la luz los trapos sucios del Estado y puso a prueba su sistema judicial.
Se trata del cardenal Angelo Becciu, de 75 años, exasesor cercano del papa Francisco, quien fue juzgado junto a otras nueve personas. Es, además, el primer cardenal procesado por el tribunal penal del Vaticano. Su abogado, Fabrizio Viglione, dijo que respetaba la sentencia, pero que la apelaría.
El juicio se centró en la inversión de 350 millones de euros realizada por la Secretaría de Estado del Vaticano, de la cual Becciu era el segundo a bordo, para convertir un antiguo almacén de Harrods en apartamentos de lujo en Londres. Los fiscales alegaron que los monseñores y agentes del Vaticano le cobraron a la Santa Sede decenas de millones de euros en honorarios y comisiones y luego la extorsionaron por 15 millones de euros para que cediera el control del edificio.
Becciu fue acusado de malversación de fondos derivada de la inversión original de 200 millones de euros en un fondo que compró la propiedad londinense, así como por su donación de 125.000 euros de dinero del Vaticano a una organización benéfica dirigida por su hermano en Cerdeña. También fue declarado culpable de utilizar dinero del Vaticano para pagar a una analista de inteligencia que, a su vez, fue condenada por utilizar el dinero con fines privados.
El juicio había suscitado dudas sobre el Estado de derecho en el Vaticano y el poder de Francisco como monarca absoluto, dado que ejerce la suprema autoridad legislativa, ejecutiva y judicial, y la había ejercido de formas que, según la defensa, ponían en peligro un juicio justo.
La Fiscalía vaticana había solicitado una sentencia de siete años y tres meses de prisión contra el obispo, así como una multa de más de 10.000 euros. Finalmente, en primera instancia, Becciu fue multado con 8.000 euros (8.700 dólares)
Este caso, con múltiples ramificaciones, pone de nuevo sobre la mesa la opacidad de las finanzas del Vaticano, máxime cuando el papa Francisco ha intentado sanear su funcionamiento desde su elección en 2013.
El pontífice argentino también reformó el sistema judicial para que obispos y cardenales puedan ser juzgados en tribunales laicos, y no solo en instancias religiosas.
Aunque desde septiembre de 2020 el cardenal Becciu había sido destituido de todas sus funciones, conservaba su título. Desde entonces, este alto prelado nacido en Cerdeña ha insistido en su inocencia y ha afirmado que “nunca ha robado un céntimo”. También ha asegurado ser víctima de un “linchamiento mediático”.
Por su parte, la Santa Sede –de la que cuatro entidades se constituyeron en parte civil– invitó al tribunal a “castigar todos los delitos”, indicó el secretario de Estado y número dos del Vaticano, el cardenal italiano Pietro Parolin, que consideró la Secretaría de Estado como “la parte agraviada”.
La Santa Sede finalmente revendió el edificio de 17.000 m² situado en el elegante barrio londinense de Chelsea, a costa de grandes pérdidas.
Este caso asestó un duro golpe a la reputación de la Iglesia y del papa Francisco, que multiplicó las reformas para sanear las finanzas del Vaticano y luchar contra el fraude.
Además de la creación de una Secretaría para la Economía en 2014, limitó, desde su elección en 2013 las inversiones y las actividades del Banco del Vaticano, en especial con el cierre de 5.000 cuentas sospechosas.
*Con información de AP y la AFP.