El 9 de febrero, el régimen de Daniel Ortega liberó a 222 presos políticos a los que procedió a deportar a Estados Unidos y les privó de la nacionalidad, tras acusarlos de “traición a la patria”.
Seguido a esto, el 16 de febrero, Ortega decretó la retirada de la nacionalidad a otros 94 opositores, entre ellos el escritor Sergio Ramírez, residente en España, por estos mismos motivos y ordenó la incautación de sus bienes.
Desde entonces son ya unos 70 de los 222 opositores desterrados en Estados Unidos los que han solicitado la nacionalidad española, mientras que el país norteamericano les ofreció a este grupo al menos dos años de residencia.
El Gobierno de Panamá se sumó a la ola de solidaridad con los opositores despojados de la nacionalidad nicaragüense ofreciendo la ciudadanía a todos ellos, en un gesto que también llegó desde España, Argentina, Chile, Uruguay y México.
¿La respuesta de Ortega?, anular el nombramiento de su embajador en Panamá, dejando sin efecto el nombramiento de Marvin Roberto Ortega Rodríguez, que ejercía como embajador de ese país desde septiembre de 2016.
En otra oportunidad, el Gobierno de Nicaragua, que lidera el presidente Daniel Ortega, anunció la suspensión de las relaciones diplomáticas con la Santa Sede después de que el propio papa Francisco calificara de “dictadura grosera” y “dictadura hitleriana” al régimen sandinista.
“Ante la información que ha sido divulgada por fuentes aparentemente vinculadas con la Iglesia católica, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de nuestra Nicaragua, Bendita y Siempre Libre, precisa que entre el Estado Vaticano y la República de Nicaragua se ha planteado una suspensión de las Relaciones Diplomáticas”, publicó en su momento el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua en una nota oficial.
Según el portal de noticias nicaragüense El Confidencial, la representante diplomática del Gobierno de Nicaragua ante la Santa Sede, Yara Suhyén Pérez Calero, quien ocupa el cargo de ministra consejera en la Santa Sede, ha comunicado “verbalmente” la ruptura de relaciones en la Secretaría de Estado del Vaticano, en Roma.
No siendo suficiente, Daniel Ortega, ha ordenado en las últimas horas “dejar sin efecto” el nombramiento de Lorena del Carmen Martínez como embajadora en Brasil en respuesta a la decisión de Brasilia de ofrecer la nacionalidad brasileña a los opositores nicaragüenses declarados apátridas.
El jefe de Estado nicaragüense ha nombrado a Gadiel Osmani Arce como “ministro consejero con funciones consulares” en la Embajada en Brasil, según se recoge en La Gaceta, el boletín oficial de Nicaragua, ya que el Gobierno de Brasil se ha sumado a la ola de solidaridad con los opositores despojados de la nacionalidad centroamericana.
El régimen nicaragüense, que controla también la Asamblea Nacional, reformó la Constitución para avalar este tipo de medidas contra aquellas personas que fuesen consideradas como “traidoras a la patria”, una categoría en la que Ortega incluye prácticamente a cualquier individuo u organización percibida como disidente.
Nicaragua cierra otras dos universidades más y continúa la represión
El gobierno de Daniel Ortega retiró en las últimas horas los permisos a otras dos universidades más alegando supuestas irregularidades que ya han servido en un pasado para cerrar e ilegalizar a partidos y organizaciones contrarias a las líneas defendidas por el presidente del país.
Las afectadas son la Universidad Panamericana de Nicaragua (UPAN) y la Universidad del Pacífico (UNIP), ambas instituciones privadas registradas como asociaciones, que se unen a las diez universidades canceladas desde 2022. En lo que va de año, al menos tres universidades han sido disueltas, ha informado el diario ‘La Prensa’.
Según el comunicado publicado en ‘La Gaceta’, diario oficial del Gobierno, entre las irregularidades que se nombran para justificar la retirada del permiso a la UPAN destaca que no cuenta con la infraestructura necesaria para impartir su oferta académica y que no tiene autorización para ofrecer carreras en el exterior, entre otras.
Por su parte, con respecto a la UNIP, el diario oficial subraya que la institución “no cumple con los mínimos relativos a investigación científica, docentes contratados a tiempo completo y estructura institucional”. Asimismo, tampoco cuenta, al igual que la UPAN, con autorización para ofrecer carreras en el exterior, entre otras supuestas irregularidades.
“La Asociación Universidad del Pacífico (UNIP) ha obviado información relativa a la realización de actividades académicas y de titulación en el extranjero, otorgando títulos académicos, lo cual atenta contra el sentido de integridad y el rigor académico al que están obligadas las instituciones de educación superior”, asegura el texto.
Con información de Europa Press*